Claudio Reyes.

¿Qué opina de las últimas cifras de accidentalidad laboral a nivel país?
De acuerdo al informe “Estadísticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo”, realizado el año pasado, las cifras de accidentes tienden a la baja, lo cual se traduce en una tasa de 4 accidentes por cada 100 trabajadores protegidos en las mutualidades, lo cual corresponde al menor coeficiente en el período 2005-2014.

En comparación a países europeos y EE.UU., estas cifras son buenas, pero no terminan de dejarnos satisfechos, ya que este 4% sigue siendo preocupante, sobre todo considerando las circunstancias en que se producen estos accidentes. Aún tenemos bastantes debilidades en seguridad y prevención, especialmente en lo referido a accidentes de trayectos, ítem que presentó un crecimiento promedio anual de 2,9% en el período mencionado. Cabe recordar que la mayoría de las veces, estos accidentes no son preocupación del empleador porque se producen fuera de la empresa.

¿Qué problemas impiden mejores tasas de accidentabilidad en la industria y el transporte?
Los rubros manufactureros y de servicios son los que reciben mayoritariamente a los trabajadores que se incorporan por primera vez al mundo laboral, o que reciben una gran cantidad de empleados que se trasladan de un sector a otro, como por ejemplo de la minería a la agricultura. Entonces, cuando ese trabajador ingresa a una nueva labor, desconoce las condiciones de seguridad propias de la actividad. Es así como hemos detectado que existe un alto número de accidentes en menores de 17 años. A esto se suma el hecho de que, entre los diferentes sectores, hay una amplia diferencia en materia de inversión, como es el ejemplo concreto de la minería.

En prevención y seguridad, ¿qué falencias perciben entre las empresas?
El tema de la cultura de prevención y seguridad debe ser abordado de manera amplia. La empresa es la principal responsable de los trabajadores, pero estos mismos tienen una enorme responsabilidad de cuidarse y protegerse a sí mismos. Ahí está el rol que juegan los comités paritarios y que debe ser reforzado especialmente en las Pymes. De igual modo, la cultura de prevención implica un cambio de hábitos, por lo que resulta vital llevar estos temas a la educación básica en las escuelas. Concretamente, nuestra entidad ha asesorado a organizaciones sindicales para incorporar en las negociaciones colectivas una serie de condiciones de seguridad en el trabajo. El desafío es que esto no se transforme en una mera formalidad y definición de temas básicos en materia de seguridad. Hay que dar un paso hacia el tema de la cultura de la prevención, incluso abordando los aspectos psicosociales del trabajador, los que muchas veces le impiden concentrase como debe ser.

Las cifras de mortalidad siguen siendo una preocupación transversal…
En este punto, podemos decir que en 2014 hubo 392 accidentes laborales fatales, de los que 254 fueron accidentes de trabajo (65%) y 138 de trayecto (35%). No obstante, y más allá de la cifra concreta, al revisar el detalle de estas fatalidades se observa que mayoritariamente esto tiene que ver con la inobservancia de normas establecidas, duración de jornadas y tiempos de descanso.

Entonces, para disminuir estas cifras, se debe no solo fiscalizar más, sino que también alentar mayores niveles de preocupación de las propias empresas, pues muchas veces se prioriza la capacidad de producción y no las medidas de seguridad. Desafortunadamente, la Superintendencia no tiene posibilidad de intervenir directamente en la empresa, facultad que recae en la Inspección del Trabajo y en las seremis de Salud.

En este sentido, lo relevante aquí está en cambiar, por ejemplo, el enfoque legal y premiar la labor de prevención, más que castigar a una compañía por un determinado siniestro. Además, el trabajador muchas veces se siente inhibido de denunciar una situación anómala, porque tiene temor de ser desvinculado.

¿Cómo se encuentra el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y Salud Laboral? En agosto, la comisión asesora entregó el primer borrador y esperamos que el proyecto de ley esté listo a fines de año. La idea es no solo modificar la actual Ley 16.744, sino que proponer un cambio de fondo que involucre una mirada de la prevención en su conjunto, en la institucionalidad, en la ley y también en la filosofía, logrando un enfoque más prevencionista y no tan cargada a la penalización.

Esperamos que exista un cambio radical, porque hoy hay mucha dispersión a nivel institucional. Pretendemos, por ejemplo, que se focalice la fiscalización en una sola entidad y resolver claramente el rol de las áreas de salud y trabajo.

¿Cómo se deben preparar las empresas para esta nueva política?
Más que las propias empresas, resulta fundamental que el Estado asuma un rol activo y sea capaz de proveer las herramientas necesarias para todas las empresas, especialmente para las más pequeñas y vulnerables. Concretamente, a través de las mutuales y del sitio Web de nuestra institución, se ha impulsado un mecanismo de autoevaluación y capacitación para pequeños empresarios. Es importante generar instrumentos, normativas y protocolos de evaluación para que no exista tanta dispersión en este ámbito a nivel nacional y, de manera complementaria, ir avanzando en criterios comunes que faciliten los procesos.

El sistema de mutualidades destina un 14% de sus ingresos a prevención, lo cual hasta la fecha ha quedado a discrecionalidad de cada mutual; lo que buscamos es que hoy esté dirigido a temáticas específicas, avanzando primordialmente hacia la capacitación y formación de las Pymes.