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| Mauricio Utreras, director ejecutivo de Generadores Independientes de Energía AG (GIE). |
Por Mauricio Utreras, director ejecutivo de Generadores Independientes de Energía AG (GIE).
Las reglas del sector eléctrico no son meramente técnicas. Son decisiones de política pública que influyen en las decisiones de inversión y en el desarrollo futuro del sistema energético. Por eso, cuando se modifican, tan importante como abordar los desafíos operacionales es también asegurar coherencia regulatoria y una mirada de largo plazo. Los cambios a los reglamentos DS 125 y DS 88 apuntan a desafíos reales del sistema, pero estimamos que aún pueden perfeccionarse antes de su implementación.
Como GIE hemos presentado observaciones ante la Contraloría respecto de ambos decretos porque consideramos que algunos de sus efectos regulatorios merecen una revisión más detallada. Entre ellos, la coincidencia de varios cambios normativos en paralelo, la forma en que se propone incorporar a los PMGD a nuevos mecanismos operativos y la necesidad de asegurar consistencia entre reglamentos, normas técnicas y modificaciones legales recientes. Más que cuestionamientos de fondo, vemos aquí una oportunidad para mejorar el diseño regulatorio y reducir espacios de incertidumbre.
Existe además un punto más estructural. Los PMGD operan bajo un régimen regulatorio diferenciado definido por ley y cualquier modificación que pueda alterar ese equilibrio debiera analizarse cuidadosamente. Por eso estimamos razonable abrir un espacio para revisar estos decretos, evaluar sus impactos y eventualmente ajustarlos antes de su implementación, no como una señal de retroceso, sino como una forma de fortalecer su legitimidad técnica y regulatoria.
La experiencia del sector eléctrico chileno muestra que la buena regulación no es la que avanza más rápido, sino la que entrega mayor certeza. En un sector donde los proyectos se planifican a 20 o 30 años, la señal más relevante es la confianza en la estabilidad de las reglas. Perfeccionar estos decretos, especialmente en el contexto de una nueva administración, puede ser una buena oportunidad para reforzar esa certeza y asegurar que la transición energética continúe avanzando sobre bases regulatorias sólidas.
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