Diego Dujovne.

Nuestro país es azotado periódicamente por catástrofes naturales: terremotos, inundaciones, aluviones, tormentas violentas, incendios forestales, erupciones volcánicas. No hace falta esforzar demasiado la memoria para recordar alguno de estos eventos de manera reciente. También es patente la participación de las autoridades y de las fuerzas de seguridad y rescate en cada uno de estos eventos, pero su sola presencia o acción no es suficiente sin un esfuerzo coordinado, que permita distribuir los recursos a partir de decisiones informadas y, sobre todo, en tiempo real, con el conocimiento integrado de los hechos y de su evolución.

Para lograr este cometido, es indispensable tener un sistema de comunicación confiable, robusto y eficiente. Y en un país de geografía difícil con una vasta extensión, las comunicaciones son un desafío importante: en el lugar de la catástrofe, se deben establecer puntos de contacto, comités de crisis y presencia de organismos del Estado, tal como la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), como participantes indispensables en estas situaciones.

Sin embargo, la infraestructura de mayor cobertura existente responde a criterios comerciales y regulaciones sociales más que a una red con redundancia suficiente para soportar la inclemencia de las fuerzas de la naturaleza. Como consecuencia, una red gestionada estrictamente para estos criterios considera los eventos catastróficos como situaciones excepcionales donde el servicio puede sufrir bajas justificadas. Sin embargo, es en estas situaciones donde la red no debiera fallar, ya sea de manera instantánea o con retardo, luego de agotadas sus fuentes de alimentación.

La decisión gubernamental de reservar 20MHz de la preciada banda de 700MHz va en la dirección de aumentar las capacidades de respuesta en situaciones de emergencia, considerando un balance entre cobertura y disponibilidad de equipamiento con capacidad de transmisión de datos, que resultan críticos para tomar decisiones en terreno. No obstante, dos elementos surgen como incógnita al día de hoy: en primer lugar, la responsabilidad en el diseño y operación de la infraestructura, y en segundo término, su utilización para preservar su funcionamiento ante eventos de emergencia.

Si se emplea la misma infraestructura existente en la actualidad, provista por las empresas de telefonía, la confiabilidad necesaria no crecería, brindando solamente un servicio descongestionado y exclusivo, pero dejando la alimentación de los sistemas y su redundancia en el mismo nivel actual, donde potencialmente los enlaces podrían sufrir cortes por caída de torres, desconfiguración de radioenlaces o por simple falta de energía, por ejemplo. Es la lógica en el diseño y reforzamiento de la red la que debe cambiar de manera acorde para ofrecer un servicio confiable que esté presente en toda su capacidad cuando se necesita.

Respecto al uso, la red de emergencia en general y la banda específica dentro de los 700MHz en particular, debiera ser operativa en todo momento y para ello debe tener tráfico, ya sea el tráfico de emergencias de menor relevancia o con datos de baja prioridad que puedan ser interrumpidos durante los eventos críticos. En este sentido, se puede usar tanto para telemetría, para verificar funcionamiento y conectividad de los mismos sistemas principales y secundarios de emergencia (por ejemplo, estado de los sistemas de comunicación, diagnóstico, alarma temprana, información al público, captura de datos ambientales, mantenimiento de servicios públicos y logística dependientes del estado) como para aplicaciones de distribución de contenidos y reportes locales para, por ejemplo, videoconferencias de coordinación de autoridades y acceso a material educativo remoto.

Finalmente, es de vital importancia que esta red, además de ser robusta en sentido físico y redundante en términos de enlaces, sea soportada por un sistema independiente de la contingencia terrestre que puede afectarse durante un desastre natural. Esto es, una red satelital que pueda ser utilizada a través de un satélite propio o alquilado, pero con capacidad reservada de manera permanente y que permita el encaminamiento de los datos de manera alternativa.

Además, una red satelital ofrecería cobertura nacional estableciendo estaciones base en puntos clave, además de permitir servicios de telemetría de mayor robustez, que al día de hoy están soportados por vínculos con escasa (o nula) redundancia y con diversos proveedores encadenados que aumentan su fragilidad. Debe aclararse que los teléfonos satelitales constituyen un servicio comercial de cobertura global, pero que permite de manera básica la integración de datos y voz. Más aún, la distribución de estos terminales de manera masiva tampoco solucionaría el problema, dada la limitación de ancho de banda y su costo de funcionamiento. Una red terrestre integrada con un servicio satelital (también explotable para usos de baja prioridad entre eventos de emergencia) permitiría aprovechar de manera más eficiente este recurso, además de establecer un sistema con mayores y más flexibles prestaciones.

Hoy es indispensable más que nunca en Chile aprovechar las posibilidades que ofrecen las redes de comunicación de emergencia, tanto en su infraestructura troncal y capilar como en la transmisión de información, ya sean datos, voz o video. Sin embargo, no debe dejar de observarse un aspecto fundamental: un sistema de emergencias debe proyectarse más allá de quien lo provea, basándose en estándares que permitan una integración efectiva entre fabricantes y una capacidad de reemplazo de productos de manera transparente.