Tal vez es mi karma pero, por los inescrutables designios del hado, me ha tocado sistemáticamente encontrarme con casos como los que se comentarán en este texto, donde interesados o desinteresados en un tema, cometen errores conceptuales de proporciones, que mantienen al país muy alejado del estándar de calidad que supuestamente todos luchamos por obtener.

He comentado la displicencia con que el tema de la normalización se toma en nuestro país. Hay productores de normas que bregan, contra viento y marea, por entregar un nutrido bagaje documental al respecto pero, por otro lado, hay quienes -con mucho menor esfuerzo y casi sin moverse de su escritorio- “echan por tierra” aquel loable esfuerzo, pues impiden que el siguiente paso de este proceso -el control de calidad (que debiera ser el compañero inseparable de cada norma)-, se pueda concretar, utilizando para ello argumentos tan absurdos como que este sería un límite innecesario a la iniciativa privada y un innegable retraso al progreso impulsado por las fuerzas imbatibles del mercado.

Esta actividad de zapa ha impedido que en el país se haya desarrollado la imprescindible cultura del manejo de las normas, sin la cual el desarrollo tan deseado y buscado es solo una entelequia. Errores, forzados o no, se cometen cada vez que se intenta certificar un producto en nuestro muy sui generis sistema de certificación.

Alguien, con la mejor intención del mundo, lleva una muestra a alguna institución certificadora para comprobar las bondades que ese producto tendría y, obviamente, la entidad emite un certificado según las características de la muestra, vale decir, se certifica un prototipo. Según nuestros usos y costumbres, esta certificación se asume como genérica y representativa de toda la producción y así el usuario final, a quien se le muestra la certificación del prototipo, cree inocentemente que le han entregado un producto de calidad garantizada, lo que es imposible pues tal certificación solo sería posible a través un control estadístico de calidad en la línea de producción.

A esto debe sumarse el hecho de que algunas de nuestras autoridades, tal vez no entendiendo toda la magnitud del problema, autorizan certificar de acuerdo a los numerales A, B y C de alguna norma internacional (que tiene numerales que van de la A hasta la Z), sin preocuparse si esa norma, por perfecta que sea, es aplicable a nuestra modesta realidad y desconociendo quizás el hecho de que cada norma es un todo de aplicación integral y su aplicación parcial dificilmente podrá producir resultados coherentes y confiables.

Comentario aparte merecería la forma de aplicación de estos numerales parciales: ¿Alguien, seriamente, sería capaz hoy por hoy de garantizar la precisión de las mediciones involucradas, de garantizar la calibración de los instrumentos empleados en la medición, de garantizar las condiciones del entorno en que se realizaron los ensayos, solo por citar algunos de los múltiples aspectos involucrados en un proceso de certificación? Y no se trata de acusar a nadie de timador profesional, solo quiero la garantía de no estar dependiendo de las sanas intenciones de personas de buena voluntad.

No solo en control de calidad se cometen errores. En razón a mis actividades profesionales, he sido llamado a estudiar propuestas elaboradas con bases y especificaciones absurdas y ajenas a toda lógica profesional, por el manifiesto desconocimiento de los perpetradores de estas propuestas de toda la normalización involucrada. El único mecanismo correctivo en estos casos, y de alcance muy limitado, son las consultas aclaratorias; al hacer un paquete de contundentes consultas, cuya respuesta habría representado en cada caso una reformulación completa de la propuesta y hasta del proyecto respectivo, la solución ha sido simple y directa: desconocer la existencia de tales consultas al no incluirlas en los documentos de respuesta, que suponen obligatorios y excluirme enseguida de la respectiva propuesta.

Analizando un caso particular, se me pidió participar en un supuesto estudio de Eficiencia Energética que se aplicaría a la iluminación de un determinado tipo de servicio público. Se trataba, según las bases, de desarrollar un protocolo de diseño de sistemas de iluminación eficientes y al leer en detalle era fácil darse cuenta de que tal desarrollo era innecesario, pues a través de la simple aplicación de un programa de cálculo de iluminación se obtenía la solución de esta parte del problema (se estaba pagando por algo mucho tiempo conocido).

En una segunda parte de esta propuesta se hacía un sesudo análisis de las características de las lámparas más eficientes del mercado, cuyo uso era obligatorio en el desarrollo del estudio. Quienes hicieron las bases de aquel engendro, no cabe duda que desconocían un hecho evidente: el resultado en calidad de un sistema de iluminación no depende de la lámpara empleada sino que de la luminaria, vale decir la lámpara más el sistema óptico destinado a controlar la eficiencia en el uso de la luz emitida. La palabra luminaria o el concepto involucrado en esta palabra, brillaban por su ausencia en el texto de esta maravilla de la ingeniería.

Ejemplos como estos se encuentran diariamente por docenas y sería cansador e inconducente abundar en otros. Es por ello que debemos respetar la normalización, las reglas del arte y la ética profesional.