Aldo Vial.

¿Cuál es la principal novedad que introduce la Ley N°21.659 en materia de seguridad privada y cómo cambia el escenario para el sector logístico?
Lo más relevante es que esta ley regula de manera integral la industria, estableciendo que la seguridad privada tiene un carácter preventivo, coadyuvante y complementario de la seguridad pública. A partir de ahora, la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante la creación de una División de Seguridad Privada, será el órgano rector.

Un cambio sustancial es la aplicación de la matriz de riesgo para designar a las entidades obligadas: muchas instalaciones podrán ser clasificadas como de alto, mediano o bajo riesgo y, en consecuencia, deberán implementar medidas específicas, como contar con vigilantes privados armados. Además, la normativa regula los eventos masivos con un reglamento exclusivo y establece un nuevo sistema sancionatorio, lo que moderniza de manera significativa la gestión de la seguridad.

¿Qué aspectos de la nueva ley considera que ayudarán a reforzar la protección en estas instalaciones?
Dada la criticidad de los centros logísticos y de distribución, es altamente probable que sean declarados entidades obligadas. Esto transformará sus esquemas de seguridad: podrán contratar vigilantes privados armados, deberán implementar sistemas de filmación de imágenes, y los guardias contarán con cámaras corporales certificadas. En definitiva, hablamos de cambios estructurales y operativos que permitirán mitigar mejor los riesgos y resguardar la continuidad de sus operaciones.

¿Qué desafíos enfrentarán las compañías de seguridad privada y sus clientes con esta normativa?
Un desafío importante será profesionalizar aún más la industria, incorporando guardias especializados y capacitados bajo la nueva malla curricular. Las empresas deberán obtener acreditaciones y responder a mayores exigencias de los clientes, que también tendrán obligaciones que cumplir bajo esta ley.

Otro punto clave es la posibilidad de presentar planes de seguridad conjuntos en parques o zonas de distribución donde operan varias empresas. Esto permitirá optimizar recursos, pero exigirá coordinación, estandarización y mayor preparación.

¿Qué rol jugarán la tecnología, la capacitación del personal y la colaboración público-privada en la implementación efectiva de la ley dentro del ecosistema logístico?
La tecnología multiplica la prevención y la trazabilidad; la capacitación traduce esos recursos en resultados, con equipos que aplican protocolos y resuelven incidentes; y la colaboración público-privada asegura tiempos de respuesta coordinados con la autoridad.

En este último punto, la ley impone la obligación de denunciar hechos y entregar evidencia, lo que refuerza la cooperación entre policía, seguridad privada e incluso municipios. Estas tres palancas combinadas aceleran la implementación de la ley, reducen pérdidas y fortalecen la continuidad de la cadena logística.

¿De qué manera ASEVA apoya a sus socios en este proceso de adecuación a la nueva ley?
Desde ASEVA entregamos apoyo integral: elaboramos herramientas prácticas (diagnósticos, hojas de ruta, protocolos, checklists), capacitamos a jefaturas y equipos, y generamos mesas de trabajo para recoger necesidades y difundir buenas prácticas.

Al mismo tiempo, representamos los intereses de nuestros asociados ante la autoridad con vocerías técnicas y participación en instancias de coordinación. Un ejemplo de esto fue la entrega de un documento técnico con propuestas a todas las candidaturas presidenciales, reafirmando un enfoque institucional, no partidista, orientado al cumplimiento y la mejora continua.

¿Cómo visualizan desde ASEVA la evolución de la seguridad privada en Chile?
En el mediano y largo plazo, visualizamos una seguridad privada más profesional, integrada y medible, con estándares claros, fiscalización efectiva y procesos de acreditación ágiles. En logística, esto se reflejará en operaciones más resilientes y productivas, impulsadas por la convergencia entre seguridad física y digital, equipos mejor preparados y protocolos de coadyuvancia con la autoridad. La homologación de criterios entre mandantes y proveedores será clave para reducir pérdidas, acortar tiempos de respuesta y garantizar la continuidad operativa a lo largo de toda la cadena de suministro.