La seguridad en el sistema eléctrico nacional es un tema esencial, un principio básico que debe guiar tanto las acciones de sus agentes como cada política y normativa que se implementa en este sector.

Así, uno de los fines propios de la coordinación de la operación es el de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, la que se ha visto especialmente exigida desde octubre de 2019 hasta la fecha. La seguridad de los trabajadores, contratistas y proveedores es también prioritaria, y ha llevado a todos los agentes a implementar exigentes medidas y protocolos para proteger la salud de todos, sin afectar la continuidad operacional de cada instalación que compone el sistema eléctrico nacional y asegurando así el suministro eléctrico.

Pero no debemos olvidar que existe también otra seguridad esencial para el sector eléctrico: la seguridad financiera del sistema. Este aspecto no puede relegarse en el orden de prioridades, especialmente al momento de discutir medidas extraordinarias para casos excepcionales. Es imposible mantener la sustentabilidad operativa del sistema eléctrico si no nos preocupamos de cuidar y mantener su sustentabilidad financiera.

Uno de los pilares en los que se basa la seguridad financiera del sistema eléctrico es garantizar y mantener la cadena de pagos entre los distintos actores. Esta cadena está compuesta por la serie de pagos entre las empresas que integran el sistema, desembolsos sucesivos entre los distintos segmentos que van desde la remuneración a proveedores y contratistas, los pagos entre generadores en el mercado de corto plazo a los sistemas de transmisión, las respectivas reliquidaciones, pasando por los contratos de suministro de clientes libres, los contratos de suministro licitados por las empresas distribuidoras, hasta el pago de la boleta que hace cada cliente regulado a la concesionaria de distribución. Son muchos quienes integran esta cadena y su quiebre puede llegar a poner en riesgo la seguridad global del sistema.

Hoy se ha levantado una nueva alerta de que pueda verse interrumpida la cadena de pagos en el sistema eléctrico. Un rápido repaso por los últimos nueves meses en el sector la justifican.

Nadie puede negar los efectos financieros que el mecanismo de estabilización de precios de la energía para clientes regulados –introducida con inusitada rapidez y efectos retroactivos en noviembre de 2019 por la ley N°21.185– ha tenido sobre aquellos generadores que contaban con contratos de suministro vigentes con distribuidoras.

Otro componente tarifario que se congeló fue el valor agregado por concepto de costos de distribución con la ley N°21.194 o también conocida como la Ley Corta de Distribución de diciembre de 2019, dejándose el pago de los saldos para los siguientes procesos de tarificación de los suministros a clientes regulados.

Un poco después, se congeló el cargo por transmisión para el año 2020, hasta la publicación del nuevo decreto de valorización de las instalaciones de transmisión correspondientes al cuatrienio 2020-2023, todo esto mediante resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía. La reliquidación se aplicará cuando se encuentren fijadas las nuevas tarifas.

Así vemos como en dos meses, mucho antes de la emergencia sanitaria, ya se implementaron medidas de importancia que, con el fin de evitar el aumento de las tarifas eléctricas, tenían efectos en los tres segmentos del sistema eléctrico nacional.

Llegado marzo y la emergencia sanitaria, los agentes debieron extremar sus esfuerzos para asegurar la continuidad de suministro en todo el país y cuidar la salud de todos sus trabajadores. Junto con esto, las distribuidoras acordaron con el Gobierno un plan de apoyo que permitió dar facilidades a aquellos consumidores que se estaban viendo afectados no solo por la crisis sanitaria sino especialmente por los efectos que comenzaban a verse en la economía nacional. Este compromiso voluntario, fue recogido y ampliado en un proyecto de ley aprobado en el Congreso y que se encuentra a la espera de su promulgación, prohibiendo el corte de servicios básicos –entre ellos la electricidad– a quienes no puedan pagar, con aplicabilidad a personas e instituciones y permitiendo el pago de la deuda en cuotas.

Adicionalmente, las cuarentenas y medidas sanitarias han dificultado la medición del consumo en clientes regulados, generando reclamos y fiscalizaciones adicionales, y han afectado la recaudación en el segmento distribución especialmente en sectores en los que el acceso a plataformas y pago en línea es escaso.

También se ha dado cuenta de ciertas empresas transmisoras que comunicaron su negativa a pagar a los generadores los montos correspondientes a la Revisión de Peajes de Transmisión Nacional 2019, por aplicación del Cargo Equivalente de Transmisión, tema que llevaron hasta el Panel de Expertos para que éste resuelva su legalidad, aunque no exista norma que permita retener el pago ante este tipo de situaciones.

Sumemos la constante disminución en la demanda en el sector eléctrico en estos meses, que con cada nueva cuarentena sigue siendo mayor y que afecta a todo el sistema.

Queda en evidencia que todos y cada uno de los eslabones que forman la cadena de pagos en el sistema eléctrico está –al menos– siendo puesto a prueba como no había ocurrido en el último tiempo. Si bien es cierto que contamos con un sector eléctrico robusto, éste no está compuesto solo por grandes empresas con espaldas financieras y acceso al crédito. Hay también muchas empresas de menor tamaño que pueden verse enfrentadas a problemas de liquidez y que actualmente corresponden a un porcentaje relevante de las 504 empresas coordinadas del sistema eléctrico nacional. Esto se ve reflejado en las cartas dirigidas al Coordinador por las que se le comunica de incumplimientos de pago no acordados que afectan la cadena de pagos, las que en las últimas semanas se han multiplicado.

Las señales se encuentran a la vista, por lo que las autoridades competentes deben tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar un rompimiento en la cadena de pagos que pueda poner en riesgo la seguridad del sistema, manteniendo un seguimiento continuo y detallado de las denuncias que se formulan y compeliendo a quienes corresponda a cumplir con sus obligaciones de pago.

Por su parte, dado que la extensión y profundidad de la crisis económica en la que nos encontramos posiblemente sean mayores a los pronósticos iniciales, es probable que en el futuro se sigan implementado medidas excepcionales y aumente la presión para reducir o congelar tarifas eléctricas, por lo que en ese punto las autoridades legislativas y regulatorias deberán analizar especialmente sus efectos a mediano y largo plazo con el objeto de no debilitar la sustentabilidad y seguridad financiera de un sector tan importante para la economía del país y para el diario vivir de sus ciudadanos como lo es el sector eléctrico.