Por Diego Ramírez Toro, Jefe de Comunicaciones de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. www.cndc.cl

La seguridad vial es uno de los objetivos más buscados por los actores de los distintos modos del transporte terrestre. Las cifras demuestran que anualmente Chile lamenta unas 1.600 personas muertas en accidentes de tránsito, indicador que si no es colocado en perspectiva, no da cuenta del inmenso daño y perjuicio humano, moral, económico y social que causan estos lamentables hechos. La mortalidad vial, concepto que debemos atrevernos a usar, debe hacernos meditar profundamente para ver cómo reducir estas cifras vergonzosas, que no se condicen con un país cuyo discurso oficial es la defensa del derecho a la vida y la protección de sus ciudadanos.

Respecto del transporte terrestre -que con toda certeza es el principal usuario de las carreteras-, los números oficiales de Conaset y Carabineros de Chile indican que en 2013 los fallecidos como consecuencia de la participación de camiones en accidentes fueron 82, mientras los heridos y lesionados sumaron 1.601. Si se compara la cantidad de muertos de este segmento en función del total general (que incluye buses interurbanos, automóviles y motos), se podría concluir que no superan el 5%, pero la verdad es que cualquier choque con un camión implica casi con certeza que los participantes no saldrán bien librados.

La industria transportadora y logística está preocupada por los accidentes. ¿Qué factores inciden en su ocurrencia? Son múltiples, pero con seguridad, la falta de descanso de los conductores y su consecuencia directa, la fatiga, son dos de ellos. Tal como lo aprecian los operadores, hay algo que aún no comprenden bien las autoridades y responsables de las políticas públicas del sector: los choferes, quienes circulan con sus vehículos en todo momento por las carreteras y caminos del país, tienen escasos lugares donde descansar en forma decente y sacarse la fatiga que exige la conducción continua a bordo de una máquina de 45 toneladas de peso bruto vehicular.

La carencia de áreas de descanso adecuadas para los transportistas en cantidad suficiente y de calidad, es un punto central. Chile tiene una columna vertebral, la Ruta 5, en sus segmentos norte y sur. Esa carretera que comienza en Arica y concluye en Chiloé tiene una longitud aproximada de 3.000 kilómetros. De ese total, la doble vía, concesionada a compañías privadas, abarca unos 1.900 kilómetros desde Caldera al sur; pronto, en 2016, esta doble vía será continua cuando se termine la sección La Serena- Vallenar. El resto, 1.100 kilómetros desde Chañaral a la frontera con Perú, es camino público.

Si las áreas de descanso en los tramos de concesión son pocas, en los administrados directamente por el Estado son inexistentes. Es penoso comprobar cómo los transportistas se ven obligados a aparcar en bermas, en circunstancias que no corresponde hacerlo, o pasar las cinco horas de conducción continua hasta encontrar un lugar, una posada, donde bajarse a comer y dormir, solo porque no había una zona de descanso.

Se calcula que son 22.000 los camiones que, en promedio, están circulando en todo momento en las diferentes carreteras, y las zonas de descanso solo tienen cupo para 1.700, lo que significa que más de veinte mil máquinas de carga se encuentran en viaje. Con toda probabilidad, muchos conductores de estas últimas sobrepasaron las cinco horas de manejo continuo y deben cumplir sus dos horas de descanso. Pero, ¿dónde? Al no hallar un lugar adecuado esos hombres ya fatigados no tienen más alternativa que seguir adelante, hasta encontrar un sitio donde detenerse.

En el extenso camino de la Ruta 5 Norte desde Chañaral a Arica, más las carreteras transversales, salta a la vista la precariedad de las condiciones en que acampan los camioneros: simples explanadas arrebatadas al desierto, sin ningún equipamiento ni servicios, que seguramente quedaron desde la construcción de los caminos.

Desde hace una década, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile ha planteado a los ministros de Obras Públicas y de Transportes que han ocupado sus cargos en representación de los diferentes gobiernos, la necesidad de dar pasos concretos en resolver esta necesidad. Últimamente, el Ministro del MOP, Alberto Undurraga, ha determinado como política general que en todo nuevo proyecto concesionado participen los usuarios, en este caso los transportistas. Si bien la señal es positiva, respecto de las rutas ya construidas es poco lo que se habla y quedan en tierra de nadie. Además, las concesionarias privadas ponen reparos a construir más zonas de descanso o ampliar las ya existentes, pues eso les significa invertir recursos.

Las normativas de seguridad vial y las disposiciones laborales no solo se validan en la ley. También se requiere que la infraestructura en general, y no solo las vías concesionadas de alto estándar, estén a la altura de las exigencias. En este sentido, se detectan grandes carencias en equipamiento de servicios a los usuarios, como la ya referida falta de lugares de descanso dotados de comodidades mínimas a las que el trabajador del volante tiene derecho.

Fuera de la voluntad política de las autoridades para avanzar en soluciones, y de que los nuevos proyectos den respuesta a las necesidades de los usuarios, hay un campo de interés para las compañías petroleras, que junto con el atractivo de comercializar sus servicios, incluyan en su oferta soluciones efectivas al problema comentado.

Pero lo concreto es que hay algo que hacer y luego. Es un imperativo ético por la sencilla razón de que Chile no puede seguir exhibiendo estos índices de mortalidad vial.