Durante la realización del paro efectuado por una entidad del transporte de carga y que se prolongó por una semana entre los últimos días de agosto y primeros de septiembre, la CNDC siempre fue clara. No participamos ni convocamos a esa movilización y señalamos que nuestra postura era mantenernos trabajando, porque la cadena de abastecimientos no puede ser interrumpida y menos en tiempos de pandemia. Tan concreto fue este mensaje que, salvo en determinados puntos de la Quinta Región y del Sur, los camiones nunca detuvieron su labor en el país.

Nuestro gremio, ratificado en forma unánime por su directorio nacional, manifestó el error de paralizar en una crisis sanitaria. Por muy justas que sean las razones del movimiento, devolver la seguridad y el estado de derecho en una zona azotada por la violencia rural y la delincuencia, fuimos críticos de que protestar con medidas extremas, como los cortes de ruta con camiones atravesados, no eran óptimas. Y lo hicimos en forma activa y de cara ante la ciudadanía.

Creemos que lo primero es mantener la seguridad en las rutas para que la cadena logística siga funcionando. Es muy grave si eso no sucede. Es preocupante en extremo que la autoridad no pueda responder a esta tarea mí- nima. Entonces, lo que corresponde a los órganos de un estado democrático es devolver la seguridad no solo a los camioneros, sino a todos los habitantes de la Macrozona Sur.

Una tarea pendiente

Dicho eso, puntualizar lo siguiente: nuestra Confederación está convencida de que la guerrilla y la violencia armada en la Araucanía no se terminará con un paro de camiones. Las bandas armadas que asesinan gente, ocupan predios, queman casas, escuelas y todo tipo de propiedades, que se financian con robos de madera y narcotráfico, son lacras que no se detienen atravesando camiones en la ruta. Ojalá fuera tan fácil, pero la prueba de ello es que el paro terminó y los ataques crecieron en magnitud sin poder ser detenidos.

En la cuestión de fondo, nuestra posición sigue y continuará siendo muy definida. Terminar la violencia en la Araucanía es deber de la autoridad. Imponer la ley y el orden público es responsabilidad del Estado. Terminar con los crímenes, como el homicidio del conductor Juan Barrios y el asesinato frustrado de la niña Monserrat, así como las decenas de choferes heridos, violentados y humillados, es trabajo del Gobierno, del Parlamento, de la Justicia y de las policías. Quienes gobiernan, legislan y aplican las leyes no pueden desentenderse de tan básico deber.

Desde que empezaron los ataques incendiarios, hace casi 20 años, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, ha trabajado incansablemente con todas las autoridades, con los gobiernos de distintos signos políticos, para resolver este gravísimo desafío a la seguridad del país. Los hechos están a la vista: vamos a completar dos décadas sin soluciones reales. Compartimos plenamente que la seguridad de los choferes es el bien a preservar, así como el derecho de los transportistas de trabajar en paz, sin miedo, para que no se siga engrosando la larga lista de emprendedores Pymes que han visto el esfuerzo de años destruido por el fuego criminal de la violencia.

Sin embargo, distinguimos con claridad que la violencia en el Sur no terminará si no es abordada como un tema polí- tico de la más alta importancia, y si los responsables de gobernar nuestro país no se involucran con la voluntad de ir a las causas profundas de lo que ocurre. Los camioneros no gobernamos, no legislamos ni tampoco imponemos justicia.

Son otros, hasta ahora muy poco eficaces, los encargados de acometer y responder con buena nota ante el país. Tampoco creemos que este cuadro se solucionará puramente dictando leyes. Hacia el futuro, la única vía a transitar que puede dar frutos y devolver la perdida tranquilidad y seguridad es el que se señala. Y mientras, ahora, concretar lo que se ha dejado de hacer por tanto tiempo: devolver el estado de derecho a la Araucanía.