En sus inicios este IE era de 2 UTM por m³ que grava las gasolinas y de 1.5 UTM por m³ para el diesel. Sin embargo, hay que destacar que la UTM varía mensualmente, mientras que el Kerosén doméstico está exento de este tributo.
A partir de los gobiernos de la Concertación, el IE empezó a aumentar en forma exponencial asegurando que también iba a ser transitorio, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. Debido a lo anterior, nuestro gremio expuso en su oportunidad los efectos nocivos que esta medida acarrearía, toda vez que el precio internacional subiera por diversos aspectos climáticos o políticos, entre otros, que influyen en la referencia que se toma para internalizar los precios en Chile.
Asimismo, el Estado determinó hace algunos años ceder a particulares las carreteras y las autopistas urbanas mediante concesiones, por lo tanto, los vehículos pagan por utilizarlas (peaje y TAG), mientras que en las regiones la modernización de caminos secundarios y rurales avanza lentamente. Finalmente, debemos mencionar que cada vehículo paga un permiso de circulación y se tiene que someter a una revisión técnica para transitar libremente por nuestras ciudades.
El debate tras el IE
Esta carga impositiva es un ingreso importante en la recaudación fiscal, por ende, en las gasolinas ha subido significativamente hasta llegar a 6 UTM por m³, lo que nos da un valor de $231 por litro, mientras que el diesel llega a 1.5 UTM por m³, lo que equivale a $57.8 por litro. Otro aspecto interesante es que estas cifras no incluyen el 19% de IVA que pagamos todos los chilenos, por lo que sumando ambos impuestos llegamos a cerca del 40% del costo total del precio por litro de combustibles. Es importante destacar también que este tributo es pagado fundamentalmente por automovilistas, taxis y transportistas, lo que es una aberración, puesto que las grandes industrias, mineras y empresas energéticas, entre otros sectores productivos, rebajan este impuesto al utilizarlo como crédito en sus operaciones, siendo que ellos consumen el 70% del mercado nacional de los combustibles, mientras que el automotor demanda el 30% restante.
Lo anterior se transforma en una pesada carga impositiva para la clase media y pequeñas empresas, pese a que uno de los argumentos que más se utiliza para no bajar este impuesto es el de desalentar el uso del automóvil y con ello descongestionar las calles para disminuir la contaminación ambiental, algo que no ocurre por las deficiencias que presenta el transporte público. También hay que considerar que las compañías que no pagan este tributo son las que más contaminan.
Debido a estos puntos, nuestro gremio propone dos cosas: la eliminación del IE, cambiándolo por un tributo solidario que sea cancelado transversalmente por todos los consumidores de combustibles líquidos; y una variación de precios mensual y no semanal, lo que posibilitaría una mejor proyección en los costos asociados a este ítem.