Arturo Cares.

La silicosis es una de las enfermedades profesionales cuyos efectos generalmente se presentan después de largos años de exposición al agente. Producto de esta condición, observamos cómo los síntomas muchas veces se hacen presentes en trabajadores de edad avanzada, lo que se traduce en que los afectados tengan una deplorable calidad de vida luego de terminar su etapa laboral.

La generación de la enfermedad en el largo plazo, es uno de los principales problemas que enfrentan los programas de prevención que se implementan, ya que al no observarse efectos en forma inmediata, dificulta que trabajadores y empleadores tomen conciencia de la importancia de controlar los riesgos de desarrollar esta patología. Uno de los puntos relevantes para lograr el éxito de las acciones preventivas, es la realización de acciones educativas efectivas en materia de prevención.

Si bien el Plan Nacional de Prevención de la Silicosis (Planesi) establece la importancia de las acciones de difusión y capacitación, normalmente el grueso de los recursos preventivos se depositan en las etapas de evaluación y control, las que -aunque son importantes- no serán efectivas si trabajadores y empleadores no logran comprender cómo deben desempeñarse en actividades donde exista riesgo de la presencia del agente. Para avanzar en este contexto, se hace imprescindible que en nuestro país se generen programas formativos que, junto con entregar información respecto del riesgo y de las medidas de control, aseguren el desarrollo de competencias que permitan que trabajadores y empleadores actúen adecuadamente.

También resulta importante revisar la formación con que cuentan los expertos en prevención de riesgos en esta materia. Recientemente, hemos observado cómo algunos de los programas de fiscalización que llevan adelante las Seremi de Salud establecen como criterio que los expertos en prevención de las empresas cuenten con certificados de aprobación de un curso entregado por las Mutualidades de Empleadores, pero no se establecen los contenidos que dichos programas de formación deben incorporar.

Otro elemento de igual complejidad radica en la formación de especialistas en higiene ocupacional. Actualmente, existen una serie de organizaciones educativas que cuentan con cursos o diplomados en estas materias, pero no hay un sistema que certifique o acredite la calidad de dicha formación, siendo solo garantizada por el prestigio del cuerpo docente y de la organización que lo entrega.

Dado el impacto que tiene la silicosis en la salud de los trabajadores, es necesario que se realicen esfuerzos a nivel nacional que nos permitan continuar avanzado en materia de educación frente a la prevención de esta enfermedad. Sin embargo, al no existir una norma expresa respecto de estos aspectos, es la propia comunidad preventiva la que se ve obligada a realizar acciones de autoregulación. Estas medidas debiesen abordar al menos los siguientes aspectos:

• Empleadores: la difusión que establece el protocolo necesariamente debiese centrarse en sus responsabilidades respecto de la prevención de la silicosis, indicando el impacto de dichas medidas en aspectos de productividad y/o de continuidad operacional. Estas últimas deben ser adecuadas a las características de las operaciones que se realicen en las empresas. En actividades de alta complejidad y/o especialización, como se observa en la minería por ejemplo, esta desagregación debiese ser a nivel de subprocesos.

• Comités paritarios: estos organismos son un canal clave para asegurar la participación de los trabajadores en el ámbito preventivo. Es fundamental que los miembros de estas entidades cuenten con una formación que asegure el conocimiento de la normativa vigente y que tengan competencias respecto de la forma de prevenir la exposición. Deben poseer herramientas para que dentro de sus programas de trabajo se incorporen aspectos propios de la prevención de la silicosis. Todas las obligaciones anteriores, deben caer dentro de aquellas que el DS 54 establece para estas entidades.

• Expertos en prevención de riesgos: considerando la importancia que tiene su rol en la implementación de las acciones de prevención al interior de las empresas, es fundamental que estos profesionales cuenten con competencias demostrables frente a esta temática. Para esto, se debiese avanzar en la generación de programas formativos que les permita asesorar a las empresas en el diseño de soluciones para controlar la exposición al agente. Al igual que en el caso de los empleadores, esta formación debiese estar orientada a los procesos y subprocesos de las actividades económicas donde se desempeñen y ser certificada por organismos competentes en la materia, asegurando el debido registro de la participación y aprobación de dicho programa. En este contexto, se debiese generar un sistema de registro similar a lo que establece el DS 40 o el DS 132 para los expertos en seguridad minera (actualmente el SERNAGEOMIN cuenta con los mecanismos que permiten este tipo de registro).

• Higienistas ocupacionales: en este contexto es fundamental que se establezcan los requisitos mínimos que deben cumplir los programas de formación superior en estas materias, tanto curriculares como de calidad docente, generándose idealmente un ranking de calidad de las organizaciones y programas que dicten esta formación. El Estado debiese promover un sistema de acreditación voluntaria de aquellas instituciones que dicten formación en esta materia, tal que se oriente a los estudiantes al momento de decidir por una u otra institución educativa.

El desarrollo de programas específicos para expertos de mutualidades que asesoran a las empresas, por ejemplo, en el ámbito de la minería, es el inicio de un largo camino que esperamos logre impactar positivamente en esta materia.