La implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) en Chile ha desatado un dilema que va más allá del simple cumplimiento normativo. Esta legislación, diseñada para promover una gestión responsable de los residuos —en especial envases y embalajes— ha evidenciado profundas desigualdades en la cadena logística nacional. Las regiones extremas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) figuran entre las más afectadas. Chile presenta un desafío geográfico único. Desde el extremo norte hasta los fiordos del sur, implementar la logística inversa —la recolección de residuos desde su punto de consumo hasta su tratamiento final— se vuelve una tarea monumental en zonas remotas como Arica, Coyhaique o Puerto Natales. No solo por la distancia: la escasez de rutas, las condiciones climáticas adversas, la baja densidad poblacional y la falta de centros de acopio o reciclaje dificultan enormemente el proceso. Por ejemplo, el reciclaje de vidrio es prácticamente inexistente fuera de la Región Metropolitana (Ladera Sur, 2024).

A medida que la cadena logística se fragmenta, los costos se disparan. Preguntas como: ¿quién asume el sobrecosto de devolver una botella a mil kilómetros? o ¿quién garantiza la trazabilidad si se interrumpe el transporte? reflejan la realidad de muchas comunidades que aún no ven los beneficios esperados de la Ley REP. La infraestructura no llega, o cuando lo hace, no siempre responde a las necesidades locales.

La Ley REP obliga a replantear el reciclaje no solo como una meta ambiental, sino como un desafío territorial. La gestión de residuos en regiones extremas exige más que voluntad política: requiere modelos logísticos innovadores, adaptados a cada realidad. Aunque existen avances puntuales, como programas piloto y alianzas público-privadas, aún falta consolidar estructuras sólidas y descentralizadas. Para que la Ley REP tenga un impacto real, debe pensarse con un enfoque territorial.

Las Pymes: entre la obligación ambiental y la carga económica

Las Pymes, especialmente aquellas alejadas de los grandes gremios industriales, enfrentan desafíos aún mayores. La ley impone nuevas obligaciones, eleva costos y ofrece poco acompañamiento. Para muchas de estas empresas, integrarse a un sistema de gestión, declarar residuos y asegurar trazabilidad significa una transformación radical de su modelo de negocio (Heise, 2023). Algunas optan por externalizar procesos, otras los ignoran, no por irresponsabilidad, sino por falta de recursos o información. Aquí emerge una contradicción: una ley ambientalmente urgente que, sin los ajustes necesarios, puede convertirse en una carga para quienes menos pueden afrontarla.

Es crucial preguntarse si las pymes podrían convertirse en protagonistas activas de la logística inversa, en lugar de ser solo sujetos obligados. También vale la pena explorar cómo las regiones extremas podrían transformarse en laboratorios de innovación logística adaptada. Ya existen ejemplos exitosos: algunas localidades han implementado modelos comunitarios de gestión de residuos mediante cooperativas, logrando alta trazabilidad y generando empleo local. Invertir en estas iniciativas es clave para avanzar.

El desafío logístico que plantea la Ley REP también es una oportunidad para rediseñar nuestros sistemas productivos. Es momento de abandonar la visión centralista donde la logística se diseña desde Santiago hacia el resto del país. En su lugar, debemos construir redes descentralizadas de recuperación de residuos que respondan a las condiciones de cada territorio. La sostenibilidad no debe ser un privilegio de las grandes empresas, sino una responsabilidad compartida con equidad territorial.

Finalmente, el Estado debe actuar no solo como regulador, sino también como facilitador. Es urgente invertir en plataformas logísticas regionales, financiar centros de acopio y fomentar redes de colaboración público-privadas. De lo contrario, corremos el riesgo de que la Ley REP se convierta en un reflejo más de las desigualdades estructurales del país. En este contexto, las columnas de opinión y los espacios de debate son esenciales para visibilizar tensiones y experiencias locales que suelen quedar fuera del foco. La Ley REP puede ser mucho más que una norma de reciclaje: puede ser una oportunidad para repensar nuestro vínculo con el territorio, las empresas y la sostenibilidad. Pero para eso, debe incluir a todos.