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Decenas de organizaciones ambientales venezolanas expresaron el lunes su preocupación por un derrame de combustible proveniente de una refinería de Petrotrin, la empresa petrolera estatal de Trinidad y Tobago, que afecta la costa oriental de Venezuela, según publicó el sitio El Nuevo Herald.
Además de expresar su "condena y alarma ante la gravedad del daño ambiental, exigimos responsabilidades e indemnización por parte del gobierno de Trinidad y Tobago", así como de la empresa Petrotrin "frente a cualquier afectación", dijeron 61 organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas ambientales, en un comunicado divulgado el lunes.
Los activistas también exhortaron a las autoridades venezolanas a velar por "la vida de la flora y la fauna de nuestras costas”, que incluyen la turística Isla de Margarita, en el estado insular de Nueva Esparta, y las paradisíacas playas de la Península de Paria del estado Sucre, un importante refugio de fauna silvestre, que incluye la anidación de la tortuga verde (Cheloniamydas), una especie amenazada.
El derrame de unos 300 barriles de combustible, de acuerdo a estimaciones de Petroquin, ocurrió el 23 de abril como consecuencia de una filtración en un tanque de almacenamiento de la refinería Pointe-a-Pierre, al occidente de Trinidad, frente al fronterizo Golfo de Paria.
"Es inadmisible que esto esté ocurriendo en un país petrolero, por un desastre que se registró el mes pasado (23 de abril 2017) en Trinidad y Tobago. Somos dolientes sin intereses políticos", añadieron los activistas en el escrito, en demanda de una pronta acción de las autoridades locales.
La Fiscalía General de Venezuela indicó el lunes que realiza una investigación para "determinar el daño ambiental ocasionado en las costas de los estados Nueva Esparta y Sucre" al extremo oriente de este país sudamericano.
La Fiscalía además solicitó a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) realizar las experticias para determinar el tipo de crudo hallado en las costas y "evaluar el impacto ambiental, así como el costo del saneamiento y restauración" en Sucre y Nueva Esparta, con el fin de "establecer las consecuencias jurídicas derivadas de este hecho".
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