La violencia armada en la denominada Macrozona Sur ha producido daños millonarios a la industria del transporte terrestre y una destrucción que hace difícil la recuperación de los elementos y equipos afectados. Junto con ello, ha generado temor entre los trabajadores y los emprendedores que trabajan para firmas mandantes. En 2021 la escalada violentista ha intensificado su accionar, contándose varios heridos y personal de estas empresas baleados con armas de gran poder ofensivo.

En este contexto la autoridad gubernamental ha aplicado el estado de excepción constitucional, primero de oficio y luego con aprobación del Congreso, como lo dispone la legislación. Ello permitió en los últimos dos meses el apoyo logístico de personal militar a las fuerzas de orden y seguridad, que no dan abasto para prevenir e impedir la comisión de graves actos delictuales, tales como ataques incendiarios a camiones y faenas, ocupación de propiedades rurales y ataques a personas. El transporte terrestre se ha visto muy afectado por el despliegue de bandas armadas, que no han podido ser dominadas y controladas. Se puede señalar que los ataques a camiones se clasifican en los cometidos contra transportes carreteros, principalmente en la Ruta 5 Sur, y otros en faenas forestales y de predios; estos últimos en caminos interiores y en sitios donde el auxilio de personal especial o bomberos se torna muy difícil.

Cabe destacar, que el mes del año en curso que registra la mayor cantidad de atentados incendiarios fue mayo, con 29 unidades. También durante 2021 los atentados se han concentrado mayoritariamente en predios forestales y en las carreteras, los ataques tienen una connotación de mayor impacto.

Es importante precisar que la estadística solo considera camiones, tanto carreteros como forestales y de faenas, no incorporando la destrucción por ataques a personas, trabajadores, instalaciones, construcciones y otro tipo de implementos, tales como camionetas, skidders, cargadores frontales, motoniveladoras y otros de línea amarilla usados en faenas forestales y civiles, y que son anexos o complementarios de faenas de carga.

Si bien no existe una cifra exacta de los daños materiales, se puede deducir que cada camión y su equipo de arrastre pueden tener un costo de reposición promedio de 80 millones de pesos, aunque es relativo y depende del año, marca, motorización y tipo de equipo. Siguiendo este criterio, que solo puede ser considerado para una cifra gruesa, para 2021 es posible establecer una pérdida patrimonial cercana a los $ 8.150 millones. La mayor parte de los afectados son transportistas del segmento Pyme, que a su vez prestan servicios a faenas forestales. El resto son transportes carreteros, que usan las vías principales para el traslado de productos diversos.

Las cifras demuestran que los camiones destruidos este año dan un salto cuantitativo del accionar violentista, pues los ataques equivalen a un 60 % de todos los cometidos los cinco años anteriores. La violencia va en aumento y por lo tanto la evaluación que nuestro gremio hace es negativa.

Sin duda, se trata de algo muy difícil. En general, los atentados quedan sin responsables, los cientos de querellas e investigaciones para detener y desmantelar las organizaciones delictuales, vinculadas a la droga y al robo de madera, quedan en su inmensa mayoría archivadas, sin avance, y por lo tanto sin responsables. Ello demuestra la falta de estado de derecho, pues las instituciones no son capaces de hacer justicia, y menos aún hallar mecanismos de reparación para las víctimas.

Otro punto importante es que a la falta de seguridad se suman las pérdidas materiales. Numerosas empresas, lamentablemente de menor tamaño, han cesado sus operaciones, por no disponer de los medios para reponer los equipos destruidos. En esto tampoco ha funcionado ningún programa de reparación oficial, que se haga cargo de la responsabilidad que les corresponde a los gobiernos por no garantizar la seguridad en las carreteras.

Como conclusión, la visión que surge es francamente desalentadora, porque siempre está presente la amenaza de que en algún momento haya más conductores muertos o heridos, como ocurrió con el crimen de Juan Barrios, aún impune. La tarea de las soluciones dependerá definitivamente de la orientación y el enfoque que decidirá aplicar el próximo gobierno, y qué estrategia empleará en ello.