Con el reciente despacho del proyecto de ley que establece un mecanismo para regular las cuentas eléctricas, además de no hacerse cargo de las cuestiones de fondo de la situación, el Estado no pone un solo peso en contribuir a limitar el alza de las cuentas de la luz de todos los chilenos. La iniciativa, una continuación del mecanismo creado por el gobierno del presidente Piñera en 2019, no es otra cosa que la acumulación de cuentas impagas a las generadoras por hasta US$1.600 millones, para luego prorratear su pago a 10 años plazo, sumado ahora al pago de un sobrecosto permanente para ciertos usuarios de la energía eléctrica.

Sobre este sobrecosto, y dicho de otro modo, exige que aquellos consumidores domésticos, Pymes o grandes empresas que invirtieron recursos en modificar sistemas más contaminantes por unos de tipo eléctrico –de menor impacto ambiental, evitando el uso de combustibles fósiles o leña, por ejemplo, en el caso de las familias o pequeñas compañías– se hagan carga de solventar un fondo para cubrir futuras alzas de tarifas.

Por otro lado, el mensaje que se da al mercado y a los ciudadanos es, a todas luces, confuso. Incluso paradójico. El país está embarcado en una exitosa estrategia, reconocida incluso internacionalmente, para descarbonizar su matriz energética, y lo que hace este proyecto de ley es comenzar a castigar el uso de energía eléctrica.

Una política pública mal diseñada que va en sentido contrario de otra política pública, exitosa, pertinente a los tiempos que corren y que, además, genera adhesión y consenso en todos los sectores de nuestra sociedad. De hecho, muchas de las empresas que se verán perjudicadas por este mecanismo, han avanzado a través de innovadoras estrategias internas para reducir su huella de carbono e ir prescindiendo del uso de combustibles fósiles gradualmente. Ni hablar de los usuarios domésticos…

El mecanismo, en definitiva, será financiado, en principio por la industria eléctrica, pero finalmente por todos los usuarios, y especialmente por quienes más energía consumen, aunque estos, en su mayoría, no son otros que los que, al mismo tiempo, más contribuyen al crecimiento de nuestra economía. En tiempos de crisis inflacionaria, las repercusiones de esta normativa podrían hacer que ese “sobrecosto” se traspase también a los consumidores. Y he aquí otro absurdo: las familias momentáneamente no verán alzas en su cuenta de la luz, para luego tener que hacerse cargo de pagar hasta por 10 años el costo de esta “estabilización”, pero finalmente nadie garantiza que en el intertanto además no terminen pagando más por el pan u otros alimentos básicos.

El Estado no pone nada de su parte y le carga la mano al sector productivo, sin abordar las cuestiones estructurales de fondo, dando prioridad a cuestiones realmente vitales para el futuro, por ejemplo, a una mayor eficiencia en las líneas de transmisión, con nuevas obras para disminuir la pérdida de energía. En suma, esto no se entiende de otra forma que no sea salir rápido de un problema de alto impacto, en tiempos de definiciones electorales, ayudando a descomprimir el ambiente con una mala solución “parche”.