La iniciativa tiene por objetivo dar respuesta a un tema de gran importancia planteado desde hace varios años por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) al Ministerio de Obras Públicas y que, en esencia, aspira a incluir a los llamados “centros de transferencia de cargas” en la misma categoría de las empresas que generan sus propias cargas.

Actualmente, están eximidas de tener sistemas de pesaje las empresas que no son productoras pero sí requieren servicios de transporte. En el fondo, estamos haciendo referencia a puertos, aeropuertos, bodegas, terminales rodoviarios y ferroviarios, o cualquier otro centro en que las cargas son traspasadas o transferidas a vehículos pesados (siempre entendiendo que no las producen). Sin embargo, el camión recibe igualmente una mercancía y debe salir a la carretera o circular dentro de una localidad, donde de ser fiscalizado y no cumplir con la normativa vigente será multado.

El problema surge precisamente en este punto, porque al no existir en estas estaciones de transferencia un sistema de pesaje establecido, el transportista no sabe exactamente cuánta carga real está recibiendo en su camión. Por ello, no todos estos vehículos son pesados como establece la ley y, en consecuencia, existe una “tierra de nadie” en que, finalmente, quien debe aceptar la responsabilidad por las multas es el camionero, pues en carretera opera la fiscalización de peso por eje.


La propuesta de la CNDC

Como se puede advertir, esto envuelve una injusticia que debe ser corregida. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones durante toda la última década solicitó a la autoridad gubernamental modificar la respectiva Ley de Pesaje, con el propósito de exigir sistemas de pesaje tanto a los generadores de carga como a las estaciones de transferencia. Así, se hizo con el Ministerio de Transportes un trabajo técnico que concluyó con la formulación de un “Manual de Buenas Prácticas”, que precisamente incluyó el tema anteriormente comentado. De hecho, los ministros de Economía y Obras Públicas, Pablo Longueira y Laurence Golborne, respectivamente, enmarcaron el anuncio del proyecto para reformular la ley de pesaje en la Agenda Impulso Competitivo.

Una vez aprobada la ley, se corregirá un vacío con un positivo impacto en la seguridad vial. Se trata de una buena oportunidad para establecer parámetros claros que deben ser cumplidos por todos los actores de la cadena logística. La tarea la tiene ahora el Parlamento, cuyos integrantes tienen la oportunidad de aprobar un paso en la dirección correcta para mejorar el transporte carretero chileno.