Por Juan Enrique Suárez, Gerente General; y Pamela Magdalena Cisternas, Gerente de Asuntos Jurídicos y Controller; ambos de Fiscalía Privada.
En Chile, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, las empresas ya no solo deben preocuparse de su productividad o de cumplir obligaciones tributarias y laborales, entre otras propias de su giro. Hoy también enfrentan el riesgo de ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio o interés, como el cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos ambientales o económicos, entre otros.
La reciente reforma —vigente desde septiembre de 2024— amplió el catálogo de delitos y endureció las condiciones para que una empresa pueda eximirse de responsabilidad. El mensaje es claro: quien no previene, podría responder penalmente.
Los pilares de la Ley 20.393
El corazón de la norma está en su artículo 3°, que dispone que una empresa puede ser condenada si:
• El delito fue cometido por dueños, gerentes, ejecutivos o empleados bajo su supervisión.
• El delito se cometió en beneficio directo o indirecto de la organización.
• Se demuestra que la empresa no adoptó las medidas necesarias de supervisión y control.
La única forma de protegerse es contar con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) adecuado y efectivo. Este modelo debe identificar riesgos, establecer controles internos, capacitar a los colaboradores y contemplar un encargado de cumplimiento con independencia y atribuciones claras. Con ello se resguarda la empresa, la responsabilidad penal y el patrimonio.
Lo que está en juego para las empresas
Protección legal y patrimonial: Las sanciones pueden ir desde multas millonarias hasta la disolución de la empresa, pasando por la prohibición de contratar con el Estado.
Reputación corporativa: Una condena por delitos corporativos genera un daño de imagen que puede ser irreparable frente a clientes, inversionistas y la comunidad.
Ventaja competitiva: Implementar un MPD no es solo cumplir con la ley; es una señal de confianza hacia socios comerciales, bancos y licitaciones públicas.
Cultura de cumplimiento: Un sistema preventivo robusto disminuye riesgos internos y fomenta una ética empresarial sólida y sostenible.
Cómo te apoyamos desde Fiscalía Privada
En Fiscalía Privada entendemos que cumplir con la Ley 20.393 no es un trámite, sino una estrategia de protección integral. Nuestros servicios permiten que las empresas no solo se adapten a la ley, sino que fortalezcan su cultura de cumplimiento:
Encargado de cumplimiento externo: asumimos este rol con independencia y especialización, liberando a la empresa de sobrecargar a sus equipos internos.
Levantamiento del Modelo de Prevención del Delito: diseñamos e implementamos un sistema ajustado al tamaño, giro y riesgos específicos de cada organización.
Capacitación continua: formamos a colaboradores y directivos en prevención, ética corporativa y control de riesgos.
Auditorías y mejora permanente: evaluamos la eficacia del modelo, asegurando que se mantenga actualizado y alineado con las exigencias regulatorias.
Canal de denuncia anónima: disponemos de una plataforma tecnológica que permite recibir denuncias tanto de colaboradores como de terceros (clientes, proveedores u otros).
Investigación de denuncias recibidas: nuestro equipo jurídico y de investigación efectúa las gestiones encomendadas por su empresa a fin de determinar si los hechos deben ser denunciados.
Hacia una gestión más responsable
La Ley 20.393 marca un antes y un después en la forma de hacer empresa en Chile. No se trata solo de evitar sanciones, sino de consolidar una gestión responsable, transparente y sostenible.
En un escenario donde la fiscalización y la conciencia social son cada vez más exigentes, Fiscalía Privada se posiciona como un socio estratégico para garantizar que su empresa no solo cumpla con la ley, sino que esté preparada para enfrentar el futuro con seguridad y confianza.
