En la reciente Conferencia de las Partes (COP21) realizada en París, los países que participan de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC) presentaron sus compromisos de mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Entre ellos, Chile dio a conocer los alcances y medidas de nuestra contribución nacional, como parte del acuerdo climático logrado.

En particular, el país se comprometió internacionalmente en reducir, al 2030, sus emisiones de CO² por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007, considerando un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso.

Adicionalmente se comprometieron, en forma única y específica para la actividad forestal, dos medidas complementarias que consisten en: manejar 100 mil hectáreas de bosque nativo y forestar 100 mil hectáreas, principalmente con especies nativas, que representarán capturas cercanas a 1 millón de toneladas anuales de CO² -equivalente.

Para lograr la primera medida, se requiere ajustar los instrumentos de fomento de la Ley de Bosque Nativo, de manera que proporcionen los incentivos apropiados -mayores a los actuales- para que se incorporen al programa los propietarios de los bosques existentes. En tanto, la segunda es doblemente positiva, por cuanto la forestación con especies nativas contribuye a incrementar la biodiversidad junto con capturar carbono en la biomasa que se genera por un cambio en el uso actual del suelo.

No obstante, esta también es una meta ambiciosa, en el sentido de que será difícil que los propietarios opten por plantar especies nativas en terrenos que hoy tienen un uso productivo -aunque sea marginal- y que degrada el suelo. Para lograrlo, además de bonificar los costos de plantación, el Estado tendrá que financiar el equivalente a un canon de arriendo que compense a los propietarios su costo de oportunidad. Es una forma de pago de la sociedad por la generación de servicios ambientales en terrenos privados de aptitud preferentemente forestal.

Sin embargo, el país tiene una superficie considerablemente mayor de terrenos de aptitud forestal, estimados en al menos un millón de hectáreas, que se están erosionando porque no tienen cobertura boscosa. Estos suelos son susceptibles de ser forestados con un menor gasto por hectárea, pues no se requiere del arriendo fiscal si los propietarios también reciben incentivos para establecer plantaciones con fines productivos; por ejemplo, con eucaliptos, para la generación de bioenergía. Esta alternativa representa una fuente de energía renovable que podría contribuir al reemplazo de combustibles fósiles en la matriz energética del país, siendo un aspecto a tener presente por las empresas de generación termoeléctrica en el contexto del impuesto a las emisiones de CO² de las fuentes fijas (US$5 por tonelada a partir de 2017).

Los resultados del proyecto MAPS-Chile, que da sustento técnico al compromiso internacional que presentó Chile, sobre la base de evaluar la contribución y costo de posibles medidas de mitigación de los GEI, indican que la forestación podría tener un alto impacto, pues permite capturar 4,4 millones de toneladas anuales de CO², con la ventaja de ser costo-efectiva en términos de toneladas de CO²/$, en comparación, por ejemplo, con el reemplazo del carbón por gas natural en las plantas termoeléctricas, medida que tiene un alto potencial de mitigación pero con un alto costo para la economía y la sociedad nacional. La condición de ser costo-efectivo es un atributo importante cuando se tiene un presupuesto limitado para cumplir una restricción (compromiso internacional): un principio para optimizar el uso de los recursos económicos disponibles es ir seleccionando las medidas según su relación beneficio/costo, porque así se maximiza el resultado total.

En tal sentido, una nueva ley de fomento forestal sería un aporte adicional a lo ya comprometido para el sector, pues contribuiría a complementar en forma eficiente la meta más ambiciosa a nivel nacional, de reducir en 30% las emisiones de CO² al 2030. Durante 38 años estuvo activo el DL-701, instrumento que dio buenos resultados en términos de superficie y carbono almacenado, pero cuya efectividad fue declinando en el tiempo, por lo que ciertamente se necesita una renovación que considere: (1) un nuevo diseño para incorporar a propietarios que por distintos motivos no han participado de los programas de forestación; y (2) nuevos objetivos que reorienten la forestación como política pública, cuyos resultados se evalúen en términos de la generación de servicios ambientales: protección del suelo contra la erosión, mejor calidad del agua, aire con menos concentración de CO² y mayor diversidad biológica si las plantaciones con fines productivos se complementan con plantaciones de especies nativas con fines de restauración ambiental.

De manera complementaria, la certificación del manejo forestal sustentable de las plantaciones bonificadas permitirá que la inversión del Estado tenga un mejor efecto sobre la salud y seguridad laboral de los trabajadores forestales, así como en la relación con las comunidades locales y la conservación de los recursos naturales: la certificación conlleva procesos de mejoramiento continuo de la gestión y métodos para evaluar el desarrollo alcanzado. El sistema CERTFOR recientemente actualizó su estándar para plantaciones forestales, incorporando nuevos requisitos sociales y ambientales, los que con el tiempo también favorecerán el desarrollo económico de las empresas que integran su producción con cadenas de suministro que reconocen el sello PEFC.

Como actores de la sociedad civil, esperamos que comience pronto la discusión sobre el diseño y los objetivos de un renovado fomento a la forestación, ojalá incorporando desde el principio la certificación del manejo forestal sustentable, que será un requisito para el reconocimiento internacional de cumplimento del compromiso.