Chile ha demostrado liderazgo en la incorporación de energías renovables centralizadas para la generación eléctrica. La capacidad en Energías Renovables No Convencionales (ERNC) ha crecido de manera impresionante, pasando de 1.000 MW en 2013 a más de 14.000 MW en 2023. Esto nos permite tener una cierta cuota de optimismo sobre el futuro, pero también debemos ser cuidadosos.

En los últimos años, nuestro país ha enfocado sus esfuerzos en la incorporación de sistemas de generación de gran escala así como también en abordar los desafíos que enfrenta la infraestructura de transmisión de electricidad. Aunque hemos avanzado en estos campos, aún hay mucho trabajo por hacer en ellos. Una muestra de lo anterior es la situación crítica que están viviendo algunas empresas del sector renovable producto de que la transmisión no ha sido capaz de expandirse al mismo ritmo que lo ha hecho el segmento de generación.

La mayoría de los actores de la industria están conscientes de que es una situación que requiere ser resuelta a la brevedad con el propósito de asegurar, no sólo el suministro de energía limpia a los usuarios, sino que también para permitir el desarrollo de un sector de generación competitivo. Sin duda, el Ministerio de Energía está preocupado de esta situación y está tomando acciones que van en la dirección correcta, en particular en lo relacionado con las medidas de promoción de los sistemas de almacenamiento y las disposiciones del proyecto de ley de transición energética que está actualmente en tramitación en el Congreso.

Como en todo orden de cosas, las medidas planteadas por el Ministro Pardow no han estado exentas de discusión. Mientras hay algunas visiones que porfiadamente insisten que este es un problema que se circunscribe exclusivamente a empresas que no han hecho una buena evaluación de los riesgos del negocio, hay otros que planteamos que es un problema producido, entre otras cosas, por una deficiencia estructural del Estado para planificar y verificar la correcta ejecución de las obras de expansión de la transmisión.

En cualquier caso, es claro que es un problema que debe ser abordado con medidas de corto y largo plazo. El Ministerio de Energía, si bien ha planteado medidas que se hacen parcialmente cargo del corto plazo, también ha planteado la discusión de medidas de largo plazo.

Lo anterior debido a que pareciera ser evidente que la regulación actual del sector eléctrico no está adaptada para la configuración esperada de los sistemas eléctricos del futuro, a saber, sistemas 100% renovables, con matrices energéticas diversas, donde coexisten múltiples tipos de actores distribuidos a lo largo de todo el territorio. El punto es que las medidas de largo plazo hacen referencia a sólo dos de los tres segmentos del sector: generación y transmisión.

En estos días, el Gobierno hizo el lanzamiento del proceso del plan de descarbonización, el que se basa en la organización de mesas de trabajo en torno a tres pilares o temas: i) Modernización de la Red, ii) Descarbonización, reconversión y combustibles de transición y iii) Transición justa.

Para efectos de esta columna, quisiera hacer énfasis en las medidas del primer pilar. En él, se espera convocar a una mesa de trabajo que discuta sobre: transmisión, señales de localización, coberturas de riesgo, mercados mayorista de energía, potencia y SSCC, operación de la red, digitalización y automatización, entre otros temas. En este listado de cosas, la reforma a la distribución y el fomento a la generación distribuida y autoconsumo brillan por su ausencia. Salvo, claro está, que esté incluido en el “entre otros” que siempre acompaña a este tipo de anuncios. Pareciera ser que entre las herramientas para enfrentar los problemas de largo plazo de la transición energética, ni la distribución de energía eléctrica ni la generación distribuida están dentro del radar de la autoridad. Esto es al menos extraño, ya que es este segmento el que precisamente lleva la energía hasta la mayoría de los consumidores finales y no ha sufrido reformas relevantes en los últimos 40 años.

Cuando uno mira la experiencia de países que han logrado avances significativos en sus procesos de transición energética, se puede observar que la generación distribuida y el autoconsumo juegan un rol muy importante, llegando en algunos casos a representar sobre el 50% de toda la capacidad solar instalada. Este es el caso, por ejemplo, de Alemania, Australia, Estados Unidos, por nombrar algunos. En ellos, y en muchos otros, el segmento de generación distribuida aporta tanta energía como la generación centralizada.

Es evidente que por economías de escala, la generación distribuida tiene costos unitarios más elevados que la generación centralizada. Sin embargo, por el hecho de estar cerca de los centros de consumo, la primera tiene un efecto de reducir los flujos de energía que circulan por las redes eléctricas, lo que se traduce tanto en menos pérdidas por transporte, como también en reducción de los requerimientos de expansión de las redes de transmisión. Además, y particularmente en el caso de la energía solar, su carácter modular permite producir energía en techos de viviendas e instalaciones comerciales, reduciendo así su impacto en el territorio.

Naturalmente, estos beneficios tienen rendimientos decrecientes y por lo tanto, es posible estimar cuál es la combinación óptima de generación de gran escala centralizada y generación distribuida que un sistema eléctrico debe tener. Actualmente, pareciera ser que la autoridad no tiene claridad de cuál podría ser ese número, y por lo tanto, tampoco de cuáles deberían ser las políticas de apoyo que se deben implementar para potenciar el sector distribuido y de autoconsumo.

La red eléctrica del mañana será más intrincada que la que se concibió hace 40 años. Debe permitir una serie de interacciones más sofisticadas, incluyendo nuevos tipos de usuarios y tecnologías. En este aspecto, Chile está quedándose rezagado.

El punto en todo eso es que, de aquí hacia el primer semestre de 2024, trabajaremos con la autoridad para conversar sobre los temas de largo plazo planteados por ella en la agenda de descarbonización. Muchos de esos temas implicarán grandes reformas cuyos plazos de implementación tomarán probablemente varios años.

Sería una lástima, acercarnos al 2030, cuando ya estemos por cumplir los primeros hitos impuestos por los compromisos ambientales de nuestro país, y darnos cuenta que no fuimos capaces de desarrollar el último eslabón de la cadena, el actualmente más débil, aquel que precisamente lleva la transición energética hacia nuestros ciudadanos.