Armando Enríquez Montenegro.

El 2015 fue un año bastante movido para el rubro del Transporte de Carga por Carretera, en donde la preocupación existente frente al progresivo aumento de asaltos que ha enfrentado el sector tomó parte importante de la agenda. Según datos aportados desde las asociaciones que reúnen a las compañías de transporte, durante el año 2014 sus socios sufrieron en promedio un asalto diario, cifra que aumentó a tres episodios por día en 2015, lo que se traduce en cerca de mil camiones afectados por algún evento delictual.

Las empresas de transporte han tomado variadas acciones en pos de evitar estos hechos delictuales, tanto a nivel interno como en temas de gestión de flota y acompañamiento en ruta, en donde el uso de vehículos escoltas para acompañar cargas de alto valor ha sido una estrategia común. Asimismo, también han realizado inversiones importantes en sistemas de monitoreo a distancia para hacer seguimiento de los camiones y detectar situaciones anómalas.

Este escenario ha motivado una intervención conjunta entre el gremio y el gobierno para poner freno a esta seguidilla de eventos en los que se ven afectados tanto la operación del negocio como el capital humano de las empresas, pilar fundamental para su funcionamiento. Este trabajo se refleja en la creación de una mesa específica que tiene como objetivo revisar y buscar alternativas para frenar la ola de asaltos a camiones de carga en la Región Metropolitana, zona que presenta la mayor cantidad de hechos delictuales.

Sin embargo, una arista de este problema que ha ido escalando lentamente y tomando la posición de importancia que merece tiene relación con los efectos psicológicos que estos ataques generan en los conductores, tema que muchas veces no tiene la visualización que corresponde, debido a que sus efectos no presentan las mismas repercusiones físicas directas que un accidente vehicular. Se trata de problemáticas que pueden desarrollarse a lo largo del tiempo o presentar sintomatología con desfase en relación al evento si no son abordadas con prontitud.

Actualmente, han surgido preocupaciones desde distintos actores e instituciones tanto públicas como privadas que han posicionado a las consecuencias emocionales como un factor importante a tratar, tomando como ejemplo la creación en el año 2013 del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales por parte del MINSAL, el que se constituye en el primer acercamiento a riesgos previamente no visualizados por la naturaleza de los mismos.

Para poder sistematizar los efectos que pueden ocurrir en las personas, es posible distinguir a nivel psicológico que uno de los más recurrentes corresponde al riesgo a perder la vida o sufrir lesiones por parte de los asaltantes. Las personas se cuestionan la creencia de control tanto de sí mismas como del mundo, entrando en estado de indefensión.

Como respuestas emocionales al evento surgen sentimientos de rabia e impotencia por lo ocurrido, lo que en muchas ocasiones lleva a los conductores a tomar acciones hacia los agresores en pos del resguardo de sus pertenencias y de la carga que transportan, aumentando el riesgo de sufrir lesiones.

En estos casos, es recomendable la gestión preventiva que las empresas pueden entregar a los conductores que están en mayor riesgo de ser víctimas de un evento de este tipo. Algunas acciones serían que los niveles centrales de las empresas generen un protocolo claro y conocido por todos sobre los pasos a seguir posteriores a un robo o acto de violencia, describiendo claramente las acciones que se deben realizar, indicando los responsables de dar cumplimiento de dicho acto. Dentro de este punto, el foco debe ser la persona afectada, preocupándose por su estado de salud físico y emocional por sobre la carga transportada; preguntas tales como ¿se encuentra bien? o ¿cómo se siente? tienen un fuerte impacto positivo a nivel emocional, ya que se logra generar un espacio de contención emocional poniéndose en el lugar del afectado. Para potenciar esta acción es necesario desarrollar capacitaciones de control de emociones a los conductores, que permita prepararlos para posibles hechos violentos. La entrega de herramientas preventivas es fundamental.

Desde el afectado, se espera que este procure actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o de intimidación, dándosele a entender que su integridad es prioridad por sobre la carga. Se debe trabajar para que no realice actos heroicos ni intente resistirse, ya que de esta forma disminuye la probabilidad de un trato violento hacia él por parte de los delincuentes. Debe dar cuenta lo antes posible a los encargados de la empresa, los cuales deben entregar la primera contención emocional. Todo esto se engloba en la creación de un procedimiento de conductas seguras frente a asaltos o hechos violentos, el que debe ser conocido por todos y patrocinado desde la alta dirección; la participación de estos últimos debe ser tangible y real. A partir de estos lineamientos, podemos controlar los efectos emocionales que en nuestros afiliados se producen, los que a su vez afectan tanto a la vida familiar, social y laboral de los mismos y, consecuentemente, la productividad de las empresas empleadoras.