¿Cuáles son los objetivos de esta normativa?
Básicamente busca la actualización del reglamento, ya que con la privatización de las empresas sanitarias se generó una nueva estructura a la que la antigua normativa no se ajustaba. Asimismo, tampoco contemplaba la evolución de la tecnología usada en las instalaciones, lo que hacía obsoleta la regulación anterior.

El nuevo reglamento obliga a usar materiales certificados, un aspecto existente en las normas pasadas, pero para las cuales no existía un control eficiente. Entonces, se desconocía si los materiales, equipos y sistemas instalados en una construcción estaban de acuerdo o no con las normas vigentes en el país. Para esto, se creó la figura del revisor independiente, quien está encargado de examinar las casas o edificios y certificar que los artefactos y componentes usados cumplan con la normativa chilena.

¿Qué otros cambios contempla la normativa?
Entre otras modificaciones, podemos mencionar la supresión de los exámenes de autorización de instaladores, requiriéndose estudios previos en el diseño y construcción de instalaciones sanitarias. Por otra parte, se amplía la competencia de los prestadores de servicios sanitarios en la construcción de arranques y uniones domiciliarias, entregándoles una mayor responsabilidad en su habilitación y mantenimiento.

Asimismo, se incluyó en este nuevo reglamento artículos especiales sobre la factibilidad otorgadas a emisoras de Residuos Industriales Líquidos (RILES), como también sobre las redes de incendio, la elevación de agua potable y de aguas servidas en los edificios en altura, para lo cual se completó la normativa con la experiencia acumulada durante los últimos veinte años.

¿Cómo ha recibido el mercado esta nueva reglamentación?
Los diferentes actores han recibido estos cambios con muy buenos ánimos. Por ejemplo, ayuda a los constructores que están en desventaja frente a aquellos que usan materiales de segunda categoría, estableciendo el control obligatorio de éstos. Lo mismo sucede con los fabricantes nacionales, quienes tenían que competir en precios con productos de baja calidad, que entraban sin ningún control a nuestro mercado. De hecho, gran parte de estas empresas participaron en la elaboración de un sistema de control afín a este reglamento, que será implementado posteriormente.

¿Cómo enfrentará la SISS la mayor fiscalización que exige este reglamento?
Se contrató una empresa consultora que propuso el ya referido sistema de control y certificación de las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, en el que se especificó en detalle los procedimientos de fiscalización a implementar. De hecho, los revisores independientes no pertenecerán a la Superintendencia, sino que serán profesionales externos los que deberán certificar los materiales de la obra, como también podrán revisar los proyectos y ejecución, lo que no es obligatorio. Sin embargo, está en estudio que las edificaciones que se sometan a esta última reciban un sello que certifique las "buenas prácticas", lo que claramente constituye una ventaja comparativa para su comercialización frente a otras que no lo posean.