Por Fernando González Cuervo, Socio responsable del sector Construcción e Infraestructuras de EY.

La situación que rodea el sector de las infraestructuras se asemeja a una tormenta perfecta. La invasión de Ucrania, la escasez de materiales, la crisis energética, la inflación, la subida de los tipos de interés y la inestabilidad política complican la actividad normal de un sector estratégico para el desarrollo de la economía.

Un sector capaz de capear momentos de incertidumbre, como reflejan los mercados bursátiles en momentos convulsos, por tratarse de activos tangibles y por su naturaleza regulada. La caída de inversiones en infraestructuras en los últimos años implica que ahora crezca la brecha con las necesidades que tenemos como país, lo que conlleva un resentimiento de las infraestructuras sociales.

Para entenderlo, hay que poner en contexto la existencia de grandes planes de infraestructuras de múltiples geografías, si bien su traslado a proyectos y a la economía real se está demorando más de lo necesario. Por contra, países con una estrategia clara de infraestructuras a largo plazo, cómo Canadá o Australia, no han necesitado anunciar planes especiales por la crisis del Covid-19; solo han continuado con los que tenían. Por ejemplo, en Europa el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR; en España el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) tiene un horizonte de solo seis años, de los que ya han pasado dos. Un enfoque cortoplacista muy relevante en un sector que por sus características y necesidades de financiación ha de entenderse a medio y largo plazo.

Frente a ello, también existen grandes oportunidades en países como Noruega o Arabia Saudí, que gracias a los fondos obtenidos por los altos precios del petróleo prevén realizar importantes inversiones en infraestructuras. Y, teniendo en cuenta el ambiente bélico, también se prevén importantes inversiones por parte de Estados Unidos en las bases militares que tiene en Europa, para expandirlas.

Adicionalmente, en muchos países europeos tenemos el problema de haber destruido gran parte de la capacidad de construcción que teníamos hace diez años, principalmente por la reducción de la inversión púbica en infraestructuras y la crisis del sector inmobiliario, y ahora cuesta volver a poner todo el engranaje en marcha. De ahí la dificultad de contar con mano de obra cualificada y la capacidad de retenerla durante el desarrollo de los proyectos.

Ahora también hay que añadir retos como la escasez de recursos, casi en cualquier geografía. Si además la actividad se encuentra diversificada es, si cabe, más complicado operar. Por ello la estrategia de las constructoras es ser más selectivas a la hora de seleccionar los proyectos.

En este escenario, se manifiesta que han quedado atrás los años donde lo importante era el volumen de contratación, pasando a un momento en el que las compañías son cada vez más selectivas para conseguir mejorar el margen.

El suministro de materias primas es hoy una verdadera arma geopolítica, que hace años ya practica China con sus movimientos en África y Latinoamérica, regiones donde se realizaron proyectos de infraestructuras a cambio de la explotación de recursos naturales.

A estas dificultades debemos añadir una no menos importante: la relación entre el sector público y las compañías privadas, que cada vez es más burocrática, a menudo debido a los casos pasados de corrupción y malversación de fondos públicos. Algo que está encorsetando relaciones de negocio normales y legítimas que exigen resoluciones ágiles para un entorno cada vez más cambiante.

El mundo ahora se complica enormemente por la complejidad y el volumen de nueva legislación en cada país, justo cuando se necesitan medidas ágiles. Aquellos países que encuentran fórmulas de resolución rápida de disputas sobre la gestión de contratos resultan los más exitosos y atractivos para los inversores. El objetivo debería ser evitar procesos litigiosos, con reglas más flexibles o adaptables, lo que, por desgracia, no está ocurriendo.

El factor ESG gana peso. En este sector deberían primar aquellos proyectos que realmente sean necesarios (Fit for purpose). La construcción de un metro puede que no sea verde en sí, pero su impacto en la reducción del tráfico (dependencia de otros tipos de transporte individuales) debería ser analizado.

En este escenario en el que la lucha contra el cambio climático ya forma parte de la agenda de Administraciones y empresas, las inversiones relacionadas con la transición verde ganan relevancia por su potencial para conseguir la independencia energética, y cobran protagonismo en los planes inversores de muchos Gobiernos.

Cada vez resulta más relevante tener estándares de datos por parte de los países para medir los proyectos y su impacto en ESG (environmental, social and governance), y al tiempo tratar de evitar el greenwashing, que aprovecha la falta de estándares claros para ofrecer una imagen distorsionada de la realidad al mercado.

Como hemos podido observar últimamente, se está poniendo especial foco en el reciclaje de materiales a la hora de desmantelar obras antiguas y, al tiempo, se está incrementando la colaboración con grupos cementeros para la mejora de materiales. Además, hay multitud de startups que están surgiendo en el universo con-tech, muchas lideradas por profesionales que ya consiguieron transformar otras industrias, buscando colaborar en esta evolución del sector.

En definitiva, nos esperan meses complejos y acelerados en los que es posible tener sobresaltos, pero donde también surgirán oportunidades. A pesar de la incertidumbre generalizada, que será recordada en generaciones, la industria de las infraestructuras juega un papel fundamental y continúa proponiendo iniciativas que ayudan al desarrollo sostenible de los países y de sus economías, aportando su eficiencia, experiencia e innovación.