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Por cada ciudadano de la Unión Europea, se genera aproximadamente una tonelada de escombros al año. En España es aún más, según documentos públicos del Gobierno: los residuos de obra y demolición suponen un 40% de todos los desechos, entre 10 y 15 puntos más que la media europea. Pero mientras los españoles, lentamente, asumen su responsabilidad de reducir y reciclar basura doméstica, el enorme sector de la construcción todavía no ha abrazado los principios de la economía circular. Cascotes, ladrillos, marcos de puertas, tuberías, vigas, cables... Los residuos rebosan en vertederos, normalmente ilegales, por todo el país.
Francia, que aborda estos días un ambicioso plan de economía circular, también ha mostrado su preocupación por los residuos de construcción y demolición (RDC). Lo definió la secretaria de Estado de Transición Energética y alma del proyecto, BrunePoirson: “Solo en moqueta no usada se tira al año el equivalente a un rollo que podría cubrir la ruta de Lille a Marsella”, unos 1.000 kilómetros.
Esta tragedia económica y medioambiental es evitable, porque los principales restos de obra —hormigón, materiales cerámicos y aglomerado asfáltico— son “de los pocos residuos que se pueden reciclar infinitamente”. Así lo afirma el ingeniero Pablo Pérez, director técnico del Grupo de Interés Áridos Reciclados de RCD, que engloba a las empresas dedicadas a valorizar escombros en Andalucía, Galicia y Madrid. Parte del problema es que en España “no hay cultura” de separar los residuos en la obra o de realizar demoliciones selectivas. La alternativa más fácil y más barata, verter desechos mezclados, es ilegal pero suele salir impune.
Desde el año 2008, un real decreto exige el tratamiento de todos los desperdicios de obra por gestores autorizados, empresas que deben priorizar el reciclaje y recurrir a los vertederos solo en última instancia. “Eso se cumple en todos los tipos de residuos excepto en los de construcción”, denuncia Benito García, portavoz del Grupo de Interés Áridos Reciclados de RCD. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica confirman que España tiene abierto un expediente europeo de infracción por incumplir la Directiva Marco de Residuos, debido a la deficiente gestión de los restos de obra.
“La realidad hoy es que tan solo una cuarta parte de los residuos de construcción y demolición en España acaban en manos de un gestor autorizado”, asegura García. Esos escombros se reciclan muy eficientemente, llegando a aprovecharse en torno al 90% para fabricar nuevos materiales de construcción. Pero las tres cuartas partes restantes de basura que no llegan a la planta de reciclaje acaban rellenando antiguos huecos mineros, o en vertederos ilegales que contaminan montes, valles y costas de la Península. Para las empresas de reciclaje, “lo más grave y preocupante, porque además de presunto delito ambiental supone competencia desleal, es la existencia de vertederos ilegales comerciales, que cobran por descartar residuos sin ningún tratamiento”.
Este mismo año, Arcodega, la Asociación de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia, ha denunciado a la empresa MV Gestión por delito ambiental, acusando a este “gestor irregular” de verter residuos mezclados y sin tratar en un enorme hueco minero de Lugo. Según informa La Voz de Galicia, la denuncia sugiere además “prevaricación por omisión” de las autoridades, que “siendo conocedoras, evitan actuar para reponer la legitimidad”. Los denunciantes aseguran a EL PAÍS que este caso, junto con el de una escombrera ilegal en Nerja (Málaga), cercana al río De la Miel, son dos raros ejemplos de fiscalización, pero apenas representan “la punta del iceberg” del desastre que es la gestión de estos desechos en España.
Para cumplir el real decreto, cada ayuntamiento debería recaudar una fianza de los promotores o particulares que solicitan una licencia de obra. El depósito se devuelve cuando estos certifican la correcta eliminación de sus residuos. Pero el Grupo de Interés Áridos Reciclados de RCD estima que tan solo un 8% de los consistorios españoles exige este aval. La Federación RCD, un grupo análogo que defiende los intereses de gestores de escombros en Castilla y León, Extremadura, País Vasco y Cataluña, calcula que la cifra apenas llega a un 5% de los ayuntamientos (al tener en cuenta que País Vasco y Cataluña, más avanzados en la gestión de residuos, suben la media española).
Fuente: https://elpais.com
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