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El nuevo gobierno argentino impulsa una idea resistida por las distribuidoras trasandinas: apoyar los planes del gobierno para que todos los argentinos paguen lo mismo por un kilowatts de energía eléctrica, independiente de donde vivan los usuarios y clientes del sistema.
Este es uno de los objetivos de la Revisión Integral de Tarifas, medida contenida en el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, tiene como eje un análisis de los factores que inciden en el precio de la energía, como producción, transmisión y distribución.
El Presidente argentino, Alberto Fernández, pidió a su ministro de Energía, Sergio Lanziani, a avanzar al respecto con los ministros provinciales. Sin ir más lejos, Lanziani se reunirá en la capital con los ministros de Energía de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires a efectos de aunar criterios y apalancar una disminución paulatina de precios sin que ello afecte a la inversión.
Se informó que en Argentina hay 33 distribuidoras de electricidad, cuyas tarifas serán determinadas por los gobiernos provinciales. Sin embargo, la factura cambia según los impuestos y fuentes energéticas de cada provincia, toda vez que la producción térmica en base a la combustión de sustancias fósiles es más barata aún que producirla desde fuentes renovables. Se cree que una forma de resolver el problema es buscar la desindexación de los precios de distribución.
Una solución sería equiparar precios por la vía de subsidiar a los consumidores en las provincias más caras. De esta manera, el gobierno de Alberto Fernández quiere desmantelar el legado que dejaron el anterior ministro del ramo y su asesor más influyente, Juan José Aranguren y Andrés Chambouleyron, respectivamente, a quienes se les señala como responsables del tarifazo y la nula inversión en líneas de transmisión, una de los déficits del sistema.
Chambouleyron hoy ocupa el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, pero con seguridad dejará el cargo en los próximos días.
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