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La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), mediante un comunicado, reiteró su total compromiso en el continuo avance para la implementación de los últimos elementos y normas de seguridad en vehículos. Históricamente, la ley sólo ha facultado al Ministerio de Transportes (MTT) para que dicho ente público defina las normas internacionales sobre certificación vehicular.
Por este motivo, desde la ANAC calificaron de “extraña” la decisión de aquel Ministerio sobre privatizar parte de su función clave, a través de la actualización del Decreto Supremo N° 26, que busca delegar esta atribución en las instituciones de carácter privado conocidas como NCAP, ajenas a su esfera de control. Entre los argumentos de la ANAC para rechazar esta iniciativa, se encuentran:
- En la actualidad dicha función la cumple el ente público Centro 3CV del MTT, dando así garantías de transparencia a toda la comunidad, con reglas y normas internacionalmente aprobadas, de público conocimiento, fijadas con anterioridad.
- Esta delegación arbitraria de una competencia que le ha sido deferida al Ministerio por mandato del legislador (Ley de la República), no puede ser delegada a través de un decreto. Estamos hablando de una de las más altas potestades que se han entregado por el Congreso al Ministerio de Transportes y que no puede ser evitada o excluida, a través de un decreto supremo.
- Si aun así el MTT insistiese en delegar tal función, ésta debiese hacerse, al menos, de manera pública, informada y a través de mecanismos de participación competitiva (licitación pública, oposición de antecedentes o un mecanismo similar) y por ningún motivo por designación directa, que sería el caso con el sistema NCAP.
- Ha sido altamente cuestionado el hecho que los programas NCAP para América Latina no cuenten con el mismo proceso de financiamiento público y transparente que EuroNCAP, donde los Gobiernos en conjunto con los Automóvil Club y los municipios, aportan en mediciones y normativas.
- Lo cuestionable es que esas pruebas no sean reguladas por los Ministerios en el país de origen de fabricación ni por Chile, sino que sean protocolos privados, propios de cada entidad NCAP certificatoria, sin control ni supervisión.
- Un etiquetado que se presuma obligatorio en un universo de 1.800 modelos y versiones disponibles a la venta en nuestro país, pero de una entidad que realiza del orden de una decena de pruebas al año, significará que muy pocos vehículos podrán exhibirlo.
- A esto se suma que los modelos testeados por los organismos NCAP rara vez corresponden al modelo o versión disponible a la venta en Chile. Las configuraciones de producto son distintas y varían de mercado en mercado. Con ello, la confusión para un consumidor chileno podría ser máxima.
Finalmente, desde la ANAC recalcaron su disposición a continuar trabajando, en conjunto con las autoridades, para avanzar en la seguridad y convivencia vial. En ocasiones anteriores, la ANAC ha colaborado en la incorporación de los sistemas de frenos ABS, el control de estabilidad (ESP) y todo el equipamiento en seguridad activa y pasiva, de cáracter obligatorio en vehículos chilenos.
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