La telefonía por Internet es una tecnología madura que puede sustituir las funciones de la telefonía tradicional, siendo capaz, además, de entregar nuevos servicios imposibles para esta última. Sin embargo, Gobierno, empresas y hogares desconocen este potencial. Esta confusión es aprovechada por quienes han invertido en telefonía tradicional y sustentan su existencia en los ingresos de este servicio en particular. Más del 85% de los ingresos del sector de las telecomunicaciones corresponde a telefonía. El gasto del país por este concepto supera los US$2.000 millones anuales, es decir, representa más del 2,5% de nuestro PIB. Los chilenos hemos estado pagando por telefonía y por el acceso a Internet separadamente, en circunstancias que una buena conexión de banda ancha y un gasto adicional muy marginal nos habrían permitido disponer de ambos servicios por menos de la mitad del costo total actual. En otras palabras, el país puede ahorrarse -además de desarrollar aún mejores telecomunicaciones- al menos US$1.000 millones anuales, mediante un rápido desarrollo de la banda ancha.

Internet es una capa intermedia en la cadena de valor de las telecomunicaciones actuales. Por una parte, están los proveedores de acceso, quienes deberán competir por otorgar la mayor capacidad posible (ancho de banda), el mejor servicio (disponibilidad y cumplimiento) y el menor precio. Los actores participantes en este primer mercado de acceso son las telefónicas mediante el uso de sus pares de cobre (ADSL), las de TV Cable, las tecnologías inalámbricas (WLL, Wi-Fi y otras), la fibra óptica y pronto las redes de distribución eléctricas (PLC).

Por otra parte, está el mercado de aplicaciones o de servicios sobre Internet, tales como las VPN, portales web, correo electrónico, radio y televisión, contabilidad remota, factura electrónica y educación a distancia. Sin embargo, la aplicación que tendrá el mayor impacto económico en el sector es la telefonía como un servicio más de Internet.

En este nuevo escenario, la buena noticia es que al fin visualizamos mercados en competencia, tanto en el acceso con diferentes tecnologías y proveedores, como en las aplicaciones y servicios, cuyos oferentes no necesitan construir redes físicas para operar. Por lo tanto, lejos quedará el concepto de monopolio natural, que ha predominado en el sector y que obliga al Estado a proteger al consumidor. Por el contrario, el Estado debe promover este proceso justamente para evitar abusos al consumidor. Para empezar, el Gobierno debiera licitar punto por punto, repartición por repartición, escuela por escuela, el acceso a banda ancha de todas sus dependencias. De esta forma, sería el primero en generar ahorros públicos por, al menos, US$100 millones anuales, los que hacen mucha falta en otros sectores, especialmente, en educación.

Como el principal consumidor de telecomunicaciones del país, el rol del Estado es fundamental para acelerar las inversiones marginales que el país requiere hacer para un uso óptimo de los recursos privados ya instalados para acceder a Internet a alta velocidad. El ejemplo de Corea, país que ocupa el primer lugar mundial en penetración de banda ancha, nos debe guiar como modelo a imitar. Como dato referencial, en este país el servicio telefónico cuesta alrededor de US$4 al mes y la telefonía representa menos del 15% de los ingresos del sector.

Pobre consuelo

El proceso de fijación tarifaria iniciado nuevamente no debió ocurrir si hubiéramos aprovechado la oportunidad que nos brindaba Internet, tal como lo hizo Corea. Ser líderes latinoamericanos en conectividad a Internet es un pobre consuelo para Chile. Las bases estaban sentadas para estar entre los 10 primeros países del mundo. Esperemos que el Gobierno resista eventuales presiones o compromisos en este nuevo proceso tarifario y tenga en mente el sentir de quienes no queremos en Chile una brecha digital entre ricos y pobres. Hay mucho más en juego en este proceso de lo que se ve a simple vista.