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El Gobierno de Francia pretende construir media docena de reactores nucleares que deben entrar en servicio entre 2037 y 2050, ritmo que, asegura, será posible gracias a una flexibilización de los procedimientos y no se hará sacrificando la seguridad.
“La aceleración no se hará a costa de la seguridad de nuestras instalaciones presentes y futuras”, dijo la ministra de la Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher.
La ministra defendió uno de los puntos más polémicos de este proyecto de ley para acelerar los procedimientos para la construcción de nuevas instalaciones nucleares, que es la absorción del Instituto de Radioprotección y de Seguridad Nuclear (ISRN), un organismo de control técnico, por la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN), el gendarme del sector.
Explicó que lo que se propone es ampliar las competencias de la ASN y ponerlas bajo el estatuto de una autoridad administrativa independiente, como ocurre en Estados Unidos o en Canadá.
De esa forma, la ASN se convertiría en “la segunda autoridad de seguridad en el mundo en términos de medios humanos y financieros con una credibilidad científica que quiero que esté intacta”.
En su plan nuclear, Le Pen suprimiría los 4.500 millones de euros de subvenciones anuales a la energía eólica y solar y anularía todos los proyectos en proceso de construcción para estas energías renovables.
Además, sacaría a Francia del mercado eléctrico europeo para liberarse del sistema de precios marginalista para ajustarlos a los costos de producción y en su lugar establecería acuerdos bilaterales para poder mantener los intercambios de corriente con los países vecinos, que son los que permitieron el pasado otoño y en invierno evitar los apagones por la falta de producción propia.
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