La Ley REP (Nº 20.920) en Chile exige que los productores de productos prioritarios —como envases, neumáticos, baterías, aceites y aparatos eléctricos y electrónicos— gestionen y financien la recolección y valorización de los residuos que generan, a través de sistemas de gestión colectivos. Esta responsabilidad implica el cumplimiento de metas progresivas, registro en sistemas y uso de gestores autorizados.

En paralelo, la ley también regula a los consumidores industriales —como edificios industriales, supermercados, centros de distribución, plantas, talleres o bodegas— que generan residuos prioritarios. Deben entregar dichos residuos a un sistema de gestión o valorizarlos por sí mismos (con gestores autorizados), informarlo al MMA y presentar informes auditados al menos dos veces al año.

En cuanto a sanciones, la normativa contempla multas que pueden alcanzar hasta 10.000 UTA, según gravedad de la infracción, beneficio económico obtenido o capacidad del infractor, además de amonestaciones escritas.

Este entramado normativo posiciona a toda la cadena de suministro —desde productores hasta consumidores industriales— como agentes esenciales para asegurar la trazabilidad, recuperación y valorización de residuos, y por ende, el cumplimiento ambiental efectivo.

Las emisiones indirectas (Scope 3), originadas principalmente en la cadena de suministro, representan una parte abrumadora de la huella de carbono de una empresa. Según Deloitte, en la industria química, las emisiones de la cadena de valor constituyen aproximadamente el 75 % del total de emisiones de carbono de una compañía promedio (análisis de mayo 2024).

Además, muchos estudios muestran que el 70 % o más de la huella corporativa global proviene de emisiones Scope 3, aunque solo una minoría de empresas logra reportarlas.

El informe de BCG y CDP (junio 2024) revela que en 2023 las emisiones upstream (Scope 3) fueron 26 veces mayores que las operacionales directas (Scopes 1 y 2). Además, solo el 15 % de las empresas que reportan a CDP han establecido un objetivo específico para reducir estas emisiones. Esto evidencia que no solo la cadena de suministro tiene el mayor impacto ambiental, sino que es desde ahí donde debe surgir una estrategia robusta de medición, control y reducción.

Para consolidar el rol estratégico del Supply Chain en sostenibilidad, las empresas deben priorizar:

Medición rigurosa, mediante trazabilidad, huella por SKU y sistemas de gestión integrados.

Compromiso con proveedores, incluyendo cláusulas sostenibles, capacitación y evaluaciones de desempeño.

Rediseño logístico y de compra, privilegiando transporte eficiente, consolidación y diseño para reciclabilidad.

El Supply Chain Council Chile (SCCC) destaca en su pilar de sostenibilidad que solo una visión integral de la cadena permite alinear el cumplimiento normativo —como el REP— con eficiencia operativa y credibilidad ante inversionistas, reguladores y consumidores.

Hoy, más que nunca, la cadena de suministro representa una encrucijada: puede ser una fuente de riesgo regulatorio o convertirse en el motor de la transformación sostenible. En un contexto donde Scope 3 domina la huella, leyes como la REP engloban responsabilidad colectiva, y los datos mandan en ESG, queda claro que actúa o nos quedamos atrás.

La pregunta, entonces, es inquietante pero motivadora: ¿queremos ser meros espectadores del cambio o protagonistas que escriben un futuro con sentido? El Supply Chain no es solo funcionalidad; es oportunidad, compromiso y legado. Desde ahí podemos impactar nuestro planeta y el negocio, al mismo tiempo.