En Chile la nueva Ley de Inclusión Laboral ha permitido que, durante todo este año, la inclusión laboral sea un tema en la agenda pública, que se trata en los medios de prensa y que permite difundir el rol de las personas con discapacidad como colaboradores productivos que agregan valor a las organizaciones, tanto en el sector privado como público.

La normativa abre 27.500 cupos laborales para 2018 y cerca de 34.500 considerando las oportunidades que se ampliarán en 2019 en empresas que cuenten con 100 a 199 colaboradores. De las vacantes disponibles para este año solo se ha cubierto el 16%, es decir, 4.445 personas con discapacidad se encuentran contratadas en 917 empresas. El desafío persiste. Tenemos solo 2019 para que se cumpla con la cuota exigida ya que en 2020 no será opcional contratar o cumplir con las medidas alternativas.

Hoy las empresas buscan no solo asesoría para cumplir con la cuota de contratación, sino también para transformarse y ser reconocida como una organización inclusiva que valora la diferencia en todos sus sentidos, comprendiendo que la diversidad va más allá de las etiquetas y categorías, sino en las potencialidades de todos quienes agregamos valor por nuestras diferentes profesiones, raza, religión, experiencia, capacidades, entre otros. Fundación Descúbreme asesora a más de 70 empresas, multinacionales y organismos públicos, en la construcción de políticas, en la concientización de sus equipos, en medir el impacto de la inversión social que están realizando y en la sostenibilidad de sus procesos de inclusión laboral. La Ley nos ha permitido ir un paso más allá: no queremos apoyar solo la contratación; queremos que las personas con discapacidad, al igual que todos, se desarrollen en su lugar de trabajo; que no solo sean contratados en oficios básicos, sino que adquieran la experiencia y profesionalismo que caracteriza a cualquier persona que tiene oportunidad de una educación de calidad y de crecer en una organización que valora y respeta su trabajo.

Existen oportunidades de mejora en torno a las orientaciones que brindan la OCDE y OIT y Naciones Unidas, para generar condiciones de igualdad y brindar dispositivos de apoyo para que las personas con discapacidad puedan desempeñarse óptimamente. En países como Estados Unidos y Canadá se otorga financiamiento por parte del Estado para mejorar condiciones infraestructurales y de accesibilidad en las organizaciones públicas y privadas; otros países, como España y Portugal, brindan incentivo tributario para la contratación, entre otras medidas.

Para que esta iniciativa cumpla con su objetivo, es importante abordar este desafío desde un enfoque estratégico donde se plantee la inclusión laboral de personas con discapacidad como una de las acciones que se pueden desarrollar en el marco de la gestión de la diversidad y que no sea un fin en sí mismo, sino un medio para que la empresa sea reconocida por sus stakeholders como una organización que cuenta con una cultura inclusiva que valora y respeta la diversidad.