La seguridad privada en Chile ha tenido durante años un rol clave en la protección de personas, empresas e infraestructuras críticas, pero sin un marco legal actualizado que acompañara su creciente relevancia. La reciente aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada (Ley N° 21.659), que entra en vigencia el 28 de noviembre próximo, marca un punto de inflexión al establecer nuevas exigencias y estándares que buscan profesionalizar una actividad que hoy representa un complemento estratégico para la seguridad pública.

Según expertos del sector, la ley abre un espacio de regulación esperado. Profesionalizará a las empresas y a los trabajadores, lo que impactará en la confianza ciudadana, pero también implicará una adaptación importante para las compañías, que deberán cumplir con estándares más altos.

Según Cristián Château, Consultor en Seguridad Privada de Fiscalía Privada, “esta ley viene a ordenar todo lo que antes estaba disperso a nivel de normativa. La gran novedad es el concepto de ‘entidad obligada’ (que abarcaba a empresas asociadas al giro bancario y de combustible)”. Antes era confuso y se mezclaba con el de ‘empresa estratégica’, que podía ser cualquiera. Ahora se define con claridad: serán las empresas cuyas actividades impliquen riesgo para la seguridad pública. “Y estas se clasificarán en alto, medio y bajo riesgo. Las de alto —y algunas de medio— estarán obligadas a implementar vigilancia privada, con guardias armados”, detalla.

Edgardo Ferrín, Director General de Prosegur en Chile y Director Perfom Latam Sur (AR-CL-PY-UY), destaca que “ahora las compañías tendrán que hacer un estudio, con asesores que definan si son de riesgo alto, medio o bajo”. Además, según precisa, la ley establece que solo las empresas de transporte de valores pueden proveer ese servicio de guardias armados, lo que abre un nuevo debate y oportunidad en el mercado.

Cristián Château, FISCALÍA PRIVADA.

Edgardo Ferrín, PROSEGUR.

Álvaro Fuenzalida, ALTO.

Juan Caamaño, DORALTECH.

Pedro Herrera, DAHUA TECHNOLOGY.

Mauricio Videla, OCTOPUSS.

Christian Carreño, AUTOMA.

Mariano Vega, AXIS COMMUNICATIONS.

Juan Enrique Suárez, FISCALÍA PRIVADA.

Con la nueva ley, se concentra todo en un solo marco y eso es un gran cambio. “También cambia la gobernanza, que pasa a la Subsecretaría de Prevención del Delito, dándole más peso al sistema. Y lo más relevante: la capacitación. Ya no serán las mismas 90 horas para todos, sino formación diferenciada según el tipo de guardia: supermercado, banco, etc. Eso profesionaliza mucho más el trabajo”, precisa Álvaro Fuenzalida, Jefe de Área de Delitos de Alta Complejidad en Alto.

Asimismo, según Cristián Château, la nueva ley abre una ventana para que el reglamento defina exigencias tecnológicas. Por ejemplo, hoy muchas grabaciones son de mala calidad. El perito puede concluir que “parece ser” algo, y el juez, basándose en ese análisis, toma la decisión final. “El problema es que no hay un estándar claro de evidencia digital y eso afecta la validez de las pruebas”, explica Juan Caamaño, CEO de Doraltech. Por eso es clave tener un estándar mínimo en seguridad electrónica, tanto en cámaras privadas como públicas. “Así se asegura trazabilidad, calidad de imagen y cadena de custodia, evitando que el material pueda ser editado”, detalla Pedro Herrera, Gerente de Negocios Gubernamentales de Dahua Technology.

A juicio de Mauricio Videla, Gerente de Operaciones de Octopuss, es sorprendente ver que grandes cadenas de retail todavía operan con sistemas muy precarios. “Muchos centros logísticos siguen con tecnología análoga, parchada, sin una homologación clara. Eso dificulta aplicar inteligencia artificial o estándares modernos. Las bodegas nuevas ya traen mejores soluciones, pero la mayoría aún está muy rezagada”, señala.

La mayor vulnerabilidad, en opinión del ejecutivo de Alto, está en el transporte. Todos saben en qué puntos se detienen los camiones, y ahí es donde los atacan. “Tenemos GPS y monitoreo, pero el gran tema es cómo reaccionamos en la calle, frente al delito mismo. Esa respuesta sigue en deuda”, enfatiza. En un caso reciente, un centro logístico con varios millones de dólares en productos electrónicos fue atacado por cerca de 100 personas, algunas armadas con ametralladoras. ¿Cómo estar preparados para eso? De ahí la necesidad de mejorar la reacción ante delitos de alta complejidad. A juicio del profesional, en logística hay un problema en cómo se comparte la información. Muchas personas saben qué lleva un camión, desde el puerto hasta el conductor, cuando deberían ser solo dos o tres. Ese exceso de información expone la carga y aumenta el riesgo.

Y es cierto: falta la reacción al final, porque a veces no llega nadie ante un evento. “La nueva ley puede ayudar a mejorar esto, porque obligará a las empresas a hacer estudios de seguridad y elevar sus estándares. Tendrán que digitalizar procesos, homologar datos y apoyarse en IA. Incluso incorporar custodia armada para mercadería en tránsito”, agrega el ejecutivo de Prosegur.

Un punto clave es la fiscalización. “La ley exige protocolos más claros”, asevera Christian Carreño, Product Manager de Automa. Y esto es aún más atingente dado acontecimientos recientes, como el robo a un banco en Valparaíso, donde se vulneró una de las dos bóvedas con el método del oxicorte. “No puede ser que un banco aún no tenga algo tan básico como un detector de impacto en una bóveda”, agrega.

En esta ley, falta aún complementar qué entendemos por “valores”. La nueva norma, explica Cristián Château, sigue diferenciando claramente entre las empresas de transporte de valores, refiriéndose a dinero u objetos de alto costo. Pero en algún momento será necesario ampliar este concepto a otros bienes, como chocolates o salmones, con un gran valor monetario.

“Asimismo, las empresas logísticas destacan que ahora será necesario igualar los estándares de ‘safety’ (prevención de riesgos) y ‘security’ (seguridad patrimonial). Aunque la seguridad patrimonial ya está presente en muchas compañías, es crucial integrarla y elevarla al mismo nivel que la prevención de riesgos”, agrega el ejecutivo.

Actualmente, existe una ISO poco considerada en este ámbito: la ISO 18788, que establece sistemas de gestión de operaciones de seguridad. Esta norma permite dar un enfoque más sistémico, integrando seguridad privada y municipal como coadyuvantes de la seguridad pública. “La seguridad debe abordarse como un sistema que combina componentes humanos, tecnológicos y de procedimientos. Además, debido a la gran cantidad de obligaciones y riesgos de multas que impone la ley, las empresas deben implementar un sistema de gestión de seguridad privada que incluya también un compliance interno, asegurando que todo se cumpla correctamente”, añade.

En la logística chilena, la falta de presupuesto para seguridad sigue siendo un problema crítico. El ejecutivo de Automa señala que “muy pocas empresas destinan recursos a la seguridad. A diferencia de EE.UU., donde existen divisiones con exmilitares o expolicías, en la logística local no contamos con departamentos de seguridad. Esto es crítico: debemos controlar recorridos de camiones, movimientos del personal y contar con respaldo humano idóneo. No se han tomado medidas frente a la evolución de la delincuencia en América Latina”.

Para Álvaro Fuenzalida, no basta con crear estos departamentos: “Deben estar ubicados estructuralmente al lado de la gerencia para que sus decisiones tengan real impacto”, y la seguridad pase de ser un tema marginal a un componente clave de la operación logística.

El ejecutivo de Octopuss agrega que la seguridad debe ser integral: “Eso incluye la infraestructura de datos. Hoy las empresas privadas no invierten en resguardo de información, pese a que la ciberseguridad puede causar más daño que la delincuencia armada. La nueva ley exige elementos como bodycams, pero aún falta un estándar claro de equipos y, sobre todo, inversión en cómo se gestionan y protegen los datos”.

Al respecto, Mariano Vega, Gerente Regional de Ventas de Axis Communications, enfatiza que la profesionalización no debe limitarse solo a quienes operan la seguridad: “Lo que ayuda es capacitar al personal, pero también estas leyes deben implementarse con una mentalidad inteligente”.

Un ejemplo claro es cuando la tecnología infrarroja muestra más de lo que el ojo humano percibe; en un juicio puede generar contradicciones si no se adapta a la realidad del funcionario en terreno. Esto demuestra que la tecnología aplicada a la seguridad debe ser coherente con las condiciones humanas. “Cuando especificamos un equipo por ley, debemos tener la inteligencia y la sapiencia suficiente para estipular algo que sea útil y aplicable en la práctica”, agrega.

Hoy existe una falta de personal calificado en seguridad privada, y la necesidad de masa crítica se vuelve prioritaria tanto para las empresas como para la industria en general. Y si bien implementar tecnologías apoya la operación, no sustituye a los RR.HH., sino que potencia la capacidad de reacción y prevención dentro de las operaciones logísticas.

Edgardo Ferrín añade que la formación de nuevos profesionales es fundamental: “Estamos formando escuelas junto a municipalidades para que jóvenes entre 21 y 25 años se profesionalicen en seguridad privada. Financiamos la capacitación para generar profesionales competentes y ya contamos con los primeros 150, de los cuales la mitad ingresó a nuestra empresa; otros fueron a la competencia. Lo importante es crear masa crítica de talento”. Sin embargo, advierte que “con cámaras por todos lados, el problema sigue siendo la reacción ante incidentes. No podemos depender solo de la vigilancia; alguien debe actuar sobre la información”.

“La demanda de recurso humano en seguridad será enorme, especialmente de vigilantes privados. Con las nuevas regulaciones, los proveedores entregarán al vigilante privado, pero el armamento seguirá siendo responsabilidad de la ‘entidad obligada’. Esto genera una dinámica que se relaciona con la Ley de Control de Armas y con la futura obligación de algunas entidades de adquirir armamento”, asevera Cristián Château. El ejecutivo propone ideas de profesionalización a partir del servicio militar obligatorio: un soldado conscripto ya tiene instrucción militar, lo que facilitaría su incorporación al sector. Además, ex carabineros y ex policías pueden seguir alimentando el sistema de seguridad privada.

Otro factor que impactará la demanda de personal es la Ley de Reforzamiento de Capacidades de Seguridad Municipal, que designa inspectores municipales calificados, aunque sin armamento. Asimismo, el profesional resalta la importancia de planes de carrera a largo plazo: “Un guardia de seguridad de 22 años debe poder proyectarse a supervisor a los 40 y a jefe de seguridad a los 50, asegurando crecimiento y retención dentro del rubro”.

Finalmente, el ejecutivo de Dahua destaca el papel de la tecnología para la seguridad logística: “En las empresas, especialmente en logística, la seguridad debería prevalecer sobre la privacidad. Los CSIRT y otros equipos del mundo público están acostumbrados a monitorear accesos y prevenir fugas de información”. Herramientas como la IA podrían permitir un filtrado de palabras y comportamientos anómalos, aumentando la seguridad interna y protegiendo los flujos logísticos que manejan millones de dólares. La idea es anticiparse a riesgos, aplicando estas medidas también en la logística privada, añade.

En el ámbito logístico chileno, existe una falta de conocimiento sobre vulnerabilidades y, en muchos casos, la seguridad no se considera un ítem prioritario, especialmente porque no siempre hay un presupuesto asignado a este fin. Frente a este escenario, surge la pregunta: ¿qué están haciendo los proveedores de seguridad para que la protección sea proactiva y no solo reactiva?

“El crimen cambió hace más de una década. Hoy, secuestros de empresarios o amenazas directas implican que un vigilante privado acompañe al CEO. La tecnología ayuda, pero culturalmente seguimos siendo reactivos. Lo que antes veíamos en Centroamérica o México, hoy ocurre aquí, y lamentablemente muchas empresas lo perciben solo cuando el problema les toca de cerca”, indica Pedro Herrera.

Para el profesional de Axis Communications, la conciencia en seguridad está aumentando: “Cuando las empresas entienden que el ‘safety’ y el ‘security’ forman parte de su negocio global, toman decisiones que integrantecnología y especialización de personas, lo que mejora su competitividad”.

Por su parte, Cristián Château destaca la importancia del estudio de seguridad: “Las ‘entidades obligadas’ deben realizar un diagnóstico del estado de su seguridad. Hoy, los que existen son precarios. Hay que aplicar matrices de riesgo, identificar vulnerabilidades, evaluar su transformación en riesgos de alto impacto y definir medidas concretas para mitigar. Solo así se puede pasar a un plan de ejecución sólido”.

El ejecutivo de Prosegur complementa señalando que “temas como la merma son críticos. En retail puede llegar al 20-25% de pérdida, y en logística es igual de importante, sobre todo en cadenas de frío. Nuestro rol es convencer de que invertir en seguridad es un costo necesario, no un gasto, porque protege su cadena de valor y activos”.

El futuro de la seguridad en Chile enfrenta desafíos estructurales y tecnológicos que requieren una mirada integral. Según Juan Enrique Suárez, Gerente General y Fundador de Fiscalía Privada, “el Estado no está dando una respuesta efectiva en materia de seguridad. Hoy, solo el 50% de las víctimas denuncia delitos; se cometen alrededor de 1,3 millones de delitos al año, y muchos quedan sin sanción. La ley ayuda, pero es insuficiente desde el punto de vista del objetivo final que es generar mayor seguridad, lo que requiere hechos concretos; necesitamos más recursos, no solo trasladar responsabilidades al sector privado”.

En la misma línea, el profesional de Alto advierte que “las organizaciones criminales han llegado para quedarse. La incertidumbre es alta y se necesitan más facultades para prevenir y reaccionar, sin depender exclusivamente de fiscales o denuncias formales”.

Pero la seguridad no solo es física. Juan Caamaño agrega que “vienen no solo delitos tradicionales; la ciberseguridad será central. Toda la información electrónica —facturas, pasaportes, cuentas bancarias, datos de salud— estará en servidores globales. Si no se protege adecuadamente, se convertirán en un blanco de ataques, y la inversión en seguridad electrónica sigue siendo insuficiente en muchos centros logísticos”.

No obstante, esta nueva ley, aunque insuficiente, permite construir a futuro. Con evaluaciones y modificaciones, se puede complementar la seguridad ciudadana, traspasando algunas labores que hoy Carabineros no cubre, como ciertos controles y fiscalizaciones locales. Lo inmediato será avanzar en interoperabilidad: la colaboración entre seguridad pública, privada y ciudadana requiere normas claras y estandarizadas.

En definitiva, el futuro de la seguridad en Chile dependerá de una combinación de normativa efectiva, inversión tecnológica, interoperabilidad entre actores y una estrategia que integre lo público y lo privado, lo físico y lo digital. Para avanzar en esa dirección, coinciden los asistentes, será clave incentivar y facilitar las denuncias ciudadanas, generando confianza en la autoridad; destinar recursos a tecnología y a departamentos de seguridad; y educar sobre la seguridad como un componente estratégico del negocio y de la reputación de las empresas, en especial en el sector logístico. Todo ello, acompañado de la experiencia de expertos que permitan diseñar sistemas eficientes, integrando procesos, talento humano y tecnología en un modelo de seguridad moderno y resiliente.