En Chile, no hay una autoridad única con facultades ni conocimientos técnicos a cargo del desarrollo de las ciudades, que vele por la coherencia de los proyectos. Tampoco existe una única normativa, porque cada comuna tiene, o debería tener un plan regulador, el que la mayoría de las veces no es coherente con el de la comuna vecina, produciendo casos, en que en una misma avenida, o en un mismo terreno, por pertenecer a dos comunas, existen dos regulaciones muy distintas en cuanto a su destino, densidad, altura y constructibilidad, lo que genera graves incoherencias en los entornos.

La comunidad empoderada pide más descentralización y poder local, para preservar los intereses de los vecinos, lo que es posible lograr, siempre y cuando exista un Alcalde Mayor o un Intendente que verdaderamente vele por la coherencia de la normativa y las políticas públicas aplicables a un determinado sector geográfico. Pero, para ello debe contar con las competencias técnicas necesarias y con los instrumentos normativos y de planificación acorde a tal fin.

De otra manera, ocurre lo que tantas veces vemos: alcaldes que realizan iniciativas como ciclovías que no tienen continuidad y terminan en una vereda, calles que cambian de nombre de acuerdo a la comuna por la que van pasando, ampliaciones de vías que metros más adelante quedan en nada y que lejos de ayudar a descongestionar causan más caos entre los automovilistas.

Cuando nadie es dueño de la pelota, nadie se hace cargo y ahí nace la lucha por defender intereses personales, locales, que pudiendo ser muy legítimos no están mirando el bien común de la ciudad, sino el de un sector, comuna o avenida.

Cuando los vecinos de Ñuñoa, Providencia o de Estación Central, piden que se congele el Plan Regulador Comunal y que se impida la construcción de nuevas edificaciones en altura, ¿hay alguien que piense cuáles son las consecuencias que ello tiene?; ¿Hay alguna autoridad que esté observando el alza en el precio del valor del suelo, en los efectos que tiene en el acceso a la vivienda para los hijos y nietos de quienes nacieron en esa comuna?; ¿ Hay alguna autoridad que esté estudiando como incide la falta de desarrollo inmobiliario y las mejoras en infraestructura y la renovación de comercio, equipamiento y servicios?

Las consignas son una muestra de las necesidades de las personas, pero es indispensable que sean evaluadas conforme al bien común y de acuerdo a una política de desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo, avalada en antecedentes técnicos, sociales, ambientales y culturales.

Es más que probable que nadie quiera ni en su comuna, ni menos en su barrio, vertederos, cárceles, torres de alta tensión, antenas, o discoteques, pubs, oficinas ni edificios en altura, esto que algunos llaman fenómeno NIMBY (no into my backyard), es un fenómeno que vino para quedarse y que hay que resolver de manera adecuada, porque todos necesitamos de los servicios de basura, de telefonía, de electricidad y de entretención.

Por tanto, se hace cada vez más urgente una Autoridad y una normativa acorde al desarrollo armónico de las ciudades, pilar fundamental para la calidad de vida de las personas y el desarrollo de los países. No por nada, las ciudades con mejor calidad de vida y con personas más felices se encuentran en los países más desarrollados.