Este actuar de la Contraloría es extraordinariamente grave, ya que genera una suerte de inestabilidad de los permisos de edificación que hasta ahora nunca se ha cuestionado, transformándolos en meras expectativas, lo cual trae consecuencias impredecibles para la industria inmobiliaria y de la construcción, particularmente para su financiamiento. ¿Cual sería la reacción de los bancos o instituciones financieras si los permisos fueran meras expectativas ¿Quién financiaría? Y si hipotética-mente fueran financiadas, ¿a qué costo serían?

Adicionalmente, esta postura también se presta para la creación de la industria del chantaje en estas materias, lo que ya incipientemente se está dejando ver.

Es importante aclarar que el otorgamiento de los permisos de edificación es atribución exclusiva de las Direcciones de Obras Municipales, y en su defecto, de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo. En ambos establecimientos, los permisos de construcción son revisados exhaustivamente, siendo sólo aprobados aquéllos que cumplan con todas las leyes de urbanismo, construcción, medio ambiente, transporte, etc.

De este modo, los permisos de edificación desde su otorgamiento, se incorporan al patrimonio del propietario del bien raíz como un derecho, por el tiempo que la misma resolución de otorgamiento señale, siendo inmodificables por la autoridad que los emitió. Cualquier otra autoridad estatal que afecte los términos en que dicho acto ha sido extendido, debe indemnizar los daños que le cause al propietario.

Respetando competencias

Es por estas razones que llama poderosamente la atención que la Contraloría General de la República busque hoy asumir las competencias que los Tribunales tienen para resolver los conflictos que existan, pretendiendo dejar sin efecto permisos válidamente otorgados. Ello no obsta para que mantenga la facultad que le es propia, al hacer observaciones de forma a los actos de la administración y de sancionar al funcionario que haya resuelto con infracción de la ley.

Esto acaba de ocurrir con los proyectos del Estadio Santa Rosa de la Universidad Católica y el del Colegio de los Sagrados Corazones de Viña del Mar en el Valparaíso Sporting Club. En ambos casos, los fallos de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones han establecido que no es sensato que la Contraloría entre a calificar la legalidad de fondo de todos los asuntos que pasan por su revisión, pues ello lo transformaría en un supra organismo.

Es de esperar que ante esta claridad, la Contraloría General de la República tome nota de la jurisprudencia del más alto Tribunal y concentre su actuación en lo que le es propio.