Cuando Julián decidió vender su departamento, contactó a un corredor de propiedades que le recomendó “el amigo de un amigo”. En esa primera conversación, el corredor aceptó rebajar drásticamente su comisión para cerrar rápido el trato, sin formalizar qué incluía su servicio (como asesoría legal y de comercialización), cómo se calcularía el precio del inmueble y cuáles serían las etapas del proceso, entre otras definiciones. A simple vista parece una buena oportunidad, pero en la práctica puede ser la primera señal de un corretaje irregular, que no ofrece respaldo técnico ni garantías reales.

Este tipo de escenarios no son aislados en Chile. En un mercado donde la actividad del corretaje inmobiliario no cuenta con una regulación clara ni requisitos mínimos para ejercer, cualquier persona sin formación técnica especializada en el área puede ofrecer servicios de intermediación, sin ofrecer garantías ni tampoco un ente que fiscalice su actuar.

Desde la asociación gremial ACOP (Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios), advierten que esta falta de estándares no solo afecta a quienes ejercen el corretaje de manera profesional, sino que expone directamente a compradores, vendedores, arrendatarios y arrendadores a riesgos como errores en valorizaciones, conflictos legales y eventuales pérdidas económicas.

“Cuando el corretaje se entiende solo como una comisión negociable y no como un servicio profesional, donde se transan miles de millones de pesos al mes, se desvaloriza el trabajo y se debilita la confianza en todo el mercado inmobiliario”, explica Soledad Gaete, presidenta de ACOP.

Un análisis de legislación comparada elaborado por ACOP señala que Chile se ubica entre los países con menor regulación en el corretaje inmobiliario en la región. A diferencia de otros mercados, en el país no existe un registro nacional de corredores de propiedades, exigencias obligatorias de formación especializada o seguros de responsabilidad civil que protejan a los consumidores frente a eventuales errores o negligencias.

“La experiencia internacional demuestra que la regulación no encarece el mercado ni lo vuelve menos dinámico. Por el contrario, eleva los estándares, ordena la actividad y fortalece la confianza de todos los actores involucrados, desde la banca hasta el consumidor final”, asegura Gaete.

En Latinoamérica, varios países ya han avanzado en esa dirección. En Perú, detalla el levantamiento de ACOP, existe un registro oficial de agentes inmobiliarios, mientras que en Uruguay se proyecta la creación de uno. En Brasil, la intermediación inmobiliaria se regula a través de los Consejos Regionales de Corredores de Inmuebles (CRECI), con supervisión por estados, modelo similar al que opera en Argentina y en España.

“También vemos con interés a los mercados más desarrollados como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, entre otros, donde la existencia de estos requisitos permite identificar responsables en caso de conflictos, y asegura ética y profesionalismo, protegiendo a quienes participan en decisiones financieras e inmobiliarias relevantes. Chile tiene la oportunidad de avanzar hacia un esquema similar”, destaca Gaete.

Desde ACOP subrayan que el debate sobre la regulación del corretaje es una ventana para modernizar el mercado y alinearlo con buenas prácticas internacionales. Establecer requisitos básicos, registros y mecanismos de control permitiría distinguir claramente a los corredores especializados de quienes no lo son.

Por lo pronto, en Chile no existe una iniciativa concreta de legislar. Más allá de intentos fallidos de crear un Registro Nacional de Corredores de Propiedades actualizado. Desde 2018, cuando se discutió el último proyecto de ley que tocaba la materia, no ha habido una discusión pública para que se regule formalmente la actividad.