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Rodrigo Castillo,
Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas AG. |
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Mónica Brevis, Directora de la Carrera de Electricidad, Electrónica y Automatización de INACAP. |
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Eugenio Tuma, Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado. |
Según datos del sector, existen en Chile 2,5 millones de postes para instalaciones de distribución eléctrica y un total de 168 mil kilómetros de tendido para instalaciones de distribución, y sólo un 2% de ese total está actualmente soterrado, es decir, instalado bajo tierra. El gran problema es que, si se quiere llevar a cabo un proyecto de soterramiento masivo, como propone la norma ingresada por moción del senador PS Juan Pablo Letelier, hay que tener en cuenta que el costo promedio de un tendido subterráneo es siete veces más caro que un tendido aéreo.
Pero, ¿de qué cifras de inversión estamos hablando? Si se incluye el costo asociado al área de transmisión, el valor podría llegar a más de US$35 mil millones, según recientes estimaciones de la industria eléctrica. “Este es un monto imposible de asumir por parte de las empresas eléctricas. Para tener una idea, esta cifra constituye cerca del 60% del presupuesto nacional o un 20% del PIB”, ejemplifica Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas AG.
De acuerdo al profesional, los activos de distribución eléctrica del sector llegan hoy a los US$5 mil millones. “Es decir, tendríamos que incrementar en siete veces nuestros activos. Probablemente tendríamos que multiplicar por una cifra similar las tarifas a los clientes, lo cual se aleja de una perspectiva de racionalidad”, agrega.
La entidad gremial plantea que, primero que nada, se debe establecer un ordenamiento de los cables que están en los postes, ya que gran parte de los problemas tienen que ver con industrias que no son eléctricas. “Nosotros estamos a favor de soterrar, pero el tema de fondo es que el tendido aéreo es una situación que requiere de cuidado y atención urgentes. Es una vergüenza ver el actual estado de este sistema”, asegura.
Castillo sostiene que mientras la industria eléctrica posee una estricta regulación en esta materia, existe un evidente problema de desregulación respecto a los tendidos no eléctricos, como los de telefonía y TV cable. “Lo único que podemos hacer es tratar de que estas empresas solucionen sus problemas o, como máximo, denunciarlos a la autoridad, pero no podemos sacarlos”, advierte.
Factibilidad y beneficios
Si bien el Gobierno apoya esta normativa, propone algunas modificaciones. En la tramitación, la Dirección General de Obras Públicas sugirió delimitar la obligación a los centros cívicos y zonas urbanas y restringir la obligación sólo a obras nuevas. También se planteó calificar como “escombros” los cables en desuso para obligar a las empresas a retirarlos. Cabe consignar que, si bien las empresas eléctricas cobran por el arriendo de los postes a otras empresas, dicho valor es sólo un costo marginal y, en ningún caso, asegura Castillo, constituye un negocio para las empresas eléctricas. “Claramente, la industria eléctrica preferiría no tener este acuerdo”, indica.
Además de su alta inversión y si resulta conveniente implementarlo a nivel masivo, uno de los puntos centrales de la discusión es qué beneficios concretos trae aparejado este proyecto. “Evidentemente, el gran inconveniente para soterrar es un tema de dinero, pero es absolutamente factible de llevar a cabo”, sostiene Mónica Brevis, Directora de la Carrera de Electricidad, Electrónica y Automatización de INACAP. “Tal vez no en un plazo de dos años, como se propuso originalmente, pero sí lo veo viable en un período de 10 años”, asegura.
Los defensores de esta iniciativa afirman que traerá consigo no sólo mayor seguridad a los transeúntes, sino que constituirá un instrumento de renovación urbana, además de aportar un valor paisajístico y cultural al entorno. Brevis concuerda con estos puntos, agregando que existe un valor estético muy alto, ya que claramente “se logrará un efecto de descontaminación visual”.
Concuerda, además, con la idea de que en un principio este tipo de proyectos debería efectuarse en centros cívicos y turísticos, pero que a la larga su implementación también se justificará en áreas residenciales.
En caso de promulgarse la ley, las eléctricas que no cumplan serán multadas con un pago anual de entre 1.000 a 5.000 UTM (entre US$80.000 y US$400.000), monto que será destinado a las arcas municipales.
Pero, ¿quién paga esto?
Otro de los problemas relevantes es que esta iniciativa podría generar un alza considerable en las cuentas residenciales, ya que las inversiones que realicen las compañías eléctricas en mejoras de infraestructura pueden ser traspasadas a sus clientes, de acuerdo con el ordenamiento legal.
Castillo reconoce que realizar este tipo de procedimiento resultará muy caro si lleva a cabo a través de proyectos independientes, motivo por el que “se requiere una política de Estado tendiente a fomentar el soterramiento a través de poliductos”, afirma.
Para todas las obras nuevas debería llevarse a cabo siempre el soterramiento, asegura, lo cual permitirá generar menores costos. “Para lo que ya existe, debería haber un criterio municipal y otro nacional, respecto a lo que se debe 
soterrar”, señala.
De acuerdo a Eugenio Tuma, Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, lo primero que se debe resolver es el tema de qué entidad estará encargada de prestar el servicio de soterramiento, generando así una línea subterránea con prestaciones multipropósito. “En primer lugar, se debe crear una ley a fin de desarrollar un mecanismo viable que permita llevar a cabo esta iniciativa”, señala. Básicamente, el senador plantea que lo ideal sería llevar a cabo un proceso de licitación para adjudicar un proyecto de este tipo, mediante lo cual una entidad tomará la concesión, lo cual le permitirá, primero, efectuar las inversiones necesarias y después cobrar por ofrecer ese servicio. “El Ministerio de Obras Públicas afirmó estar en condiciones de presentar una propuesta de borrador para generar una legislación que ampare un llamado a licitación pública a fin de generar un sistema de poliducto subterráneo”, afirma. ¿Y quién pagará por esto? Según Tuma, “vamos a tener que pagar entre todos los usuarios. Esto no puede ser gratis”. Castillo argumenta que si no se va a soterrar todo el sistema, ¿por qué se le va a cobrar a todos los clientes por igual? “En aquellos casos donde se realizan soterramientos completos, al menos una parte debería ser cofinanciada por los beneficiados”, asegura.
La postura de Mónica Brevis es bien clara al respecto: el costo debería ser asumido de manera compartida por el Estado y las empresas. “Los usuarios ya pagamos por utilizar la electricidad, pues lo hacemos mensualmente a través del cargo de uso”, afirma. Lamentablemente, asegura, por como se vislumbra este proyecto, lo más probable es que el consumidor final deba asumir parte de esta inversión.
La “Ley 15” de Panamá
 El 28 de abril de este año, se aprobó una polémica ley en el país centroamericano que obligará a los clientes de los servicios de telecomunicaciones y televisión por cable a pagar un 0,5% de impuesto mensual para financiar el soterramiento del sistema de cableado e infraestructuras de telecomunicaciones y TV cable en cinco zonas específicas del país. La llamada “Ley 15” afectará a más de 800 mil panameños, que deberán cancelar a través de la facturación mensual de sus servicios. La meta principal de esta norma es poder llegar a recaudar un total de US$8 millones en un período de cuatro años. Los defensores del proyecto de soterramiento hablan de buscar una mejor ciudad, la eliminación de contaminación visual, incrementar el espacio público disponible y mayor comodidad para los ciudadanos. |
