Como empresas promotoras del diseño y construcción de ciudades sustentables deberíamos preguntarnos cómo estamos aportando al cumplimiento de la meta que el Estado de Chile suscribió en el Acuerdo de París en 2015.

La aspiración fijada en París es limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2° C sobre los niveles preindustriales, esforzándose por mantenerlo en 1,5° C. El no lograrlo tendrá graves consecuencias sociales. Los impactos han sido demostrados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y nuestro país se encuentra entre los más vulnerables ante esos efectos. Esta es una realidad que debiera movilizar a todos los actores sociales a colaborar con el cumplimiento de esta meta. ¿Cómo avanzamos en esta ruta?

La respuesta no es simple, pero sin duda el requisito habilitante para que este proceso tenga posibilidades de éxito es la inclusión y el diálogo entre todos los sectores. Chile cuenta en su historia reciente con una experiencia inédita de validación social y técnica de una política pública que situó a nuestro país como ejemplo a seguir en esta materia: La Política Nacional “Energía 2050”, cuyo proceso participativo deberíamos replicar de cara a la tarea de sumar esfuerzos para alcanzar una meta ambiciosa que nos movilice para cumplir los compromisos suscritos en París.

Chile tiene el compromiso de alcanzar una reducción de 30% de sus emisiones de CO2 al 2030 por unidad de PIB respecto del nivel alcanzado en 2007, lo que es una aspiración insuficiente. Es por ello que en el marco de la COP25 se espera que nuestro país anuncie un aumento de este compromiso para avanzar hacia la meta de convertirnos en un país carbono neutral.

Es urgente que todos los sectores se involucren en esta conversación sobre cómo aumentar la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). Es fundamental que, como empresas que integramos Chile Green Building Council, nos cuestionemos si estamos ejecutando las acciones necesarias para llegar a un compromiso de la talla que se requiere: ¿cuántos contamos con una política energética, con metas de reducción?, ¿qué hacemos para incidir en nuestros socios, proveedores o clientes en la perspectiva de la descarbonización?, ¿qué estamos haciendo en materia de economía circular en nuestros procesos productivos?

Por su parte, el Estado debe plantear el marco normativo correcto que apunte en esta dirección. El año recién pasado fue el año récord para la venta de vehículos nuevos en Chile, con más de 400 mil vehículos; es decir, un 15,6% más que en 2017. ¿Es esta la senda correcta? De qué manera el sector transporte se hará cargo de reducir su huella en los próximos años, considerando que aporta más del 30% de nuestra emisión de CO2.

Si bien hay avances en esta materia, aún queda mucho por hacer. Necesitamos colaborar intersectorialmente, fijar una visión de largo plazo de reducción de nuestras emisiones de GEI, la que debe ser consensuada y a la que todos tenemos que aportar con acciones concretas, metas e indicadores verificables. Es la conversación que falta y desde Chile GBC tenemos la plataforma y la voz para potenciar un rol activo en este sentido.

Hagamos que la COP25 sea un impulso y una tribuna para ello. Que se convierta en el medio para alcanzar ese fin ambicioso, claro y decidido.