 |
|
|
Un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, identificó que la estructura tarifaria que enfrentan los hogares chilenos presenta distorsiones profundas que no solamente provienen de la generación ni de la transmisión, sino de fallas acumuladas en la aplicación de principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad dentro del mercado regulado.
La investigación, financiada con el Fondo Concursable del Sernac, concluye que un conjunto reducido de contratos firmados entre 2008 y 2013, correspondientes a cinco empresas generadoras, continúa dominando la formación del precio de la energía que pagan los clientes regulados, pese a ser contratos indexados al petróleo, al gas, al carbón y al tipo de cambio. Esta estructura explica una parte relevante del desalineamiento entre la matriz renovable actual y las tarifas finales.
El estudio titulado “Transparencia y Equidad en las Tarifas Eléctricas” también evidencia que las debilidades en la trazabilidad y disponibilidad de información entregada por el Coordinador Eléctrico Nacional constituyen una falla estructural de gobernanza, que obstaculiza la fiscalización efectiva y dificulta el control ciudadano y regulatorio sobre los mecanismos de compensación por indisponibilidades, a lo que suma la correcta aplicación de los contratos y la comprensión del precio final que enfrentan los hogares.
Como resultado de estas distorsiones, la investigación estima que se ha generado un sobrecosto sistémico cercano al 15% del componente de energía en las tarifas reguladas, incremento que no responde a costos reales del mercado eléctrico chileno, sino a fallas en el diseño y aplicación del marco contractual vigente.
El informe también señala que la exposición al tipo de cambio y a indexadores fósiles heredados de una matriz antigua, impide que las disminuciones en los costos de generación renovable se reflejen en las cuentas de los hogares. Asimismo, los altos niveles de energía renovable vertida, que superan los dos mil ochocientos gigavatios hora al año, representan una pérdida económica que, de manera indirecta, termina siendo absorbida por los consumidores.
Para ODECU, el diagnóstico es claro. Según explica Stefan Larenas Riobó, presidente de la organización: “Nuestro compromiso es entregar información independiente, seria y técnicamente fundada que permita mejorar la regulación y proteger a los consumidores. Las familias tienen derecho a entender cómo se construye lo que pagan y a contar con un sistema eléctrico que opere con reglas claras, eficientes y transparentes”.
Larenas agrega que esta situación no responde a factores naturales del mercado, sino a un conjunto de fallas que deben ser corregidas para que la transición energética se traduzca en beneficios reales para los hogares.
El estudio propone avanzar hacia una revisión integral del régimen contractual vigente, actualizar los mecanismos de indexación, reforzar la disponibilidad pública de información del Coordinador Eléctrico Nacional y mejorar los procesos de compensación ante indisponibilidades. Asimismo, recomienda acelerar la incorporación de almacenamiento y redes inteligentes que reduzcan los vertimientos renovables y permitir que los avances tecnológicos del sistema se reflejen efectivamente en las tarifas finales.
Finalmente, Larenas subraya la importancia de avanzar en prácticas de transparencia sustantiva: “La ciudadanía tiene derecho a un sistema eléctrico que rinda cuentas con claridad y oportunidad. La transparencia no puede seguir siendo una obligación formal; debe convertirse en una práctica efectiva, que permita a los consumidores comprender y fiscalizar la construcción de sus tarifas”.
|
