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Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 de vehículos pesados como autobuses y camiones hasta en un 90% para 2040, los países de la Unión Europea acordaron un enfoque común, a la espera que el Parlamento Europeo fije su posición frente a la negociación de la normativa definitiva.
La postura pactada por los Estados miembros mantiene básicamente la propuesta inicial que presentó la Comisión Europea en marzo pasado, con un recorte de las emisiones medias del 45% para los nuevos vehículos en 2030, un incremento respecto al 30% de la normativa vigente, y a luego un 65% en 2035 y un 90% en 2040.
“Los ciudadanos merecen vivir en un entorno más verde y saludable, y ahora estamos un paso más cerca de este objetivo. Al mismo tiempo, estamos asegurando la competitividad de la industria, al aclarar el camino para nuevas inversiones”, dijo la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.
Los Veintisiete introducen cierta flexibilidad en la implementación de la regulación, como una excepción para los pequeños fabricantes, vehículos utilizados en minería, silvicultura y agricultura. También proponen un trato especial a los vehículos de las fuerzas armadas, bomberos, protección civil, orden público, atención médica y otros, como camiones de basura.
Desde el Consejo señalaron que entre las modificaciones a la propuesta del Ejecutivo comunitario, los Estados miembros modificaron la definición de “vehículo pesado de emisión cero” pero manteniendo dentro a los vehículos de hidrógeno, y propusieron una nueva categoría para incluir camiones de combinación extra pesada para tener en cuenta mejor sus características.
En cuanto a los autobuses interurbanos, los Veintisiete proponen un objetivo de emisión cero para el 100% de ese tipo de vehículos en 2035 y un objetivo intermedio del 85% en 2030 %.
El Consejo acordó eximir a los autobuses interurbanos de este objetivo y se agregaron cláusulas de revisión, como considerar las inversiones nacionales ya realizadas y posibles limitaciones debido a la morfología territorial o las condiciones meteorológicas específicas en los Estados miembros.
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