La electromovilidad trae consigo un cambio de paradigma respecto a cómo se cargan los vehículos. Actualmente, estamos acostumbrados a cargar nuestros vehículos exclusivamente en estaciones de servicio. Sin embargo, dado que existen redes eléctricas en muchos lugares donde estacionamos nuestros vehículos, como en el hogar, trabajo, lugares que visitamos (por ejemplo, supermercado, cine), la vía pública, entre otros, los vehículos eléctricos abren un abanico de alternativas para su carga. En ese sentido, la carga de vehículos eléctricos es más parecida a cómo cargamos nuestros teléfonos celulares. Es decir, en distintos lugares y momentos del día.

En ese contexto, las distribuidoras eléctricas son fundamentales para el cumplimiento de la meta, ya que son estas quienes dan acceso al sistema eléctrico permitiendo que los vehículos interactúen con el resto del sistema. Además, la electromovilidad y otras nuevas tecnologías habilitan una visión de futuro donde los usuarios de la red eléctrica interactúan de manera inteligente con otros usuarios, y los recursos energéticos distribuidos operan coordinadamente con el resto del sistema.

Acceder a la red eléctrica a través de la distribuidora, es el primer paso para viabilizar lo anterior.

No obstante, hoy y desde nuestra experiencia, la etapa más compleja en un proyecto de infraestructura de carga para vehículos eléctricos es justamente la tramitación con la empresa distribuidora. Las complejidades no están en el ámbito de lo técnico, sino más bien en temas operativos, de información y procedimentales. Estas dificultades generan atrasos y sobrecostos en los proyectos y, en consecuencia, malestar en los usuarios debido a la poca disponibilidad de infraestructura de carga.

Por ahora las solicitudes de conexión asociadas a electromovilidad son escasas (cerca de 190 durante el 2021). Sin embargo, alcanzar un 100% de ventas al 2035 implica un aumento significativo en trámites con las empresas distribuidoras pudiendo superar incluso las 100 mil solicitudes anuales asociadas a electromovilidad. En ese contexto, debemos buscar que la tramitación de solicitudes de conexión con las empresas distribuidoras y el acceso a la red eléctrica no se transforme en una barrera para las metas en electromovilidad.

El desafío es doble. Por un lado, prepararse para un aumento masivo de solicitudes, y por el otro, mejorar el proceso actual para que la tramitación con las distribuidoras deje de ser “la etapa más compleja en un proyecto de infraestructura de carga”. Resolver este desafío no solo implica mejorar los procesos internos de las distribuidoras, sino que también, cambios normativos para simplificar y homologar el proceso, y definir de mejor manera las obligaciones de las empresas distribuidoras.

Quedan tan solo 13 años para el 2035. Cumplir las metas en electromovilidad implica abordar desde hoy las dificultades y retrasos en el acceso a la red eléctrica.