Jorge Valenzuela.

Desde hace un par de meses, luego de sesenta años de espera, la SEC ha puesto en su sitio web, en proceso de Consulta Pública, el proyecto de actualización de la Norma 5 sobre Instalaciones de Corrientes Fuertes. La buena noticia se ve opacada por una duda lamentablemente justificada: ¿Es esto realmente una consulta pública o, como en ocasiones anteriores, es un comunicado en lo cual todo está decidido y se abre este proceso solo para cumplir una formalidad, pero sin que tenga un efecto real de participación profesional? Sería lamentable por cuanto, si bien la iniciativa de actualización es loable, el documento (como toda obra humana) es perfectible, lo que le da sentido al proceso de consulta y como profesionales del área, nos asiste la certeza que más de algo podemos aportar. Además, esta norma es de tremenda importancia para el país, pues intenta ordenar la estructura macro del sistema eléctrico, por lo que debe ser analizada y desmenuzada hasta la saciedad.

Entonces, es de esperar que, como en otras ocasiones, no aparezcan los detractores para quienes, por conveniencia, sustentan que las normas son un escollo que inhibe la innovación. El desarrollo es imposible sin normas, y los países desarrollados dan una clarísima muestra de ello. Chile necesita con desesperación un sólido entramado normativo para lograr progresar, y conspira en contra de esta gran verdad nuestra idiosincrasia “chuchoquera”, nuestra inveterada costumbre de tratar de solucionar todo “a lo compadre” y nuestro vicio de las iniciativas de quince días.

Esto, incluso, se aprecia en el proceso de consulta al que supuestamente hemos sido invitados. De partida, esta iniciativa debiera ser parte de un proceso general, sujeto a un plan estructurado a largo plazo para establecer un sistema nacional de entidades normalizadoras y no obedecer a una iniciativa, tal vez personal, de corregir un problema muy particular, por importante que este sea, cuya solución ha esperado décadas.

La propia ley de servicios eléctricos, el DFL 4-2007, establece esta necesidad al exigir la dictación de una serie de reglamentos y las respectivas normas de aplicación (el DS 327 de 1997 - Reglamento Eléctrico), agrega otra importante cantidad de materias por normalizar. En el propio estudio presentado, se referencian alrededor de una cincuentena de normas extranjeras que permitirían la correcta interpretación y aplicación de la nueva norma que se dictará; es imperativo que todas aquellas normas se transformen en normas nacionales, adaptadas a nuestra realidad que evidentemente es muy distinta a las de los países que las originaron. Inexplicablemente, la SEC recién está reaccionando frente a estas obligaciones que establecen las leyes y la lógica técnica, y lo hace en forma tibia, no del todo coherente, metiéndose en temas muy parciales sin enfrentar el todo. Sin embargo, no podemos entrar en el facilismo de culpar a la autoridad de todos los males del país; nuestra actitud profesional frente a los procesos de consulta es en extremo deficiente; lo digo desde el conocimiento, pues me ha correspondido liderar varios procesos de consulta pública y la participación siempre ha sido paupérrima, lo que es penoso porque, de las pocas participaciones que llegan, se percibe que el medio es profesionalmente potente y tendría mucho que decir.

Está extendida la invitación a los colegas y al público en general -no olvidemos que quien sufrirá las consecuencias de nuestros vuelos teóricos será el ciudadano de a pie- a participar del proceso a exponer sus ideas, dudas y experiencias, asumiendo que más que responder a una invitación esto es responder a una obligación cívica. Podría parecer que este llamado esté fuera de lugar en un medio que habla a los segmentos industriales, pero aquello sería una percepción errónea, pues los grandes beneficiarios con la dictación de la norma propuesta serán las grandes empresas.