En logística, detenerse no es una opción. Cada minuto de interrupción puede significar retrasos en despachos, quiebres de stock, pérdida de trazabilidad, incumplimientos con clientes y efectos en cadena sobre múltiples empresas.

Por eso, cuando en febrero de 2026 un incidente de ciberseguridad afectó a una importante empresa logística en Chile, el problema apareció donde más duele: en la operación. Sistemas con dificultades, coordinación compleja, retrasos e impacto en clientes evidenciaron algo más práctico y peligroso que una película de hackers: una empresa que comenzó a tener dificultades reales para funcionar.

Ese es el escenario que hoy preocupa a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). La reciente publicación de la segunda nómina preliminar de Operadores de Importancia Vital (OIV) confirma que la ciberseguridad dejó de ser un problema exclusivamente tecnológico y pasó a convertirse en un riesgo operacional, regulatorio y estratégico.

Para la industria logística, este cambio es especialmente relevante. Bodegas, centros de distribución, operadores de transporte, servicios portuarios, courier, almacenaje y distribución dependen cada vez más de sistemas conectados, plataformas digitales, integraciones con clientes y proveedores, trazabilidad en línea y tecnologías que sostienen la operación diaria. Cuando esos sistemas fallan, no solo falla un software: puede detenerse la operación.

La primera nómina de OIV ya había incorporado sectores tradicionalmente críticos: energía, telecomunicaciones, infraestructura digital, banca, agua potable, combustibles, salud y ciertos organismos públicos. Sin embargo, la segunda nómina amplió el concepto de infraestructura crítica. Hoy no solo están entrando empresas “evidentemente críticas”, sino también compañías cuya importancia se entiende recién cuando dejan de operar.

Empresas de logística, transporte, almacenamiento, servicios portuarios, courier, concesionarias, distribución y cadena de suministro comenzaron a aparecer dentro del radar regulatorio. La razón es clara: muchas veces el problema no está en la empresa que vende al consumidor final, sino en aquella que sostiene silenciosamente toda la operación detrás.

Hace algunos años, si una empresa logística sufría un incidente informático, el problema se veía como algo interno. Hoy, si esa empresa coordina la distribución de supermercados, medicamentos, combustibles, productos industriales o carga portuaria, una caída puede afectar simultáneamente a cientos de compañías. En una industria donde la eficiencia depende de la coordinación entre múltiples actores, un incidente digital puede transformarse rápidamente en un problema físico: camiones detenidos, pedidos sin procesar, inventarios sin visibilidad, centros de distribución sin respuesta y clientes sin información.

Muchas empresas siguen pensando que solo las grandes corporaciones o compañías “estratégicas” pueden ser consideradas OIV. Pero la lógica actual es distinta. La Ley 21.663 y la interpretación que está aplicando la ANCI no se enfocan únicamente en tamaño o facturación. Lo que se analiza es algo más práctico: ¿qué pasa si esta empresa deja de operar?

La autoridad observa factores como dependencia de terceros, posibilidad de reemplazo, alcance operacional, impacto sectorial, nivel de afectación de una interrupción y consecuencias sobre otras empresas o servicios esenciales. Por eso hoy aparecen empresas que hace pocos años jamás se habrían considerado parte de la infraestructura crítica.

Para el mundo logístico, este punto es clave. Un operador puede no estar en la primera línea frente al consumidor final, pero puede ser indispensable para que una cadena de abastecimiento funcione. Esa es la diferencia entre ser grande y ser crítico.

Al tratarse de una nómina preliminar, las empresas pueden presentar observaciones respecto de su inclusión. Pero el verdadero valor no está solo en “salir” de la nómina, sino en entender cómo está mirando la autoridad a cada empresa.

Incluso aquellas compañías que eventualmente no queden clasificadas como OIV comenzarán a ser evaluadas bajo estándares más altos de continuidad operacional, resiliencia, gestión de proveedores y capacidad de respuesta ante incidentes.

Para una empresa logística, este análisis permite revisar aspectos críticos: qué sistemas sostienen los despachos, cuánto depende de plataformas externas, qué tan preparada está para operar ante una interrupción, cómo se comunica con clientes y proveedores en una crisis y qué tan rápido puede recuperar el servicio.

Ser OIV no significa simplemente “tener más controles”. Significa entrar a una lógica distinta de operación. Durante años, muchas empresas trabajaron pensando en cómo evitar incidentes. Hoy la pregunta cambió: ¿qué tan rápido puedes reaccionar cuando el incidente ocurre?

La regulación actual exige capacidad real de detección, gestión, contención, continuidad operacional, reportabilidad y coordinación interna para tomar decisiones bajo presión.

En logística, no basta con identificar el problema; se requiere mantener informados a clientes, coordinar rutas, priorizar despachos, proteger información, activar planes de contingencia y sostener el mayor nivel posible de operación mientras se resuelve el incidente.

El nuevo escenario ya no está enfocado solo en proteger información, sino en algo más crítico para la gerencia: seguir operando. El peor escenario no es solamente una filtración de datos. Es no poder despachar, coordinar rutas, acceder a sistemas de inventario, procesar pedidos, atender clientes, facturar y, en el fondo, no poder funcionar.

Gran parte de la operación logística depende de plataformas cloud, software externo, integraciones con clientes, proveedores tecnológicos, operadores logísticos, transportistas, servicios tercerizados, sistemas de gestión de bodegas y herramientas de trazabilidad.

Muchas empresas han invertido en seguridad interna, pero todavía no tienen claridad real sobre qué hacen sus proveedores con la información, cómo responden ante incidentes, qué nivel de seguridad poseen, cuánto depende la continuidad operacional de esos terceros y qué ocurrirá si el incidente termina afectando datos personales.

Ese último punto será cada vez más crítico con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, Ley 21.719. En la práctica, muchos incidentes relevantes no terminan solo en interrupciones operativas. También pueden derivar en accesos indebidos, filtraciones o exfiltraciones de datos personales alojados, procesados o administrados por proveedores externos.

La empresa no solo enfrenta un problema operacional o tecnológico. También puede enfrentar obligaciones regulatorias, responsabilidades frente a titulares de datos, daños reputacionales, conflictos contractuales con terceros y pérdida de confianza de clientes estratégicos.

El mayor problema para muchas empresas no será el ataque. Será descubrir, en medio del incidente, cuánto dependían de proveedores que nunca habían evaluado realmente desde la mirada de continuidad operacional, ciberseguridad y protección de datos personales. Porque cuando ocurre un incidente, la responsabilidad no se externaliza.

Hoy se requiere integrar tecnología, continuidad operacional, gestión de crisis, relación con proveedores, decisiones regulatorias, comunicación con clientes y estrategia corporativa. Eso obliga a que la conversación salga del área TI y llegue directamente a la gerencia, al directorio y a la toma de decisiones.

En logística, la digitalización ha permitido ganar eficiencia, trazabilidad, visibilidad y control, pero también ha aumentado la dependencia de plataformas, datos e integraciones. Por lo mismo, la resiliencia también debe considerar la capacidad digital de sostener la operación.

Para la logística, el mensaje es claro: la ciberseguridad ya no se mide únicamente por la protección de datos, sino por la capacidad de seguir operando frente a una crisis. Porque en 2026 el verdadero riesgo ya no es solamente que te hackeen. El verdadero riesgo es dejar de operar.