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Los desafíos pendientes en salud ocupacional
Por Nella Marchetti P., Directora Programa Salud Ocupacional, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.

Las cifras actuales de enfermedades ocupacionales lanzan una alerta. Es urgente realizar acciones tendientes a reducir estos índices y crear una cultura de seguridad y prevención, en una tarea donde la responsabilidad es compartida entre las autoridades y el mundo empresarial.

Se estima que, a nivel mundial, se producen 270 millones anuales de accidentes laborales mortales y no mortales, y que 160 millones de trabajadores padecen enfermedades profesionales. En Chile, las estadísticas para el año 2012 muestran que se produjeron 277.513 accidentes con 4.578.636 días perdidos, y 5.676 enfermedades, cifra muy inferior a la esperada. De ahí se desprende que existe un importante sub-registro y que estas patologías se consignan como enfermedades comunes.

Los trabajadores cubiertos por el seguro contenido en la Ley 16.744 para accidentes y enfermedades profesionales, alcanzan en promedio al 70% de la fuerza de trabajo ocupada, sin embargo, existen ramas con menor cobertura como agricultura, comercio y manufactura. La cantidad y severidad de estos accidentes es desigual y muestra que afectan especialmente a empresas pequeñas y medianas y a categorías de trabajadores de mayor precariedad.

La sensibilidad pública respecto de la seguridad y salud en el trabajo es baja y no se le ha asignado la importancia que merece, considerando que la población trabajadora del país representa aproximadamente el 43% de la población total, la que sustenta la economía del país, y que, bajo diferentes condiciones y en diferente magnitud, puede estar expuesta a efectos nocivos en su salud por condiciones de trabajo inadecuadas; y que las enfermedades profesionales y los accidentes laborales son la causa de sufrimiento, de pérdidas de vidas y tienen un alto costo económico para el país. Los esfuerzos por enfrentar estos problemas han sido escasos y dispersos, y no han tenido un nivel de coherencia capaz de producir un impacto nacional, como quedó en evidencia con ocasión del accidente de los 33 mineros atrapados en la mina San José, hace tres años.


Causalidades y recomendaciones

Diversas son las causas de esta situación, y entre ellas se destaca el hecho de que no se tiene una visión estratégica de la seguridad y salud en el trabajo, que marque un curso de acción consensuado, con conceptos asociados, definidos y diferenciados.

Estos últimos se expresan, en primer término, en una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, construida sobre una base tripartita de trabajadores, empleadores y gobierno, para cumplir un mandato sobre la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, que represente el compromiso país, los principios orientadores de la acción nacional, las áreas de acción, las funciones y las responsabilidades de los diversos grupos de interés. En segundo lugar, se requiere perfeccionar el actual sistema de seguridad y salud en el trabajo, que dé soporte a la infraestructura legal e institucional de la política y los programas a desarrollar.

Luego, se necesita disponer de un perfil nacional de seguridad y salud en el trabajo, que entregue información sobre el estado de situación en este campo, con datos nacionales y estadísticas, y una descripción del sistema nacional y su capacidad actual. Por último, hace falta un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo con prioridades, objetivos y metas, a ejecutar en plazos determinados y con indicadores de evaluación.

El desarrollo y mantención de una cultura de prevención de la seguridad y salud con un enfoque integral de la gestión, deben ser las bases que sustenten una estrategia a nivel nacional. Chile ha ratificado el Convenio Nº 187 de OIT, que contiene los conceptos y actividades antes señaladas, por lo que una vez implementado se espera un cambio sustantivo de la situación actual.

Una visión estratégica para enfrentar los problemas de seguridad y salud en el trabajo permitirá un mayor compromiso y visibilidad con la protección de los trabajadores, una mayor coordinación y comunicación entre las instituciones involucradas, focalización de las prioridades y del impacto, y la medición del progreso y del éxito de los programas.

Diciembre 2013
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