Ricardo Jiménez.

El cambio climático ha permitido ir avanzando en resolver las diferencias que existen entre los países, las que giran en torno al principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y las capacidades respectivas de cada uno de ellos. Esta es la idea detrás del pensamiento de que los países considerados “industrializados” lograron sus riquezas a costa de la emisión descontrolada de gases efecto invernadero, por lo que debiesen ser ellos los primeros en actuar. En cuanto a los países en desarrollo, se les debiese permitir desarrollarse antes de que se les limite la cantidad de estas emisiones.

Por su parte, Chile no ha sido ajeno a dicha situación, dejando de lado las diferencias y avanzando en la lucha contra el cambio climático en el país. Esto se ve reflejado a través del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, así como de otros proyectos, como MAPS(Mitigation Action Plans and Scenarios), iniciativas para la identificación, desarrollo e implementación de NAMAs, análisis de vulnerabilidad de sectores como recursos hídricos, salud e infraestructura, y finalmente el desarrollo de planes nacionales de adaptación para diversos sectores (silvoagropecuario, pesca y acuicultura, y biodiversidad), entre otros, los que han sido impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales.

También el sector privado ha hecho lo suyo. Muchas compañías locales han realizado sus inventarios de gases de efecto invernadero y las huellas de carbono de sus productos, y han comenzado a llevar a cabo la gestión de sus emisiones, ya sea través de programas de reducción en el consumo energético, desarrollo de proyectos de energías renovables, implementación de nuevas tecnologías, análisis del ciclo de vida, etc. Además, varias empresas han implementado planes de compensación de emisiones a través de la compra de bonos de carbono, reforestación o proyectos de captación de CO2.

Todo lo mencionado se complementa con lo propuesto por el Gobierno en la reforma tributaria que fue aprobada y cuya reglamentación se discute actualmente. Este impuesto al valor definido de USD5/Ton CO2 estará, en principio, dirigido a centrales de generación térmica con una potencia instalada mayor a 50MW térmicos.

Sin embargo, cuando se analiza la medida en detalle, se puede concluir que esta no representa un progreso en el objetivo común de combatir el fenómeno del cambio climático. Por el contrario, tal como está propuesta, no es más que una iniciativa netamente recaudatoria, ya que con el valor definido no necesariamente motivará la reducción de emisiones, es decir, el costo de pagar el impuesto (USD 5) es menor que el costo de abatimiento (reducción) de 1 Ton CO2, el que está muy por encima de dicho valor en la industria que está siendo objetivo de la medida, según los datos obtenidos en algunos estudios de curvas de costo marginal de abatimiento de carbono (MACCC, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, lo anterior no es más que continuar la misma cultura establecida con las multas generadas por los incidentes ambientales, donde los costos de descontaminación son mayores que el valor de la multa.

Más allá de la efectividad que pueda tener este “impuesto verde”, lo que sí está claro es que ya fue aprobado y, por consiguiente, las empresas deberán hacerle frente. Lo primero que se debe considerar es que las empresas regidas por el impuesto no internalizarán los costos asociados al mismo, por lo que muy seguramente estos costos serán transferidos en la cadena hasta los consumidores finales. Por ende, quienes en definitiva se verán afectados por este gravamen serán los grandes consumidores privados, como la industria minera y los consumidores residenciales, cuyas cuentas de la luz podrían incrementarse.

Por otra parte, otro de los aspectos que llama la atención es el hecho de que los dineros recaudados no se destinarán para financiar proyectos relacionados con el cambio climático, sino que permitirá financiar otras iniciativas del Gobierno. Por lo tanto, nos preguntamos dónde queda la credibilidad y prioridad que tiene el tema si el mismo Gobierno destina lo recaudado del impuesto al carbono a otras iniciativas, y asimismo, quiénes serán, entonces, los encargados de financiar los planes de adaptación.

Definitivamente, hay diferentes opciones que se deberían estudiar, como por ejemplo, la creación de un fondo verde local, que estuviese dirigido a apoyar proyectos de desarrollo bajos en carbono, los planes de adaptación locales, el ingreso de nuevas tecnologías más limpias, etc., lo que definitivamente daría las señales correctas al sector privado sobre la verdadera urgencia que tiene el tema.