Partir por considerar que el transporte de carga en Chile es una actividad ejercida por muchas personas y empresas, unas 40.000, principalmente Pymes y medianas empresas, con una participación de un 95% en el traslado de mercaderías de todo tipo. En este contexto es importante señalar que el 2023 se inicia influido por los acuerdos firmados entre transportistas y el Gobierno en noviembre pasado, cuando se puso término a una paralización iniciada por algunos sectores del gremio. Acuerdos en fase de implementación.

De entrada, se despejaron dos importantes temas que generaban ruido en el sector. Uno, el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel, y segundo, el refinanciamiento del MEPCO, incluida la fijación del precio del combustible por un período acotado para enfrentar alzas sucesivas desde 2021. Estos quedaron zanjados mediante el proyecto de ley ingresado al Congreso que determinó soluciones para ambas materias. Por lo tanto, un nivel importante de incertidumbre se resolvió de buena forma, generando mayor tranquilidad a los operadores.

En cuanto a las alzas de costos, se trata de un hecho inserto en la realidad inflacionaria que ha dominado al país el año que termina. Con una inflación anual de un 13% es imposible que no se afecte la cadena logística, que además está presionada por la crisis económica. Es inquietante que el indicador más relevante de los precios del sector, el Índice de Costos del Transporte, ICT, haya finalizado 2022 con un 26% de aumento respecto a 2021.

Eso equivale al doble de la inflación, lo que es entendible si se toma en cuenta la gran ponderación que tienen los combustibles, equipos, repuestos y mano de obra. Pero es el crecimiento económico el elemento de mayor preocupación para el rubro. Los escenarios no son favorables porque se espera una recesión que reduciría el PIB en al menos un 1%. El problema de no crecer incide en la facturación de las empresas, pero golpea más en quienes tienen menos espaldas para enfrentar contingencias de menores ingresos, como son las Pymes. Es oportuno recordar que en Chile sobre el 90% de las cargas son transportadas por camiones. Si la economía cae, los volúmenes se reducen.

El tema tarifario siempre ha sido complejo para el sector. La gran diversidad de oferta versus una demanda de menores actores, en especial de grandes cargas, hace que el mercado se regula vía precios. Cuando son muchos los operadores y hay grandes pero pocos generadores de carga, quienes pagan son los transportistas más pequeños. Este tema está en pleno proceso de conversación entre los gremios que firmaron el acuerdo de noviembre y los privados, mediante una mesa de trabajo con la SOFOFA, para sincerar las posiciones y encontrar protocolos adecuados.

En el diálogo del sector privado – transportistas y grandes mandantes – hay situaciones de buenas prácticas que siguen sin resolverse. Un protocolo firmado el año 2017 quedó guardado en el cajón del escritorio y pasó un lustro sin resolverse situaciones que constituyen dolores importantes, como excesivos tiempos de espera de los conductores, tiempos muertos que solo generan pérdidas a los flotistas, agravando el tema tarifario. En cualquier mercado sano y equilibrado, los costos de ineficiencia del mandante o cliente no pueden traspasarse a quien presta el servicio de transporte. Sin embargo, la realidad acá es esa y, desde todo punto de vista práctico, económico y hasta moral debe resolverse.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones promueve el concepto de asociatividad entre sus afiliados, instándolos a organizarse como empresas, en vez de operadores individuales sin fuerza negociadora. Gremios locales que lo han hecho han surgido.

Todo lo anterior, la parte económica y productiva, factores tributarios como la reforma que impulsa el Gobierno, lo mismo que en el plano laboral, corresponde a situaciones cíclicas, que forman parte de la vida de los países. Que en algún momento se superan abriendo paso a períodos de mayor bonanza y prosperidad. Sin embargo, hay problemas importantes en Chile en el tema de la seguridad, entendiendo este concepto en una amplia faceta.

En gran medida, un detonante del paro de noviembre que iniciaron camioneros del Norte fue la inseguridad en las rutas, robos, asaltos, abordazos, incluso el homicidio de un conductor a principios de 2022 en Antofagasta. La percepción general en el gremio es que el problema se desbordó y por eso es muy difícil conseguir resultados prácticos y notorios; ningún conductor sabe si podrá terminar la jornada o un viaje sin ser víctima de delitos. La operación de mafias organizadas, que operan como empresas criminales con financiamiento, recursos y tecnología, torna muy desafiante respuestas efectivas.

Con ciertas diferencias, lo anterior se aplica en el Norte, Zona Central y Sur. En esta última, además, hay criminalidad subversiva, ejercida por grupos armados que incluso llegan al nivel de guerrilla para obtener control territorial y desafiar al Estado. En esas rutas transita parte importante del comercio nacional y que va a mercados de exportación. A la siempre latente amenaza de atentados incendiarios, se agrega el crimen organizado de robo de madera. Y si en el Norte chileno los asaltos de mayor connotación afectan los transportes de cobre en cátodos, en el Sur la inseguridad se replica contra los cargamentos de salmones.

Demás está decir que el control del orden público y la seguridad no están en manos de los camioneros. Estos solo hacen ver el enorme problema que los afecta. Lamentablemente, son situaciones de muy difícil solución. Todos estos delitos tienen larga data; durante décadas se dejó pasar el tiempo y no abordarlos en serio. Incluso con diagnósticos compartidos, policías, autoridades, fiscales, justicia y gremios ven difícil soluciones en el corto plazo y solo se podrá dar pasos, ojalá consistentes, para devolver la seguridad al país.

Así, en el contexto de este diverso escenario, el transporte proyecta un 2023 con, al menos, una inflación que vaya bajando, precios de combustibles y tipo de cambio menos alterados, que la recesión sea más corta y acotada. También, que las reformas tributaria y laboral no signifiquen condiciones más gravosas para el sector, especialmente para las Pymes.

Si se configura ese cuadro, será posible concentrar los esfuerzos en lo que realmente importa: el largo plazo, desarrollar y profesionalizar la industria, hacerla más competitiva y eficiente y que tenga las condiciones de seguridad adecuadas para su desenvolvimiento.