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Carlos Salazar, Gerente de Desarrollo de Chile Transporte:
“La ley de transporte subiría el estándar de los que se están quedando atrás”

La asociación gremial ha estado trabajando en una serie de mesas de trabajo con el Gobierno. El objetivo es abordar las cuatro problemáticas que más preocupan al sector: la aprobación de una ley de transporte; mejorar la aplicación del Mepco; potenciar la actual legislación laboral de la industria; y aumentar la seguridad, especialmente contra robos y asaltos.
Carlos Salazar.

¿Cómo evalúa la situación de la industria del transporte de carga terrestre en Chile?
Con el cambio de gobierno en 2018, muchos sectores industriales generaron una serie de expectativas en torno a la reactivación de la economía, que la verdad, no se ha estado cumpliendo. Concretamente, en el sector de transporte no vemos grandes aumentos en la facturación; me parece que estamos frente a una situación aletargada. Nunca pensamos que la economía iba a crecer menos de un 3,5%.

Según un estudio de Mackinnon (2016), existe una relación directa entre el PIB de un país y el movimiento de sus empresas logísticas, que indica que mientras mayor es este producto interno, mayor logística se demanda. Con el índice actual de un 2,9% de crecimiento, la relación que hace este estudio con el PIB se traduce en una baja de la demanda logística en el país, la que puede llegar hasta un 20%. Respecto a 2020, es muy difícil vaticinar algo; creo que no se generará un gran cambio, si el escenario se mantiene igual.

¿Qué opina de los anuncios sobre la disminución de las expectativas de crecimiento económico?
Me parece que las medidas tomadas durante este Gobierno no han dado el ancho necesario. Y en ese sentido, no solo la autoridad debe disminuir las cifras de crecimiento, sino que también nosotros debemos reducir los valores que esperábamos. La verdad es que estábamos preparados para una mayor demanda logística en 2018 y 2019. Además, indudablemente que el estado actual de la economía ha impulsado la empleabilidad por cuenta propia, situación que podemos ver en nuestra industria, debido a que el dueño del camión está exento de jornada laboral o, en los peores casos, el conductor no está formalemente contratado y se le explota.

Durante años el sector logístico ha hecho un esfuerzo por bajar los costos, pero hoy día esta reducción no se puede lograr en empresas formales. Lamentablemente, todo esto lo único que hace es generar mayor incertidumbre para lo que viene tanto a nivel país como sectorial.

Además de los vaivenes económicos, ¿qué otros temas preocupan al gremio?
Como entidad gremial, tenemos hoy cuatro mesas de trabajo respaldadas por los propios ministros de cada cartera. La primera tiene que ver con la aprobación de una ley de transporte, la que busca reducir la informalidad de la industria y lograr un estándar de calidad mínimo en materia de servicio. La segunda apunta a lograr mejoras en el Mepco, especialmente orientadas a reducir la sobrecarga en el capital de trabajo para el transportista y el consiguiente sobreendeudamiento de las empresas. La tercera tiene que ver con la legislación laboral actual, la que genera conflictos entre transportistas y conductores. Por ejemplo, la Dirección de Trabajo no reconoce los pactos de negociación firmados entre ambas entidades.

Por último, está el tema del combate contra el robo y asaltos a camiones, en el que estamos trabajando de manera conjunta con los ministerios del Interior, la Fiscalía, PDI y Carabineros.

¿Cuál es su posición frente a la disminución del horario laboral y el aumento de las cotizaciones previsionales?
La disminución de la jornada laboral será un golpe a la economía y a la demanda por servicios de transporte. Si se aprueba la iniciativa del Congreso, el actual escenario económico y la escasa demanda logística, generará un incremento en el modelo de negocios autónomo o del emprendedor-jefe, incentivando además el desarrollo de una economía gris o informal. El costo del recurso humano en el sector es tan elevado como el combustible, que equivale al menos a un 30%. La disminución en el desempeño de horas trabajadas por el conductor llegará a un 30%, lo que, sumado a lo anterior, repercutiría en un estimativo mínimo de un aumento de un 10% en el costo total de transporte.

Respecto a las cotizaciones previsionales, creemos que el problema no radica en el porcentaje de cotización, sino que en las lagunas previsionales de la gente que no impone, algo que está muy asociado a la informalidad laboral que se está dando en nuestra industria.

Respecto a estos temas, ¿qué acciones están llevando a cabo?
Recientemente firmamos un compromiso con el Gobierno y los conductores para abordar temas como la brecha laboral que permita solucionar los conflictos que genera la legislación y, además, asegurar un estándar de seguridad mínimo para las empresas de transporte autónomo o informal. Nos preocupa el tema del desarrollo de las economías grises, ya que genera un costo para el país y una alta precarización laboral para las personas.

Por eso, la idea es enfocarse en aprobar la ley de transporte para subir el estándar de los que se están quedando atrás y también, con ello, poder disminuir los conflictos entre empleados y empleadores.

¿Qué aspectos positivos destacaría que se han materializado en su industria?
Desde el gobierno anterior veníamos solicitando que se aprobara el sistema “free flow”, que permite realizar el respectivo pago del peaje de manera electrónica, sin que el vehículo tenga que detenerse por completo, permitiendo una velocidad constante del flujo vehicular. Es más, su utilidad era vital no solo para nuestra industria, sino que también para todo el país. La aprobación de esta medida ha brindado mayor fluidez en la conducción y una disminución de costos en combustible y desgaste mecánico.

Otro hecho a destacar es que los avances que se han visto durante 2019 han sido gracias a la mayor disposición del Gobierno a trabajar, algo que no vimos el año anterior.

¿Cuál es su visión de la electromovilidad en el transporte de carga?
No queremos ser pesimistas, pero está demostrado que el impacto de un vehí- culo eléctrico, en términos de la huella de carbono que genera, es mayor que uno a combustión. Esto incluye desde su construcción hasta el término de su vida útil. Ahora, paralelamente, una unidad eléctrica es tan contaminante como la fuente eléctrica que la alimenta y, en ese sentido, nuestra matriz eléctrica opera principalmente en base a carbón.

Vale aclarar que no creemos que la electromovilidad sea negativa, pero tampoco pensamos que debe ser implementada con tanta importancia y trascendencia como se está haciendo hasta ahora. Mientras la matriz energética no sea renovable, hay que ser cautos. El Estado está poniendo mucho énfasis en este tema, pero no es el momento. Además, creemos que la autoridad ha dado muy poco énfasis a la electromovilidad en la industria de carga, careciendo nuestro sector de apoyo o subsidio estatal para su implementación.

Septiembre 2019
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