¿Cómo definiría la actual relación entre medio ambiente y urbanismo?
Resulta vital reforzar el apoyo en labores de planificación territorial o urbana sobre la base de información y conocimiento técnico que tenemos en la entidad. Como institución, podemos realizar un análisis acabado en materia ambiental a través del sistema de información geográfico que nos permite consolidar la información que manejan empresas privadas y de servicios públicos, teniendo de esta forma la capacidad de participar y apoyar la elaboración de los planos reguladores. Para mejorar esta relación se deben establecer instrumentos de planificación que no sean rígidos, sino indicativos, que posibiliten desarrollar acciones de manera flexible. Además, resulta vital definir claramente qué zonas desean ser protegidas en la Región Metropolitana, por lo que estamos consensuando criterios para la protección, conservación o desarrollo condicionado de diversas áreas.

¿Ha establecido contacto con asociaciones gremiales de urbanismo y construcción?
Establecimos un primer acercamiento con la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Arquitectos y nos comprometimos a mantener la línea de trabajo actual y afianzar un apoyo mutuo en diversas materias. Con la Cámara Chilena de la Construcción (CchC), hemos tenido reuniones y trabajos individuales, pero hay un proyecto denominado Plan Verde, que está orientado a poder generar nuevas áreas verdes de aquí a 2010, siendo el papel de ellos muy relevante en esta iniciativa. Asimismo, constantemente tenemos reuniones de trabajo con la CChC en relación con el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana y con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

¿Cuáles son los principales puntos en común y las discordancias?
Fundamentalmente, creo que sólo hay puntos de consenso. El sector construcción es uno de los que más ha avanzado en materia de gestión ambiental en Chile. El hecho de que deba someterse al SEIA ha permitido que incorpore buenas prácticas ambientales e incluso ha elaborado manuales orientados a la correcta elaboración de los proyectos. Además, hace un par de años se incorporó un nuevo artículo en la ordenanza de Urbanismo y Construcción que recoge las exigencias solicitadas dentro de las resoluciones de calificación ambiental que aprueban los proyectos inmobiliarios. Hay consenso en que su labor se puede realizar de mejor forma.

¿Cuál es el nivel de cumplimento de las normas medioambientales y del proceso de fiscalización?
Nosotros fiscalizamos proyectos sometidos al SEIA y sobre esa base tenemos un plan de seguimiento anual donde elegimos junto a los servicios competentes aquellos proyectos más relevantes de ser inspeccionados. El grado de cumplimiento es satisfactorio, casi 100%, ya que es raro que tengamos que aplicar algún tipo de procedimiento al respecto. En general, en nuestro país existe respeto a las normas e incluso a nivel latinoamericano Chile se encuentra bastante avanzado en materia ambiental.

¿Hay conciencia del tema ambiental en el sector privado?
El tema ambiental se reconoce como un asunto de negocios que permite reducir costos en las distintas actividades industriales y de construcción. Es más, gran parte de la inversión en materia ambiental -cerca del 80%- la realiza el sector privado. El Estado se limita a generar los mecanismos adecuados para que el servicio público realice una labor orientada al cumplimento de las normas. Los proyectos inmobiliarios más importantes incorporan el tema ambiental por una necesidad legal, pero además el sector está asumiendo prácticas ambientales en su aplicación y ha impartido pautas a sus asociados para llevar a cabo un buen desarrollo de sus proyectos.

¿Qué posición tiene la Conama respecto al proyecto de ampliación de zonas urbanas?
No tiene ningún sentido ni resultado establecer límites estrictos al crecimiento de la ciudad, lo importante es que el crecimiento urbano se haga de manera armónica y sustentable. Además, los desarrollos inmobiliarios deben hacerse cargo de todas sus externalidades, es decir, incorporar los costos de infraestructura, viali-dad, agua potable, electricidad, etc., lo que antes no ocurría. Lo que se hizo con el Plan Regulador de Santiago fue establecer nuevas condiciones a los proyectos inmobiliarios y éstos se van a desarrollar en áreas donde los servicios agrícolas estén dispuestos a entregar el uso de los suelos. Estas entidades tienen la capacidad de vetar los proyectos cuando lo estimen pertinente y además se estableció en diversos consejos comunales la capacidad de decidir si se puede desarrollar los proyectos en propios hábitos comunales.