Irene Muñoz Espinosa, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Central.

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“La entrada en vigencia, el pasado 1° de abril, de la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015 ha marcado un hito en la sociedad chilena, al visibilizar la discriminación que viven las personas con algún tipo de discapacidad para acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones”, indica Irene Muñoz Espinosa, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Central.

Al ser una ley, explica la profesional, las empresas con 100 o más trabajadores deben destinar el 1% de su dotación de personal a trabajadores con discapacidad o que sean asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Todo ello con el espíritu de incentivar su inclusión al mundo laboral.

Desde una visión de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, al igual que todos los seres humanos, esta legislación resulta ser una discriminación positiva, dado que obliga a nuestra sociedad a poner atención y hacer ajustes para generar espacios de trabajo a quienes por años han sido considerados incapaces de producción económica, señala.

“Aunque esta ley es un significativo avance en esta materia, surge la reflexión si ésta realmente recoge el sentido más profundo de la inclusión. Así, ¿se contratará a estas personas sólo para cumplir con la ley o porque realmente existe la convicción de que la discapacidad no es sinónimo de limitación?”

“Como terapeutas ocupacionales, tenemos la oportunidad de participar activamente en que esta ley pase de ‘una obligación que hay que cumplir’ a ‘reales oportunidades de inclusión social’. Este proceso de transformación debe contemplar la asesoría a empresas para generar una valoración de la diversidad de sus trabajadores, de modo de dejar atrás la concepción de que las personas en situación de discapacidad tienen escasas o nulas posibilidades de desarrollo laboral integral”, agrega.

Además, dice Irene Muñoz, tenemos el deber de acompañarlas en sus procesos de incorporación laboral, para que conozcan sus derechos, habilidades y competencias, de modo que su experiencia de inclusión resulte exitosa.

“Con todo, es responsabilidad del Estado de Chile contribuir a la generación de oportunidades que beneficien a las personas en situación de discapacidad, quienes permanentemente deben interactuar con diversas barreras, tanto humanas como del entorno físico. Por ello, la inclusión va más allá de la implementación de una ley, sobre todo en un contexto donde la discriminación es parte de nuestro cotidiano. Se trata de seguir una trayectoria inclusiva para que quienes se encuentren en situación de discapacidad no sigan siendo vistas como personas ‘limitadas’, sino que como partícipes activos en nuestra sociedad”, concluye la directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Central.