En la actualidad, la seguridad hídrica se está viendo amenazada de manera real, lo que implica que, como sociedad, debemos actuar rápido para evitar que esta situación empeore y nos afecte cada día más. En este contexto, la desalinización emerge como una alternativa real para combatir la actual sequía y para que las empresas y personas dispongan de una fuente de agua nueva, ya sea para el consumo humano como para su uso en diversos sectores de la economía, entre ellos la agricultura.

Pero lo anterior no solo debe representar una iniciativa del sector privado, sino que debe formar parte de una política pública que facilite el desarrollo de la desalinización en nuestro país. Es urgente contar con un marco regulatorio que permita el desarrollo de los proyectos y posibilite disminuir los plazos de estos. Si bien la minería, sanitarias e industria en general han sido precursores en esta materia, y ya emplean esta tecnología desde hace años en sus procesos en Chile, queda mucho por avanzar en esta materia. Basta con considerar lo que sucede en países como Israel en donde, por ejemplo, las plantas desalinizadoras proveen de agua para el consumo humano a la mayoría de la población.

Nuestra nación, con la extensa costa que posee y con una gran cantidad de energía disponible a precios muy atractivos y proveniente de fuentes renovables, estaría en condiciones de disponer en el futuro cercano- siempre y cuando exista la voluntad política y la inversión necesaria- de muchas plantas desalinizadoras que provean de agua a aquellos sectores y zonas que lo necesiten.

Esto es factible no solo técnicamente (ya que construir una planta de este tipo es muchísimo más rápido que hacer un embalse y permite asegurar el suministro de agua fresca independientemente de las lluvias), sino que nuestra geografía también ayuda: Chile es un territorio angosto, lo que facilitaría la distribución de este recurso clave en los lugares donde hay escasez.

Lo clave es tomar de decisión lo antes posible, pues ya estamos atrasados. Entre 2010 y 2019 tuvimos un déficit de lluvias en la zona central de más del 40%. Y nada hace pensar que la situación cambiará. Debemos prepararnos desde ya e invertir para que contemos con un seguro en caso de que la situación de menores precipitaciones se mantenga o agrave, no hay tiempo que perder. ¿O esperaremos a que nos suceda lo mismo que a Ciudad del Cabo el año 2018? Por eso, el Estado debiese destinar parte de los subsidios que tradicionalmente ha destinado a la construcción de embalses a incentivar la construcción de plantas desalinizadoras que permitan, entre otras cosas, llenar los embalses, muchos de los cuales hoy están en niveles mínimos históricos.

Hay cuencas donde hoy los agricultores sufren pérdidas muy importantes y ven con desazón como tierras fértiles van perdiendo tal condición por la escasez de agua y los embalses a los que antes recurrían, hoy no tienen ese vital elemento para abastecerlos. Muchos de ellos están dispuestos a pagar por agua desalinizada, pero necesitan que el Estado les ayude a agruparse y garantizar compromisos de largo plazo que cada uno en forma independiente no puede lograr. Por eso se requiere una decisión del Estado de Chile que permita complementar la red de embalses existente con plantas desalinizadoras que permitan llenarlos cuando se requiera; es la mejor manera de asegurar que los embalses construidos y por construir serán útiles para su propósito si continúa el déficit de precipitaciones. De este modo, podemos asegurar que las desalinizadoras serán parte importante de los “embalses del futuro”.