Raimundo Bordagorry.

Desde 2012, la Minera Esparta explotó ilegalmente una mina de cobre en la Quebrada de la Plata, una de las últimas zonas de preservación ecológica de la Región Metropolitana. Nunca tuvo la autorización de la Universidad de Chile (dueña del terreno superficial), ni permisos ambientales o mineros, ni patente municipal.Si bien toda la institucionalidad intentó detener la faena, desde el Sernageomin, la Municipalidad de Maipú,Conaf,el SEA, las cortes de Apelaciones y Suprema, finalmente fue el Tribunal Ambiental quien el 8 de septiembre de 2015 resolvió clausurar definitivamente las instalaciones y faenas de Minera Esparta Limitada (ex Minera Española Chile Limitada), decretada por la Superintendencia del Medio Ambiente, al culminar el procedimiento sancionador contra la faena ubicada en la comuna de Maipú.

En el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el sector es considerado como zona de preservación ecológica, pero el Catastro Minero del Sernageomin da cuenta de que bajo este predio, se esconde un enorme potencial minero: hay más de 40 concesiones registradas por terceros, dando cuenta de una evidente problemática respecto del Código Minero y el uso del territorio de manera sustentable para otras actividades.

En este caso, y pasando por encima de todas las regulaciones mineras y medioambientales del país, Minera Esparta lo convirtió en una mina a rajo abierto, demostrando así las limitantes institucionales para detener las faenas productivas que operan al margen de la ley o sin sus respectivos permisos y patentes.

Si bien no es normal, esta situación se repite en diferentes zonas del país y en diversas industrias productivas, especialmente en el segmento Pyme. En la pequeña minería, es relativamente frecuente encontrar faenas informales y/o temporales que no cuentan con sus respectivos permisos o resoluciones de calificación ambiental (RCA) o que las han incumplido, dado que el proceso para tramitar solicitudes y permisos ambientales (vía DIA o EIA) ha ido aumentando su complejidad, tiempos de resolución y costos asociados. Esto ha llevado muchas veces a que se transforme en un incentivo operar al margen de la Ley, considerando además que los tiempos de respuesta y fiscalización de parte de las autoridades son lentos o muchas veces inexistentes.

Cabe destacar que en este caso fue finalmente el Tribunal Ambiental y la Superintendencia del Medioambiente quienes lograron proceder con el cierre definitivo de dicha faena ilegal. A lo largo de su resolución, dicho tribunal detalla que “la SMA comprobó que la ejecución de las actividades mineras se emplazaban en un Área de Preservación Ecológica y que por disposición de las normas pertinentes de la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA, el proyecto debió ser evaluado ambientalmente”, demostrando que la nueva institucionalidad ambiental, especialmente los tribunales ambientales, han ido desarrollando una labor importante en dar cumplimiento a la protección del patrimonio.

En consecuencia, podemos concluir que, aunque existen algunos casos de operaciones mineras que operan al margen o al límite de la Ley y la institucionalidad ambiental ha ido mejorando lentamente en implementar un sistema de fiscalización y resolución judicial, a través del SMA y de los tribunales ambientales, se debe seguir buscando progresivamente mejorar tanto las capacidades de fiscalización, como la regulación y desincentivo a saltarse la institucionalidad. Especial foco y una metodología propia debería desarrollarse para la evaluación de proyectos de la pequeña y mediana minería, que permita adecuar normas y permisos a una realidad propia de la pequeña escala y que tienda a formalizar a bajo costo a quienes hoy son informales.

Nuestra institucionalidad ambiental ha ido progresando durante los últimos 20 años, pero todavía falta mucho por mejorar desde el marco regulatorio general de nuestro patrimonio natural, el uso y extracción de los recursos asociados (agua, minerales, flora, fauna), la evaluación ambiental de los proyectos (que sigue siendo finalmente política, más que técnica), y los mecanismos de protección, fiscalización e incentivos que se generan a partir de las políticas públicas. Claramente, el proceso de nueva constitución que abordaremos deberá incluir la discusión de estos aspectos centrales para el desarrollo sustentable de nuestro país.

Finalmente, cabe señalar que esta experiencia demuestra que si bien se logró paralizar y cerrar la faena en cuestión, los daños ambientales generados y su impacto en el entorno van a perdurar en el tiempo y se ve difícil lograr su remediación con cargo a quienes operaron y se beneficiaron generando un grave impacto en la zona, algo que lamentablemente se repite en muchos casos a lo largo de nuestra geografía, lo que viene a destacar que nos falta mucho camino que recorrer en cuidar y preservar nuestro patrimonio ambiental.