Douglas Sequeira Morgado.

Durante muchos años hemos asociado la necesidad de crear y fomentar la cultura preventiva en las distintas áreas de la actividad económica nacional, y con especial énfasis en la industria minera. Todo esto tendiente a salvaguardar la integridad física de las personas, previniendo accidentes, especialmente aquellos que pueden llegar a ser incapacitantes o fatales. Esta misma mirada, proyectada a largo plazo, se aplica frente a las enfermedades profesionales.

Pese a esto, las cifras y los actos evidencian algo distinto: durante 2015 ocurrieron más de 180 mil accidentes del trabajo, y peor aún, 414 ocasionaron la muerte a trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Un porcentaje muy significativo de estos accidentes fatales (39%) corresponden a los ocurridos en el trayecto, cuestión que nos entrega luces de alerta significativas respecto de nuestra real cultura preventiva. ¿Qué control podemos tener respecto del comportamiento de un trabajador fuera de la empresa? ¿A qué riesgos está expuesto este trabajador fuera de su recinto laboral? Sin duda, uno de los más significativos se relaciona con el comportamiento vial de conductores y peatones.

Estadísticas publicadas por CONASET indican que durante 2014 más de 10 mil peatones estuvieron involucrados en siniestros de tránsito. De este universo, 615 fallecieron y ocho mil resultaron lesionados. En efecto, en nuestro país, el 38% de las fatalidades en accidentes de tránsito corresponde a peatones. Pues bien, al menos un tercio de los accidentes de trayecto se encuentran contenidos dentro de esta alarmante cifra.

Los indicadores y estadísticas de seguridad a nivel país siguen evidenciándonos cuáles son las actividades económicas con mayor tasa de accidentes del trabajo. Una de ellas, probablemente la principal, es el Transporte, dato coherente y consistente para avanzar hacia la construcción de una cultura preventiva que vaya más allá de las instalaciones de una empresa y del actuar enmarcado estrictamente en la jornada laboral. A mediados del mes de abril, se anunciaron lluvias intensas para la zona central, particularmente para la Región Metropolitana. Los medios de comunicación, junto a autoridades de Gobierno y especialistas, anticiparon precipitaciones considerables y muy superiores a lo normal, vaticinando incluso la superación de registros del siglo XVIII correspondientes al mes en cuestión.

De lo anterior se infería que todos los actores públicos y privados con responsabilidad directa o eventual frente a un escenario como el pronosticado y que podía transformarse en una emergencia, adoptarían las medidas adecuadas para evitar o mitigar cualquier efecto adverso.

Como sabemos, la realidad fue otra: la imprevisión, la desprolijidad, la planificación incorrecta y, probablemente, la falta de supervisión, fueron causas directas del desborde del río Mapocho, el que escapó de su cauce en un tramo intervenido por obras asociadas a la construcción de vías concesionadas, dejando como saldo 40 edificios anegados y millonarias pérdidas en locales comerciales de la comuna de Providencia.

Llama aún más la atención el hecho de que esto ocurra en sectores de la capital que poseen estándares de país desarrollado, donde se supone que “esas situaciones no suceden”. Se supone que en los alrededores del Centro Financiero de la Capital, la infraestructura pública y privada es de “primer mundo”.

Tras la ocurrencia de este evento, la discusión pública está centrada en la búsqueda de responsables entre los actores que fueron parte de la emergencia. Entre ellos, lo que se observa es el intento por endosar la responsabilidad a otros, eludiendo la propia. Un escenario poco claro que prácticamente revictimiza a los afectados.

Entonces, cuando se declara que “debemos avanzar hacia una cultura que previene, controla y reduce los riesgos laborales”, debemos entender que las consecuencias producto de la ausencia de prevención, no solo impactan directamente a los trabajadores en sus condiciones físicas (lesión o enfermedad), sino que también afectan con consecuencias diversas a empleados, empleadores, familias y Estado. Por ello es que el foco debe estar puesto en la necesidad de una adecuada y anticipada lectura de los escenarios, en una definición precisa de los riesgos, en la necesidad de una planificación rigurosa, y en la determinación de roles y responsables para cada tarea, todo tras un liderazgo claro, visible y en terreno.

Concordamos en la necesidad absoluta de construir Cultura Preventiva en Chile, entendiendo la cultura como un actuar adquirido, habitual y no forzado, el que se complementa con la prevención, comprendida como la visualización de escenarios, análisis de riesgos y control de los mismos.