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REFORMA LABORAL
Los cambios más sensibles
y profundos que podrían afectar al sector logístico

La industria chilena presenta en sus operaciones un alto componente de colaboradores, tanto técnicos como ejecutivos en general, con un alto grado de especialización en temas operativos, de seguridad, operaciones y análisis. El actual proyecto de Reforma Laboral viene a plantear un fuerte impacto en su estructura y funcionamiento actual y, obviamente, el sector logístico no escapa a esta realidad. En este reportaje, actores del sector se refieren a sus eventuales efectos.

La industria logística debe adaptarse a las necesidades de un mundo globalizado, que opera en todos los aspectos de la industria, atendiendo mercados sensibles para el funcionamiento de la sociedad y el país. Hay muchos ejemplos (servicios dedicados a la salud, industriales y a químicos peligrosos, así como puertos, aeropuertos, entre otros), que requieren eficiencia e innovación permanente.

En ese contexto, y de acuerdo a lo que señala Eric Lobo, Vicepresidente Asociación Logística de Chile A.G., “el actual proyecto de Reforma Laboral, tal y como ha sido diseñado, no recoge ninguno de estos aspectos, sino que, por el contrario, resta competitividad, toca tangencialmente la capacitación de los empleados, limita fuertemente la capacidad de adaptarse a las exigencias de mercados internacionales, y enfrenta a empleador y empleado en negociaciones colectivas que no solo afectan a la empresa, sino también a consumidores en industrias sensibles (como salud, turismo o alimentación)”.

“Con esta reforma, un sindicato menor podría impedir la tarea de entregar medicamentos en un hospital, siendo solo un eslabón más de la cadena”, señala Lobo, agregando que “cuando hablamos de una cadena de abastecimiento, debemos entender que cada eslabón debe cumplir con su tarea para lograr el objetivo final. Este proyecto permitirá a un grupo menor de trabajadores poder influir en poco tiempo en toda una industria exportadora que simplemente puede perder toda su producción, si es que la carga no llega en tiempo y forma a su destino”.

Eric Lobo, Vicepresidente ALOG.
Ricardo Mewes, Presidente CNC.
Raúl Maturana, Presidente Fenatraporchi.
Francis Reyes, abogada Noguera, Larraín & Dulanto.

Ricardo Mewes, Presidente Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios (CNC), afirma que como entidad siempre han manifestado su preocupación sobre el enfoque y las propuestas que el proyecto da al tema. “A nuestro juicio, no responde a desafíos que el país deberá enfrentar en los próximos 50 años. Por el contrario, encuentra inspiración en recetas y diagnósticos de hace medio siglo”.

En este sentido, uno de los temas en que la CNC puso mayor énfasis fue la construcción y el fortalecimiento de los pactos de adaptabilidad laboral, entendidos como herramientas modernizadoras y no como una moneda de cambio en el marco de una negociación colectiva. “Estos pactos son la llave para dar dinamismo a nuestra economía y no deben ser utilizados como armas de presión a los trabajadores”, comenta Mewes.

Para Raúl Maturana, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (Fenatraporchi), el sector marítimo-portuario solo obtendría ventajas ordenando sus recursos humanos y no al estar negociando repetidamente con grupos separados, evitando paros. “La reforma nos entusiasma en el sentido de estudiar la posibilidad de realizar una negociación colectiva interempresa”, explica.


Impacto profundo

De acuerdo a lo que señala Francis Reyes, abogada de Noguera, Larraín & Dulanto, asesores legales de Asexma, el mayor impacto de la reforma laboral en actual tramitación se encuentra en el aumento de costos laborales sin una contrapartida en el incremento de productividad. “En efecto, el aumento de los costos en las empresas conllevará una pérdida de competitividad, lo que afecta irremediablemente la economía a largo plazo”, sostiene.

Es así como existen estudios, declara, que indican que la reforma implicará aumentos salariales que bordean el 13%. Más aun, el impacto lo vivirán las empresas en donde el costo laboral es uno de los más relevantes, es decir, las pequeñas y las medianas empresas, y especialmente la industria manufacturera en donde radica el mayor índice de sindicalización nacional.

“Los aspectos que más impactarán en la industria son el fin del reemplazo en la huelga; el impedimento del descuelgue de la huelga; la existencia de pisos mínimos al inicio de un proceso de negociación; y especialmente la eliminación de la oportunidad que tenían las empresas para ‘bloquear’ hasta 60 días en el año la posibilidad de negociar colectivamente”, acota.

De acuerdo a Mewes, la reforma propuesta tendrá impacto en amplios sectores y, esencialmente, los trabajadores tendrán la necesidad de reconvertirse para enfrentar los desafíos que les imponga el mercado.

“Resulta preocupante que la respuesta de la autoridad a la creciente automatización de procesos sea la titularidad sindical. No termina de sorprender que en áreas que requieren mayor participación de jóvenes, que conjuntamente con trabajar puedan estudiar o desarrollar otras actividades, se entregue a un sindicado las llaves de la inclusión”, sostiene.

Por su parte, Maturana añade que el proyecto se quedó corto para resolver otras materias de relevancia para los trabajadores, tales como todas aquellas que dicen relación con “seguridad e higiene, administración del sistema de Mutuales de Seguridad y jornada de trabajo, entre otras”.

El mercado laboral se verá afectado de manera continua en el tiempo y va a tender a operaciones con menos recursos humanos, analiza Lobo. “En una primera etapa se observarán conflictos que afectarán otras industrias como ya lo hemos observado en los casos de puertos y aeropuertos. Las negociaciones serán más complejas y el riesgo terminará aumentando los precios de los servicios. En definitiva, el mercado se hará menos competitivo”, declara.


¿Cómo mejorar el proyecto?

Mewes espera que se incorpore un reconocimiento a la realidad que vive el país. “Nos parece que no sería apropiado insistir en un camino que procure consagrar, bajo el título que sea, una nueva modalidad de titularidad sindical. Esperamos que el proyecto se abra a la generación de nuevas oportunidades mediante el reconocimiento de pactos de adaptabilidad libres entre empleadores y trabajadores. En ese sentido, la señal que transmite el veto nos parece muy preocupante. Debemos fomentar la adaptabilidad laboral, ampliar su rango y no prohibirlo”, enfatiza.

Contrario a esto, Maturana sostiene que la Fenatraporchi espera que el veto que envíe el Gobierno reponga lo que a su juicio es lo más relevante de la reforma: la titularidad sindical. “Ese modelo permitirá efectivamente mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores potenciando la existencia de sindicatos y permitiéndole al empleador tener interlocutores legitimados por la mayoría de sus trabajadores”, concluye.

Al respecto, Lobo agrega que el actual proyecto solo apunta a la “ideología del gobierno” de fortalecer a los sindicatos; sin embargo, plantea que en la medida que eso esté acompañado de iniciativas para la eficiencia, la innovación, el emprendimiento y la convivencia empresa/sindicato, se va a estar diseñando una ley que sea un vehículo del crecimiento económico del país.

“Para hablar de mayor sindicalización, evitemos el monopolio de la titularidad sindical y fomentemos tener más y mejores sindicatos. Si queremos tener más empleos de calidad, incentivemos la capacitación y especialización de los trabajadores premiando a las empresas que los certifican. Si buscamos mejorar la competitividad del país, hablemos de flexibilidad laboral, jornadas variables, incentivo a la productividad, al primer trabajo, equidad de carga impositiva entre hombres y mujeres, fomentemos a las Pymes y emprendedores, entre otras cosas”.

De manera trasversal, y como cambio al eje del proyecto, Reyes considera que es necesario aplicar un contrapeso en el incentivo de la productividad. “Así, resulta preocupante que de acuerdo a los resultados de la última ENCLA 2014 desarrollada por la Dirección del Trabajo, apenas un 54.3% de las empresas en donde se negoció colectivamente, pactó claúsulas relativas a aumento de salarios por aumento de productividad, pues bien es absolutamente necesario, más en el proceso de desaceleración que vivimos, que este aspecto sea incentivado. Considero esencial que el proyecto contemple regulaciones especiales derivadas del tamaño de las empresas, tal como ocurre en otras normativas vigentes tanto laborales como de otras materias”.

Asimismo, concluye, se extraña en la reforma aspectos relativos a capacitación, flexibilidad laboral y seguridad industrial, ámbitos en donde los sindicatos tendrían mucho en qué colaborar.

Junio 2016
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