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El comercio exterior es una de las principales actividades en el desarrollo económico de la región del Biobío, por ello las múltiples aristas que confluyen en su funcionamiento requieren de precisión en su funcionamiento para completar con éxito cada proceso de exportación o importación. Precisamente, es en este último caso donde las medidas de control en la internación de productos vegetales, animales o subproductos agrícolas y pecuarios toman especial relevancia para evitar los riesgos fitosanitarios en nuestro país.
En este contexto, el Gobierno de la época (a través del ministerio de agricultura) promulgó el Decreto Exento N°510 que habilita a los puertos para la importación de mercancías sujetas a revisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la posterior resolución exenta N° 4261 que entregaba la facultad resolutiva a esta entidad para coordinar los requisitos de infraestructura, instalaciones y equipamiento en los puertos, como una forma de aumentar la producción nacional y proteger los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario.
Para Roberto Ferrada, Director Regional del Servicio Agrícola Ganadero del Biobío, la situación actual es preocupante porque ya han transcurrido cuatro años desde la entrada en vigencia de la resolución, que establece las condiciones necesarias que el desarrollo de sus funciones en instalaciones portuarias. “Hasta ahora sólo hemos sostenido reuniones con administraciones portuarias y realizado talleres con el fin de esclarecer cuáles son los requerimientos necesarios para que el SAG pueda ejecutar sus labores de forma segura, no sólo para la integridad de la carga, si no también, para la protección de las y los funcionarios, en conjunto con el personal de apoyo, que se desempeña en la inspección fito y zoo sanitaria en los puertos del Biobío”, comentó.
De acuerdo a lo planteado en la asamblea, el llamado a cumplir con esta normativa fue para los puertos de Coronel, DP World Lirquén, Penco, San Vicente, Talcahuano y Puerto Industrial Cabo Froward, pero de acuerdo a lo señalado por Ferrada “aún no se ha ingresado ningún proyecto formal de infraestructura al SAG Biobío para ser evaluado y autorizado para su ejecución, pero aunque el plazo restante es muy acotado, si recibimos prontamente los proyectos que los puertos planeen ejecutar tenemos la opción de alcanzar a dar curso a la evaluación y autorización de estos, dentro de los tiempos solicitados. Para ello, estamos disponibles para resolver todas las dudas de las administraciones portuarias”.
Los Sitios de Inspección (SI) o Centros de Inspección (CDI) son establecidos por el SAG, por lo que deben contar con Resolución SAG para su funcionamiento. En tanto, aquellos espacios portuarios que no cuenten con esta autorización no podrán ingresar, presentar o tramitar mercancías de importación de competencias del SAG, lo que perjudicaría el comercio exterior de la región.
Precisamente, este es el punto abordado por la Mesa de Comercio Exterior del Biobío, ya que no sólo afectaría el ingreso de productos, si no también a todos los actores que participan de la cadena logística desde el Biobío hacia el país.
Así lo refirió el vicepresidente de esta entidad, Alfredo Meneses, al señalar que “este es un requerimiento que lleva años y el no cumplimiento del mismo va a impedir el tránsito de mercancías, lo que nos lleva a un escenario que pone en serio riesgo la ya difícil y compleja situación que hoy en día presenta la cadena logística regional, especialmente tras el informe del Banco Mundial que mostró una baja del LPI (Índice de Desarrollo Logístico). Por lo tanto, es necesario hacer un llamado a que los terminales se pongan al día con esta obligación, con la premura necesaria porque ya estamos muy cerca del vencimiento de los plazos, y, como dijo el director del SAG, ya no hay vuelta atrás”, puntualizó.
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